Violación a los Derechos Humanos

La situación de los niños y adolescentes alojados en el Instituto General Roca de Tucumán viola las normativas de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional y Provincial.
La muerte del adolescente de 17 años, Ariel Llanos el 16 de agosto de este año en el Instituto General Roca, pone en evidencia las violaciones que se cometen en los niños, niñas y adolescentes que están alojados en esa institución estatal.
Hasta el día de hoy continúa aplicándose la privación de libertad como medida generalizada en la mayoría de los casos de niños en conflicto con la ley penal, esto se contradice con el principio constitucional de privación de libertad como ultima medida extrema.  Y se agrava el hecho de que niños inimputables para la ley penal (menores de 16 años) padezcan la misma medida (privación de la libertad) que los imputables (adolescentes de 16 y 17 años).
El lugar y las bajas condiciones de alojamiento y tratamiento también son contrarios a lo que establece la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos específicas para niños y adolescentes en situación de conflicto con la ley penal.
Las condiciones son aún más graves ya que se les suministra  medicación que no estaría aprobada en su uso para niños y adolescentes, a por lo menos 3 adolescentes. Esta medicación sería utilizada con una finalidad real de carácter disciplinario que se pretende justificar en un tratamiento médico para adicciones, brindado en y por el mismo Instituto Roca y no hay historia clínica de los niños y adolescentes. Hay padres que están informando que sus hijos no los reconocen, no tienen control de esfínteres y que algunos tienen 20 Kg. más que cuando entraron al establecimiento.
En los medios de prensa se difundió que algunos de los medicamentos que les suministran son Clozapina y Citaloprán, el primero es un antisicótico que se emplea en tratamientos de esquizofrenia, cuando se lo suministra por más de dos semanas puede tener un efecto colateral que le llama granulositosos provocando una disminución de los glóbulos blancos. Y el segundo es un tranquilizante.  Ariel Llanos murió de una septicemia generalizada según informaron en el Hospital Padilla donde falleció.
Los acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia con los adolescentes alojados en el Roca evidencian un incumplimiento por parte de las autoridades provinciales, particularmente del Poder Ejecutivo, de todas las normas legales vigentes, nacionales e internacionales de protección de la niñez y adolescencia.
Recientemente el Poder Ejecutivo vetó una ley sancionada por la Legislatura Provincial, en donde se adecuaba la legislación interna al marco normativo nacional e internacional. Dicha ley fue sancionada por unanimidad el 28 de diciembre último por la Legislatura y el decreto de veto lleva el número 87/4.
La Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte establecen la obligación por parte del Estado de respetar y de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y el deber de adoptar todas las medidas necesarias (incluida la adecuación de su legislación interna) para hacer efectivo tales derechos.
El 30 de Marzo de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado Argentino que se encuentra en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad y centros penitenciarios o de detención, en razón de que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas.
Cuando los privados de libertad son adolescentes, el Estado tiene una mayor responsabilidad de garantizar su seguridad y vida, debido a su especial condición de vulnerabilidad y a las necesidades especiales de esta franja de la población. La privación de la libertad, entendida como toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita al menor de edad salir por su propia voluntad, debe utilizarse como último recurso, por el período de tiempo más breve posible y limitarse a casos excepcionales, dado las nocivas consecuencias que estas medidas tienen para el desarrollo y crecimiento de los adolescentes.
El Estado provincial utiliza estas medidas excepcionales como única respuesta frente a los niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley penal como así también para proteger a aquellos que se encuentran en situación de abandono o vulneración de sus derechos. Esta actitud es contradictoria con el nuevo paradigma de protección a la niñez que marca la CDN y la Ley nacional 26.061 y esta basada en normas provinciales obsoletas y antidemocráticas, violatorias de los Derechos Humanos.
En cuanto a los tratamientos médicos y el suministro de fármacos, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establecen que sólo se administrarán medicamentos  para un tratamiento necesario o por razones médicas y, cuando se pueda, después de obtener el consentimiento del menor debidamente informado. Especialmente no se deben administrar para obtener información o confesión, ni como sanción o medio de reprimir la conducta al menor. Los menores nunca servirán como objeto para experimentar el empleo de fármacos o tratamientos.
