Valiosas precisiones de la Corte Interamericana sobre la consulta a Pueblos Indígenas

Argentina, como los demás países firmantes de las Convención Americana, debe establecer procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que pudiera afectar el territorio de pueblos y comunidades indígenas u otros derechos esenciales para su supervivencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la esperada sentencia en el caso del pueblo Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador, determinando la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por haber permitido que una empresa petrolera realizara actividades de exploración petrolera en su territorio, desde finales de la década de los años 90, sin haber realizado una consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales, en clara violación de los derechos del Pueblo Sarayaku a la propiedad comunal indígena e identidad cultural.
La Sentencia, dictada luego de que una delegación del Tribunal efectuara por primera vez en la historia de su práctica judicial, en abril de 2012, una visita al lugar de los hechos, también determina la responsabilidad del Estado por no haber otorgado tutela judicial efectiva  a la comunidad, y haber puesto en riesgo la vida e integridad personal de sus miembros, ante la presencia de explosivos de alto poder en el territorio.
Se trata de una sentencia histórica, en tanto sienta un precedente ineludible en la materia para todos los Estados signatarios de la Convención Americana. No sólo tiene importancia para Sarayaku en Ecuador, sino para todos los Pueblos Indígenas que sufren el mismo tiempo de avasallamiento a sus derechos cotidianamente, señalaron desde andhes, retomando las palabras de James Anaya (Relator Especial para Pueblo Indígenas de la ONU) quien destacó “Detrás de esta historia, en todo el hemisferio y otras partes del mundo, se encuentra el afán de lucro de las empresas en los territorios indígenas junto con la falta de otorgarle valor a los patrones culturales de los pueblos indígenas” (Audiencia CIDH, Julio 2011).
El derecho al Consentimiento Libre Previo e Informado es, a la vez que derecho, una garantía para el goce de otros derechos colectivos de los Pueblos, íntimamente ligado al respeto del derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente ocupan, sus derechos culturales, así como el derecho de sentar sus propias prioridades para el desarrollo. Por ello, “desarrollar y poner en práctica efectivos mecanismos de consulta con los pueblos indígenas, además de ajustarse a derecho, resulta una herramienta central para sentar las bases de un nuevo modelo de relación entre los Estados y los Pueblos indígenas, así como para un nuevo modelo de desarrollo”, señaló Josefina Doz Costa, Directora Ejecutiva de andhes. “Aún cuando los derechos comprendidos en instrumentos internacionales, con rango constitucional en nuestro país, son operativos y exigibles, la Argentina no debería demorar la discusión y sanción de una Ley de Consulta” continuó.
La obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos Indígenas y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos, implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, en particular sus normas e instituciones, de tal forma que la consulta pueda llevarse a cabo efectivamente de conformidad con los estándares internacionales en la materia, reza la sentencia.
Para ser considerada tal, la consulta tiene que hacerse de buena fe y de forma adecuada, accesible e informada. Para ello, los Estados deben incorporar esos estándares dentro de los procesos de consulta previa, desde las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a modo de generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas.
 
El caso En el año 1996, el Estado Ecuatoriano dio en concesión alrededor de gran parte del territorio de Sarayaku a la empresa petrolera argentina CGC. No se realizaron los estudios sociales y ambientales correspondientes, violando los derechos a la consulta, propiedad e identidad cultural estipulados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la empresa junto a agentes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas ingresaron sin consentimiento al territorio para hacer trabajos de exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad, poniendo no sólo en riesgo la vida de los miembros del pueblo sino también sus condiciones de acceso a una vida digna.
Toda una serie de actos y omisiones, por parte del Estado, fueron analizados por la Corte, a partir de las cuales concluyó que el mismo “no realizó alguna forma de consulta con Sarayaku, en ninguna de las fases de ejecución de los actos de exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y órganos de representación”. Se concluyó también que ciertos actos de la empresa, que autoridades estatales pretendieron avalar en algunos momentos como formas de consulta, no fueron formas de consulta.

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