Tucumán en deuda: la única provincia que no adhirió a la Ley Micaela

En la Argentina existen leyes emblemáticas de vanguardia en materia de derechos humanos, pero el nivel de cumplimiento es bajo, dispar y selectivo. Las leyes nacionales marcan un piso mínimo de reconocimiento de derechos. La adhesión o reglamentación que hacen las provincias cumple la función de estandarizar las buenas prácticas y facilitar la efectivización del derecho en sus territorios. Sin embargo, cuando se trata la incorporación de esas normativas a la legislación provincial, Tucumán tiene la costumbre de llegar tarde a las adhesiones de Leyes Nacionales que buscan proteger a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+. La deuda de los Estados provinciales en cuanto a garantía de derechos se manifiesta en las estadísticas de violencia de género. En nuestra provincia, hubo al menos ocho femicidios en lo que va del año 2020, cinco de de los cuales ocurrieron durante el aislamiento social preventivo obligatorio.

La Ley Micaela o Ley 27.499 es, en nuestro país, la que establece la capacitación obligatoria para el abordaje de las problemáticas de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías desde diciembre de 2018, cuando fue sancionada. Es decir, esta ley es una herramienta destinada directamente a la prevención de los femicidios y de otras formas de la violencia de género al mejorar los servicios públicos estatales. La Ley Micaela fue sancionada para fortalecer la capacidad del Estado como también, viene a efectivizar el cumplimientos de otras normas nacionales, como la Ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la Ley  26.791, que incorpora la figura del Femicidio al Código Penal. Lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal femicidio sucedido en abril de 2016, en reconocimiento a su lucha militante en la problemática de género. Esta ley será debatida esta semana en la Legislatura de Tucumán.

En este contexto, el pasado 5 de Mayo, la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci presentó en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley provincial que se opone a su adhesión. Su proyecto pretende mostrarla como una manifestación de una supuesta “ideología de género”. Desde su punto de vista, la Ley Micaela adoctrina en lugar de proteger, y ataca un modelo tradicional y ortodoxo de familia, en lugar de brindar herramientas para que diseñadores y decisores de políticas públicas puedan gobernar para todes, incluyendo a quienes se encuentran especialmente desprotegides y por fuera de estas formaciones tradicionales. 

En consonancia, Horacio Vermal, legislador de FR, expresó durante el debate legislativo en enero de 2020 que cada uno es lo que es y no lo que se autopercibe” respecto a la Ley de Educación Sexual Integral. Su dicho no solo ignora el art. 2 de la ley 26.743 de Identidad de Género, sino que además muestra que en nuestra provincia quienes se oponen a la capacitación con perspectiva de género son quienes más la necesitan. Otro ejemplo es el del legislador Ricardo Bussi quien durante los debates legislativos de diciembre del año pasado, interpretó como discriminatorio el proyecto de cupo laboral trans porque las personas heterosexuales ven disminuidas sus posibilidades laborales por no incurrir en el travestismo o fetiches eróticos análogos. Si el legislador estuviera familiarizado con la problemática, sabría que  cerca  el 80% de mujeres trans/ travestis es expulsada del sistema educativo antes de terminar la secundaria, el 90% de ellas se encuentra por fuera del mercado laboral formal y 8 de cada 10 ejercen el trabajo sexual en situaciones de extrema marginalización y peligro, como única fuente de ingreso económico.

Los fantasmas convocados por estos sectores para provocar miedo y desconocimiento son derribados cuando circunscribimos la oportunidad que abre esta normativa como herramienta de análisis y abordaje para una de las problemáticas más acuciantes de nuestro presente, como lo es la violencia hacia las mujeres y hacia las personas LGBTIQ+. La Ley Micaela no pretende imponer a nadie cómo pensar, en todo caso es una herramienta para que profesionales del sector público cuenten con conocimientos adecuados y puedan ponerlos en práctica de manera crítica en la tarea que corresponde a su sector.

Al adherir a la normativa, la provincia honra sus principios constitucionales, puesto que se trata de una acción que promueve medidas de acción positiva y la remoción de los obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, tal como prevé su artículo 24. Lejos de ir en detrimento de la autonomía provincial, adherir a la Ley Micaela es asumir un rol protagónico en el esquema federal previsto por nuestra jerarquía normativa. 

Hasta ahora, Tucumán no ha mostrado voluntad política para adherir a leyes nacionales como la ley de Salud Sexual y Reproductiva, la de Educación Sexual integral, o la Ley Micaela. Sin embargo, en la sentencia por la violación de Lucía (2019), el Poder Judicial local exhortó al Ejecutivo a que propenda la formación y capacitación  en violencia de género para las personas que ocupan un rol en el Estado. Además, identificó como fundamentales la implementación de las mencionadas leyes. Por su parte, la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura, en un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, inició la capacitación obligatoria dispuesta por la “Ley Micaela” para empleados judiciales y profesionales del derecho. 

Discursivamente las voces del conservadurismo tucumano evidencian lineamientos que propagan odio, intolerancia y rechazo contra todo aquello que escapa al status quo, en este caso, contra una ley que protege a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+, acompañando su fortalecimiento y autonomía. Desde Andhes consideramos que la Ley Micaela nos permitirá convertirnos en un Estado provincial más respetuoso por los DDHH, siguiendo los estándares internacionales. Por eso insistimos en que desarticular las prácticas que niegan la discriminación en base al género mediante la capacitación de agentes estatales que operan como agentes de cambio en el día a día de estas problemáticas, desemboca en pensarnos como sociedad desde un nuevo paradigma que busca romper los pilares hegemónicos de “normalización” que generan exclusión y desigualdad para transitar hacia una vida social común, no violenta, comprometida con la igualdad y la libertad.

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