El tratamiento apropiado deberá estar determinado previamente y en forma individual para cada adolescente, a través de los servicios médicos adecuados, y tales circunstancias deben constar debidamente en los registros o legajos personales que debe llevar el establecimiento. Debe funcionar específicamente para la rehabilitación de estos y bajo la estricta supervisión de inspectores calificados que no pertenezcan a la administración del centro en donde se suministran los medicamentos.
Como organización de derechos humanos denunciamos esta situación y hacemos un llamado para que la sociedad se entere de estas graves violaciones a los derechos esenciales de los adolescentes de nuestra provincia y que el Estado se responsabilice y actúe de forma adecuada.
Resumen de Habeas Corpus presentado a la Justicia
Esta Acción de Habeas Corpus Correctivo Colectivo se presenta en amparo de todas las personas menores de edad privadas de su libertad por causas penales y alojadas en el INSTITUTO GENERAL JULIO ARGENTINO ROCA (Centro de Recepción y Clasificación de Menores), dependiente de la DIRECCIÓN DE FAMILIA, NIÑEZ ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES dependiente a su vez del MINISTERIO DE POL͍TICAS SOCIALES DE LA PROVINCIA, atento a que en la actualidad y por el accionar arbitrario e ilegítimo de las AUTORIDADES PROVINCIALES RESPECTIVAS, los niños ahí alojados estarían sufriendo agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención: en la especie, trato cruel e inhumano, ya que a la fecha:
1. Continúa aplicándose la privación de libertad como medida generalizada en la mayoría de los casos de niños en conflicto con la ley penal, en contradicción directa con el principio constitucional de privación de libertad como ultima medida extrema. En este punto se agrava el hecho de que podrían existir niños inimputables para la ley penal padeciendo la misma medida que los imputables.
2. Se encuentran privados de su libertad en un establecimiento y bajo condiciones de alojamiento, tratamiento y prácticas contrarias a lo establecido en la normativa constitucional y de Derechos Humanos específicas para niños y adolescentes en situación de conflicto con la ley penal.
3. En este marco y generando mayor agravamiento ilegítimo e ilegal de las condiciones de detención se les continúa suministrando medicación, posiblemente no aprobada en su uso para niños y adolescentes, a por lo menos 3 adolescentes (casos confirmados) y no consta que al resto de los niños internados se les haya quitado la totalidad de la medicación. Cabe mencionar que esta medicación fue utilizada con una finalidad real de carácter disciplinario que se pretende justificar en un increíble tratamiento médico para adicciones, brindado en y por el mismo Instituto Roca antes mencionado.
En virtud de ello se solicita que se repare la situación que están padeciendo los chicos alojados en el Instituto Roca y que se arbitren los medios para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro.
Sustento legal del Habeas Corpus Correctivo Colectivo
La presente acción de Habeas Corpus Correctivo Colectivo tiene sustento legal directo en el art. 32 inc. 4º del CPCT, en tanto establece que El hábeas corpus garantiza el derecho a la libertad ambulatoria y a la integridad física de la persona y procede contra acto, omisión o hecho arbitrario e ilegítimo que importe. Agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad física sin per_juicio de las facultades propias del Juez del proceso, si lo hubiere. Como así también en el artículo 43, 4º párrafo de la Constitución Nacional, en los arts. 7 incs. 5º y 6º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en los arts. 35 y 36 de la nueva Constitución Provincial.
I- La Privación de Libertad como medida de aplicación generalizada en los casos de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
El ordenamiento jurídico argentino consagra el principio de presunción de inocencia como una de sus garantías fundamentales (art. 18 CN y art. 8.1 de la CADH). Al amparo y vigencia de este principio se encuentra consagrado además, el derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad se entiende o debe entenderse como un derecho fundante de otros derechos humanos fundamentales que tienen todas las personas.
Es por ello que la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN) establece el piso mínimo de reconocimiento, respeto y garantía a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, bajo el cual deben inscribirse las prácticas y las políticas públicas de los Estados, en particular todo lo relacionado con los niños en conflicto con la ley penal.
