Sobre la situación de la ciudad Sagrada de Quilmes

Andhes se solidariza con la Comunidad India Quilmes (CIQ) y adhiere a su comunicado en donde contesta y rechaza las declaraciones emitidas por el Diputado Nacional Ignacio García Hamilton en el diario La Gaceta el último jueves 28.


“Consideramos que sus dichos son maliciosos y ocultan el verdadero carácter de los hechos”, expresó Daniel Carlorosi, encargado del área Pueblos Originarios de andhes (Abogadas y abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales”.
En primer lugar, García Hamilton planteó que “La concesión entró en crisis a fines de 2007, cuando el Gobierno de Tucumán (que adujo incumplimiento de Cruz a las obligaciones de la concesión) dispuso su desalojo por la fuerza”.  Además, enumeró que “antes del desalojo, un grupo que se autodenominó como comunidad india de Quilmes cortó el único acceso vial del complejo”. Finalmente, declaró que  la situación “afecta el patrimonio arqueológico de la Nación y conspira contra el turismo nacional e internacional, obligado a aceptar la ilegal ocupación y el pago de entradas a favor de los ocupantes para acceder a las ruinas”.
Todas estas declaraciones son “falaces y esconden una impronta de discriminación hacia la comunidad india de Quilmes”, indicó Carlorosi.
En este sentido, recordó que en 1992 la explotación del sitio sagrado Ciudad de Quilmes fue otorgada al Sr. Héctor Eduardo Cruz. Dicha concesión le fue dada por el término de 10 años. Entre las obligaciones que establecía el pliego se encontraba la de construir un hotel en la zona de la Ciudad Sagrada y el pago de un canon mensual al Estado provincial por la suma de sólo $ 110 mensuales.
Así también, por decreto N° 884/3 de mayo de 1995 se dispuso la ampliación de la construcción del hotel allí construido, denominado “Parador Ruinas de Quilmes”. Por el referido acto administrativo, se resolvió que las obras realizadas por el proyecto de ampliación quedarían a beneficio de la Provincia de Tucumán, sin costo alguno una vez vencido el plazo de la concesión.
En mayo del 2002, la Secretaría de Turismo de la Provincia rechazo del pedido de ampliación del plazo de la concesión solicitado por Cruz en virtud a que dicha concesión se encontraba vencida y que el concesionario Cruz no había efectuado los pagos correspondientes para saldar la deuda por cánones adeudados al Estado.
En noviembre, la Excma. Cámara Contencioso Administrativa dispuso expresamente “prevenir al Poder Ejecutivo que debe dar participación a la Comunidad India de Quilmes en aquellos trámites administrativos relativos a las Ruinas de Quilmes que puedan incidir en la esfera de sus intereses”.
En diciembre de ese año se confirmó la rescisión del contrato de concesión y se autorizó a la Secretaría de Turismo a fijar día y hora para la recuperación del Complejo Ruinas de Quilmes.     
La Secretaría de Turismo dictó una resolución para hacer efectiva la restitución del Complejo Turístico. El acto fue realizado con la ayuda de la Policía de Tucumán y la intervención del Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar. Sin embargo y a pesar de dos intentos de recuperación por parte del Estado, el desalojo administrativo ordenado se concretó finalmente en el mes de noviembre de 2007, es decir cinco años después de haber sido resulta la concesión otorgada por el Estado Provincial  al Sr. Cruz.
La demora en la recuperación del predio arqueológico obedeció, por un lado, al comportamiento ilícito del Sr. Cruz que continúo la explotación del sitio por más de cinco años sin tener la debida autorización para hacerlo, y por otro, a la ineficacia del Estado Provincial, que en anteriores gestiones no pudo recuperar el sitio a pesar de existir una norma especifica que así lo habilitaba.

 

 

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