Se modificó la ley que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura

Viernes, 12 de Junio de 2020

La Legislatura de Tucumán reformó la ley 8523 que crea una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, reduciendo la cantidad de miembros de la sociedad civil que la conformarán y sumó al Ministerio Publico de la Defensa.

A pesar que la provincia ya contaba con una ley que creaba una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y que había comenzado el procedimiento de selección de las 5 personas representativas de la sociedad civil, en el día de la fecha la Legislatura aceptó las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo y redujo la cantidad de personas de la sociedad civil que podrán integrarla y sumó al Ministro de la Defensa como integrante de la misma.

Desde Andhes remarcaron como un paso negativo la reducción del número de personas representativas de la sociedad civil que ahora pasarán de 5 a 3 personas y señalaron que es imperioso que se activen los mecanismos pertinentes para la selección de las personas que la conformarán.

Asimismo, desde la organización señalaron que la crisis en materia penitenciaria, y de todos los lugares donde se alojan personas privadas de libertad, requiere que éste organismo especializado comience a funcionar en forma inmediata para poder aportar soluciones a la problemática.

En este sentido exhortaron al Poder Ejecutivo a promulgar la ley y crear las condiciones presupuestarias necesarias para no seguir dilatando su conformación y funcionamiento.  

La ley 8523 crea la Comisión Provincial tendrá entre sus funciones hacer informes, efectuar recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad, visitar periódicamente los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad,  celebrar convenios y articular acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de libertad y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de libertad.

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