Así, en términos de la CDN, los niños, niñas y adolescentes son titulares de los mismos derechos de los que gozan todas las personas, más un plus de derechos específicos, motivado en su condición de personas que están creciendo. Por lo tanto, el derecho procesal aplicable a los adolescentes infractores de la ley penal debiera contemplar “además de las garantías de las que gozan los adultos” ciertas particularidades, que lo configuren como un sistema especializado de juzgamiento que reconozca al niño como especial sujeto de derecho.
En este marco y con respecto a los menores en conflicto con la ley penal la CDN claramente expresa en su artículo 37:
Los Estados Partes velarán porque: Inc. a)Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad……. Inc. c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales.
Esta norma ”aparte de establecer en cabeza del Estado la obligación de custodia de los niños privados de su libertad” consagra el principio de que este tipo de privación debe ser aplicada como medida de último recurso y durante el período más breve posible, partiendo de que la privación de libertad conlleva una grave restricción de derechos que además, perjudica el normal desarrollo de una persona cuya formación aún no ha terminado y por este motivo la CDN impone reducir su imposición al máximo de lo posible.
Por otra parte, el artículo 40 incs. 1º y 3º de la CDN establece el procedimiento adecuado para el niño en conflicto con la ley, resaltando la necesidad de brindar un tratamiento respetuoso y digno a este niño, que fortalezca su sentido de responsabilidad y respeto por los demás. A saber:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. (Inciso 1º)
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. (Inciso 3º).
Cabe señalar que lo antes expresado debe ser siempre interpretado a la luz del interés superior del niño, principio jurídico específico consagrado en el artículo 3º de la CDN. En la misma línea, la Ley Nacional Nº 26.061 en su artículo 3º establece como tal a máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley.
En conclusión, si para el sistema penal de adultos el principio de la libertad personal impera de manera concluyente, y toda medida que lo afecte debe ser interpretada de manera restrictiva, DEBE SER OBSERVADO EN LOS CASOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, los cuales, tienen el derecho fundamental a ser tratados de manera especial promoviendo su más pleno y buen desarrollo, sin discriminación.
Agrava este cuadro el hecho de que niños inimputables para la ley penal padezcan la misma sanción/medida que los imputables al estar alojados todos juntos e indiscriminadamente en el Instituto Gral. J. A. Roca.
II- Condiciones agravadas de privación de libertad de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. El Instituto Roca de Tucumán.
La Constitución Nacional establece que “…las cárceles de la Nación, serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” y en igual sentido se erigen las normas de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que proscriben todo trato o pena cruel, inhumano o degradante (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5to.; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. XXV, in fine, y XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10, inc. 1ro.; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 5, inc. 2do.).
Bajo este marco, el sistema de protección integral de los Derechos del Niño surge de la CDN y de instrumentos específicos regionales y universales de protección de Derechos Humanos.
Es decir que, en materia de condiciones debidas de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes, los siguientes instrumentos internacionales sirven como guía jurídica (interpretativa y de aplicación) concreta y directa a la cuestión que aquí tratamos. A saber, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia (Reglas de Beijing) de 1985; las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad de 1990; y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) de 1990.
a) Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad:
Las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad se refieren a los casos en que los adolescentes hayan sido remitidos a un centro de internamiento o privación de la libertad.
El punto de partida que rige toda la temática lo establece la regla nº 2: Los menores privados de libertad requieren especial atención y protección y deberán garantizarse sus derechos y bienestar durante el periodo en el que estén privados de su libertad y con posterioridad a él.
Así también, la regla 28 de dicho ordenamiento plantean las bases legales previas a respetarse en materia de privación de libertad de un niño. Se determina que esta privación sólo será válida cuando se produzca en condiciones que garanticen y tengan en cuenta plenamente:
Sus necesidades, situaciones concretas y los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, sexo y tipo de delito imputado/cometido.
Su salud física y mental.
Su protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo. El criterio principal para separar a los diversos grupos de menores privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales.
Posteriormente, las reglas 31 inc. d, 32, 33 y 34 establecen lo que se entiende como medio físico adecuado y condiciones dignas de alojamiento de un niño o adolescente en conflicto.
