El Gobierno decretó la derogación de la última prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), que vencía en noviembre de 2025 y mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Analizamos en esta nota los puntos jurídicamente débiles del decreto que deroga la emergencia territorial.
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