Desde andhes repudiaron la violenta represión a la Comunidad Indígena Cueva del Inca en la provincia de Jujuy y manifiesta su solidaridad y acompañamiento a sus integrantes.

En el día de ayer, miércoles 21 de noviembre, miembros de la Comunidad Indígena Cueva del Inca fueron reprimidos de manera violenta por personal de la policía de la provincia de Jujuy con el fin de desalojar un corte de ruta. El accionar fue llevado sin mostrar ninguna orden judicial, llevándose detenidos a integrantes de la comunidad, quienes fueron liberados a última hora del día de ayer. Cabe mencionar que, entre las personas detenidas se encontraba una niña y un periodista de la radio La Voz del Cerro, quien se encontraba ejerciendo su trabajo.

La comunidad se encontraba manifestando en  contra de una medida cautelar de no innovar dispuesta por el Juez Juan Sebastián Cabana, que impide a la comunidad acceder a condiciones de vida digna.

El Estado argentino se encuentra obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas (Artículo 75 inciso 17 Y 22 de la Constitución Nacional), entre esas obligaciones se encuentra la de reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. En virtud de esto se encuentra vigente la Ley Nacional 26.160 que expresamente ordena suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país.

Desde la andhes afirmaron que “en la provincia de Jujuy las comunidades indígenas se encuentran históricamente en lucha por sus territorios. Este conflicto se ha agravado en los últimos años debido al avance de proyectos de megaminería que ponen en peligro su derecho a la vida, al avanzar en proyectos de explotación y extractivismo que ponen en riesgo su vínculo con la tierra, elemento fundamental para el ejercicio de su cultura”. “Cabe remarcar – continuaron – que tales proyectos tienen lugar sin que exista un mecanismo para el ejercicio de la consulta libre, previa e informada por parte de las comunidades indígenas. Asimismo, este no es un hecho aislado, sino que asienta en un marco de la permanente represión a la protesta social que se vive en la provincia, que fuera expuesto en el 161 º Período de Sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Desde el Área de Seguridad y Derechos Humanos de la ONG manifestaron su repudio al accionar de la policía de la provincia de Jujuy, que además negó públicamente el uso de la violencia y la represión. “Es obligación del Estado adoptar todas las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas”.

Así también, desde el Área de Derechos de los Pueblos Indígenas de la organización de DDHH, afirmaron que los pueblos indígenas deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, no debe emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mismos”.

Hasta el momento el gobierno de la provincia de Jujuy sólo se ha pronunciado negando los hechos, sin dar ningún tipo de solución o respuesta a la comunidad.

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