Así, los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana. El diseño de los centros de detención para menores y el medio físico deberán responder a su finalidad, es decir, la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado, teniéndose debidamente en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades de esparcimiento.
Por otro lado, Los locales para dormir deberán consistir normalmente en dormitorios para pequeños grupos o en dormitorios individuales, teniendo presentes las normas del lugar. Por la noche, todas las zonas destinadas a dormitorios colectivos, deberán ser objeto de una vigilancia regular y discreta para asegurar la protección de todos los menores. Cada menor dispondrá, según los usos locales o nacionales, de ropa de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia, mantenerse en buen estado y mudarse con regularidad por razones de aseo. Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente.
Las reglas 81, 86 y 87 inc. a y d determina las condiciones mínimas del personal encargado de estos niños y adolescentes privados de su libertad. A saber:
El personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de especialistas, como educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos.
El director del centro deberá estar debidamente calificado para su función por su capacidad administrativa, una formación adecuada y su experiencia en la materia y deberá dedicar todo su tiempo a su función oficial.
En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de detención deberá respetar y proteger la dignidad y los derechos humanos fundamentales de todos los menores y, en especial:
a) Ningún funcionario del centro de detención o de la institución podrá infligir, instigar o tolerar acto alguno de tortura ni forma alguna de trato, castigo o medida correctiva o disciplinaria severo, cruel, inhumano o degradante bajo ningún pretexto o circunstancia de cualquier tipo;
d) Todo el personal deberá velar por la cabal protección de la salud física y mental de los menores, incluida la protección contra la explotación y el maltrato físico, sexual y emocional, y deberá adoptar con urgencia medidas para que reciban atención médica siempre que sea necesario.
b) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia (“Reglas de Beijing”):
Estas Reglas plasman, en su regla 19, el carácter excepcional del Confinamiento de Niños en Establecimientos Penitenciarios: El confinamiento de menores en establecimientos se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible.
Se restringe así el confinamiento en este tipo de establecimientos en dos aspectos: en cantidad (último recurso) y en tiempo (el más breve plazo posible). En definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos abiertos a los cerrados. Por otra parte, cualquier instalación debe ser de tipo correccional o educativo antes que carcelario.
La regla 26 señala cuáles deben ser los objetivos del tratamiento en este tipo de Establecimientos de Menores: La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad. Así también Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria -social, educacional, profesional, psicológica, médica y física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano.
c) Las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)
Estas Directrices hacen referencia a determinados principios, de cumplimiento obligatorio para los Estados, a la hora de diseñar sus políticas en materia de infancia y adolescencia. Cabe resaltar la Directriz 54 que establece claramente que “Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución.”
Asimismo, es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido — en el Caso “Instituto de Reeducación del Menor  vs. Paraguay”— que:
“En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad, como ocurre mayormente en el presente caso, tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana.  Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. Por otra, la protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación de detención o prisión”
e igual modo, las condiciones de detención, infrahumanas y degradantes a que se vieron expuestos todos los internos del Instituto, conlleva necesariamente una afectación en su salud mental, repercutiendo desfavorablemente en el desarrollo psíquico de su vida e integridad personal.
Este mismo Tribunal Internacional establece en su Opinión Consultiva Nº 17, del 22 de septiembre de 2002, que: de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección. Para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas.
Frente a todo lo reseñado es manifiesto que el Instituto “Gral. Julio Argentino Roca” no cumple con las exigencias legales, jurisprudenciales y constitucionales pertinentes para ser considerado un lugar apto e idóneo de alojamiento de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
II- Medicación compulsiva a niños institucionalizados como agravamiento específico de las condiciones de privación de su libertad.
Es a través de los medios de prensa y las investigaciones judiciales iniciadas, lo sucedido en el Instituto Roca con el suministro compulsivo y generalizado de medicación (aparentemente no aprobada en su uso para niños y adolescentes) a los chicos allí internados, por parte de las mismas autoridades de dicha dependencia.
Lo sucedido reviste una gravedad tal que, a la luz de nuestra Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, genera un agravamiento ilegítimo e ilegal de las condiciones de detención de esos niños. No es desacertado considerar que estamos en presencia de una implementación estatal de formas de trato cruel y degradante en materia de privación de libertad de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Cabe señalar que a la fecha, se continúa suministrando esta medicación a por lo menos 3 adolescentes. Esta medicación, que aparentemente no fue aprobada en su uso para niños y adolescentes, se viene brindando, de manera generalizada y compulsiva, aproximadamente desde marzo de 2005 (inicio del mandato de la Psiquiatra Susana Viale como Directora del Instituto Roca) con una finalidad real de carácter disciplinario que se pretende justificar en un increíble âtratamiento médico para adicciones, brindado en y por el mismo Instituto Roca antes mencionado.
El SI.PRO.SA recién el pasado 29 de mayo de 2006, vía resolución Nº 306 SPS, autorizó esta medicación. Los jueces de menores del Centro Judicial Capital públicamente señalaron que no habían autorizado ningún tratamiento de esas características y ordenaron su suspensión inmediata. Pese a ello, hoy el Estado continúa medicando a chicos del instituto Roca.
En el Anexo a las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, en el Capítulo IV, se aborda la cuestión específica de los Centros de Detención de las personas menores de edad.
Así la regla 27 expresamente establece, como principios generales, la idoneidad comprobada y la publicidad de los diseños de programas de tratamiento. A saber: Una vez admitido un menor, será entrevistado lo antes posible y se preparará un informe psicológico y social en el que consten los datos pertinentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y programa que requiera el menor. Este informe, junto con el preparado por el funcionario médico que haya reconocido al menor en el momento del ingreso, deberá presentarse al director a fin de decidir el lugar más adecuado para la instalación del menor en el centro y determinar el tipo y nivel necesarios de tratamiento y de programa que deberán aplicarse. Cuando se requiera tratamiento rehabilitador especial, y si el tiempo de permanencia en la institución lo permite, funcionarios calificados de la institución deberán preparar un plan de tratamiento individual por escrito en que se especifiquen los objetivos del tratamiento, el plazo y los medios, etapas y fases en que haya que procurar los objetivos.
La regla Nº 49 encontramos los parámetros legales mínimos en cuanto a tratamientos médicos (de cualquier tipo) para este colectivo de niños. Así, se determina que Todo menor deberá recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, así como los productos farmacéuticos y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico. Normalmente, toda esta atención médica debe prestarse cuando sea posible a los jóvenes reclusos por conducto de los servicios e instalaciones sanitarios apropiados de la comunidad en que esté situado el centro de detención, a fin de evitar que se estigmatice al menor y de promover su dignidad personal y su integración en la comunidad.
En las reglas Nº 54 y 55 se establecen el procedimiento adecuado en materia de adicciones de niños y adolescentes internados por causas penales. A saber: Los centros de detención de menores deberán organizar programas de prevención del uso indebido de drogas y de rehabilitación administrados por personal calificado. Estos programas deberán adaptarse a la edad, al sexo y otras circunstancias de los menores interesados, y deberán ofrecerse servicios de desintoxicación dotados de personal calificado a los menores toxicómanos o alcohólicos. Sólo se administrará medicamentos para un tratamiento necesario o por razones médicas y, cuando se pueda, después de obtener el consentimiento del menor debidamente informado. En particular, no se deben administrar para obtener información o confesión, ni como sanción o medio de reprimir al menor. Los menores nunca servirán como objeto para experimentar el empleo de fármacos o tratamientos. La administración de cualquier fármaco deberá ser siempre autorizada y efectuada por personal médico calificado.
Reforzando la obligación de preservar la integridad física y psíquica y la dignidad personal de los niños y adolescentes internados por causas penales, la regla 67 prohíbe, en materia de Procedimientos Disciplinarios todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor. Deberán prohibirse las sanciones colectivas.
Ahora bien, más allá de las diversas opiniones científicas que podrían encontrarse con respecto al uso de medicación para los casos de niños adictos a drogas, es importante resaltar que el Instituto General Julio Argentino Roca es un centro estatal de resocialización de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal y no un instituto especializado de tratamiento y rehabilitación en drogodependencia. Se cuestiona aquí que este organismo se arrogue  facultades (técnicas y legales) que NO TIENE como centro de rehabilitación de adicciones.
La finalidad de un Centro de Diagnóstico, Asistencia y Rehabilitación en Drogodependencia (sea estatal o privado) es implementar medidas psicoterapéuticas, ambulatorias o residenciales, destinadas a mejorar las condiciones psicofísicas y sociales de las personas usuarias de sustancias psicoactivas.
A nivel del Estado nacional, existe un organismo encargado de monitorear y controlar a estos centros: la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación).
CONCLUSIÓN
El Estado Argentino, con la ratificación y posterior constitucionalización de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), se comprometió a adecuar su legislación y sus prácticas internas a los postulados de la misma, obligación ésta que surge de un modo expreso del art. 4 de la CDN: Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención… los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan…
Tal adecuación comprende también otros instrumentos internacionales específicos referidos a la infancia, entre los que, vinculados con el tema que nos ocupa, se encuentran: Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores  (Reglas de Beijing); Reglas de la Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad;  Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).
Estas Reglas establecen normas y condiciones mínimas que deben cumplirse en caso de privación de libertad de un niño o adolescente, en resguardo de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y con el propósito de contrarrestar los efectos perjudiciales de la detención y propiciar la reintegración de esa persona en la comunidad. Dichas exigencias se refieren tanto al trato a propiciar a los detenidos, como a las características de las instituciones, el personal de las mismas, y el control de su funcionamiento.
De este modo se incorporaron como Ley Superior de la Nación un conjunto de normas, de carácter operativo que, por un lado determinan los casos y condiciones en los que el Estado puede intervenir coactivamente en la vida de las niños y sus familias, ordenando y llevando a cabo medidas respecto de los mismos; y por otro, las condiciones en que dichas medidas deben cumplirse.
Dicho régimen es el que determina la respuesta actual del Estado frente a la comisión de delitos por parte de menores de edad, y también frente a situaciones llamadas de riesgo, eufemismo utilizado para referirse a situaciones de grave amenaza y vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
PRUEBAS
Documental:
1- Copia certificada del estatuto social de ANDHES y del certificado de normal funcionamiento vigente en donde consta la designación de Presidente de quien suscribe.
2- Copia del Informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el apoyo y colaboración de UNICEF Argentina en el 2005.
3- Copia de la sentencia de la CSJN causa Verbitsky, Horacio (representante del Centro de Estudios legales y Sociales CELS) s/ Habeas Corpus, de fecha 3 de mayo de 2005.
4- Copias de los recortes periodísticos referidos a la grave problemática por la medicación compulsiva en el caso del Instituto Roca.
5- Copia de informe actualizado de la SEDRONAR en donde se especifican los Centros de Diagnóstico, Asistencia y Rehabilitación en Drogodependencia autorizados por este organismo para funcionar como tales en la República Argentina.
6- Copia de informe sobre los requisitos exigidos por SEDRONAR para habilitación de Centros de Diagnóstico, Asistencia y Rehabilitación en Drogodependencia.
7- Revista interna realizada por los chicos del Instituto Roca.
B).- Informativa:
Se libre oficio a los Sres. Jueces de Menores del centro judicial capital, a fin que informen:
I).- Números de causas que tramitan por ante su juzgado, tipificación penal de las mismas.
II).- Edad de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal sujetos a medidas tutelares de institucionalización, especificando en que Instituto se encuentran alojados y por cuanto tiempo.
III).- Si aplican medidas alternativas a la privación de libertad. En caso afirmativo indique las características de las mismas y en qué casos se aplican.
IV).- Si las condiciones actuales del Instituto Roca cumplen con los estándares mínimos establecidos por Naciones Unidas y Constitución Nacional en relación a los centros de detención que alojan menores de edad.
V).- Si autorizaron alguna medicación para ser suministrada a los niños y adolescentes alojados en el instituto mencionado. A).- En caso afirmativo especifique: 1.- Para cuantos menores de edad se autorizo dicho tratamiento. 2.- En cuantos menores de edad se llevo a cabo el mismo. 3.- Que medicación fue la autorizada y bajo que tratamiento medico especifico para cada caso. 4.- Como se realiza el control de tales tratamientos.  B).- En caso negativo informe: 1.- Si tiene conocimientos acerca de la utilización de medicamentos en los menores de edad alojados en el instituto mencionado precedentemente, en caso afirmativo informe: acerca de las medidas tomadas al respecto, quien autorizo los mismos y si tiene conocimiento de las posibles consecuencia en la salud de los menores de edad.
Se libre oficio a los Sres. Defensores de Menores del centro judicial capital, a fin que informen:
I).- Números de causas que tienen a su cargo, tipificación penal de las mismas.
II).- Edad de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal sujetos a medidas tutelares de institucionalización, especificando en que Instituto se encuentran alojados.
III).- Que medidas alternativas a la privación de libertad recomienda para que se apliquen a sus defendidos.
Â
IV).- Si las condiciones actuales del Instituto Roca cumplen con los estándares mínimos establecidos por Naciones Unidas y la Constitucional Nacional en relación a los centros de detención que alojan menores de edad.
V).- Si recomendó el suministro de alguna medicación a los niños y adolescentes alojados en el instituto mencionado. A).- En caso afirmativo especifique: 1.- Para cuantos menores de edad recomendó dicho tratamiento. 2.- En cuantos menores de edad se llevo a cabo el mismo. 3.- Que medicación fue recomendada. 4.- Como se realiza el control de tales tratamientos.  B).- En caso negativo informe: 1.- Si tiene conocimientos acerca de la utilización de medicamentos en los menores de edad alojados en el instituto mencionado precedentemente, en caso afirmativo informe: acerca de las medidas tomadas al respecto, quien autorizo los mismos y si tiene conocimiento sobre las  posibles consecuencia en la salud de los menores de edad.
Se libre oficio al Poder Ejecutivo Provincial a fin que informe:
I).- Que política pública existe actualmente en materia de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.
II).- Cuales son las medidas adoptadas para la implementación de dichas políticas, formas de evaluación y resultados obtenidos.
III).- Cuales son las condiciones actuales del Instituto Roca en relación a la infraestructura, léase ventilación, iluminación natural, camas, ropa de cama, espacios de educación, de recreación y laborales; condiciones sanitarias y de atención a la salud; tipo de alimentación; y todo lo que S.S. considere pertinente y si las mismas cumplen con los estándares mínimos establecidos por Naciones Unidas y la Constitución Nacional en relación a los centros de detención que alojan menores de edad.
IV).- Si existen políticas públicas diseñadas a fin de mejorar las condiciones edilicias y de detención de los menores de edad alojados, presupuesto destinado y tiempo de duración de la ejecución de las mismas.
V).- Si la reglamentación interna vigente aplicable en el instituto Roca se aproxima a los estándares mínimos establecido por Naciones Unidas y la Constitución Nacional en relación a tal reglamentación.
VI).- Si desde el organismo o dependencia correspondiente se aprobó el suministro de la medicación en cuestión para menores de edad alojados en el instituto Roca, en caso afirmativo: 1.- Desde que fecha se produjo tal autorización. 2.- Para que internos y en que cantidades se autorizo tal suministro. 3.- Si tiene conocimiento que dicha medicación era suministrada con anterioridad a la autorización correspondiente. 4.- Metodología de seguimiento del suministro. 5.- Mecanismo para la adquisición de tal medicación y laboratorio fabricante de las drogas en cuestión.
VII).- Numero actual de alojados en el instituto Roca, edades, tipo de delito, tratamientos de resocialización que se implementan.
VIII).- Referencias individuales (currículums vitaes actualizados) del personal encargado de la custodia y de los profesionales de la salud que desarrollan tareas el instituto.
IX).- Si en la actualidad se continúa suministrando medicación a los menores de edad internos en el instituto. En caso afirmativo: 1.- Indique qué drogas le son suministradas. 2.- Bajo qué tipo de tratamiento. 3.- Desde que tiempo ocurre tal ingesta. 4.- Si los internos y sus familias prestaron o no libre consentimiento para ello.
Se libre oficio a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Provincial a fin que informe:
I).-  Que investigaciones se están llevando a cabo desde la comisión en relación a esta temática y los resultados de las mismas.
Se libre oficio a la Fiscalía de Instrucción Penal de la Vº Nom a fin que  informe:
I).-ÂEstado procesal actual de la causa: “Presuntas irregularidades cometidas en el Instituto de Menores e indique en particular: si se dispusieron, y realizaron en su caso, pericias médicas/psiquiátricas, en torno a la medicación masiva suministrada a los chicos del Instituto Roca, en caso afirmativo: 1.- Indique sus resultados.
II).- Qué tipo de drogas se suministraban, bajo qué diagnóstico, qué laboratorio y si tiene conocimiento de la aprobación científica para el uso de las mismas en niños y adolescentes así como de sus efectos colaterales.
III).- Si mediaba o no autorización estatal para el suministro de esta medicación.
Se libre oficio a la Fiscalía de Instrucción Penal de la Iº Nom a fin que  informe:
I).- El Estado procesal actual de la causa en que se investiga la muerte del adolescente Ariel Ramon Llanos alojado en el Instituto Roca.
II).- Si se pudo o no constatar la conexión entre su deceso y la medicación suministrada.
Se libre oficio al Director del Equipo de Salud y Tratamiento de Drogodependencia del Hospital Avellaneda de nuestra ciudad a fin que informe:
I).- Sobre los tipos de tratamientos recomendados para adicciones en casos de niños, niñas y adolescentes, especificando sus particularidades y resultados.
Inspección Ocular:
 A realizarse de manera sorpresiva y con habilitación de DIAS Y HORAS, en el Instituto General Julio Argentino Roca€ (Centro de Recepción y Clasificación de Menores), sito en Av. Francisco de Aguirre Nº 330 de esta ciudad, a fin de constatar las condiciones existentes de alojamiento y de tratamiento de resocialización  de niños y adolescentes.
PETITORIO
Lo que se le solicita al juez es lo siguiente:
1- Se requiera el informe al Estado Provincial en los términos solicitados.
2- Oportunamente, haga lugar a la acción interpuesta, declare la ilegitimidad de las situaciones denunciadas y ordene su cese y reparación.
3- Ordene la constitución de una Comisión Ad-hoc e interdisciplinaria a fin de que realice el correspondiente seguimiento y monitoreo de las medidas ordenadas por S.S., especialmente en torno a la necesaria desintoxicación de los niños medicados por el Estado en el Instituto Roca.
4- Hago reserva del caso federal por encontrarse involucradas en el presente caso derechos y garantías constitucionales como también la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
LISTA DE ORGANIZACIONES QUE APOYAN
Manos Abiertas – Tucumán
Asociación de Prensa de Tucumán
APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) – Tucumán
Foro Argentino de Radios Comunitarias
Red Federal para la Democracia
ADI (Asociación para los Derechos de la Infancia)  Bs. As.
Fundación Poder Ciudadano Bs. As.
Participación Ciudadana Ushuaia
Asociación Civil Surcos Patagónicos, Dina Huapi
Fundación Surgente  Bariloche
Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social – Río Negro
Convocatoria Neuquina Neuquen
El Culebrón Timbal Buenos Aires
Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental Entre Ríos
FAVIM  Mendoza
Grupo Agora – Mendoza
OIKOS Red Ambiental Mendoza
FORINS (Fortalecimiento Institucional) – Jujuy
Ejercicio Ciudadano  Rosario
Grupo H.O.N.G.O.S. El Calafate
Pastoral Social del Obispado Neuquen
Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza Buenos Aires
PRADE (Práctica Alternativa del Derecho)  Santiago del Estero
Asociación Civil El Ceibal  Santiago del Estero
Asociación Civil Chicos  Santa Fe
Comisión Ciudadana de Monitoreo Cívico  Santiago del Estero
Fundación AVINA  Buenos Aires, Córdoba y Bariloche.
Red Ciudadana Principio del Principio  Córdoba
GEOS Córdoba
FNGA (Fundación Nueva Generación Argentina) – Rosario
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Coordinadora de Trabajo Carcelario
FORUM – San Juan

Ingrese su búsqueda y presione enter.
Share
EnglishFrançaisDeutschEspañol