Revisarían la inconstitucionalidad de la ley contravencional de Tucumán

ANDHES presentó ante el máximo tribunal provincial, un Recurso Extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida sobre la inconstitucionalidad de la ley de contravenciones policiales (LCP).
La vigencia de la Ley Contravencional Nº 5140 implica la violación de una serie de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Provincial y Nacional, y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Por ello, ANDHES realizó distintas objeciones a esta ley y, durante los años 2004 y 2005, planteó en la justicia seis casos testigos. Uno de ellos es el caso GERARDO S/ INFRACCIÓNN ART. 15 Inc. 4 (LCP) con el que se intentó demostrar la inconstitucionalidad de la norma.
En Mayo de 2005, el Juzgado de Instrucción Penal de la Iº Nominación, a cargo del Dr. Alfonso Zottoli, dictó sentencia en el mencionado caso Núñez haciendo lugar al planteo de Inconstitucionalidad de la Ley de Contravenciones Policiales en el caso concreto, declarando la nulidad del procedimiento contravencional policial sufrido por el joven Núñez. Sin embargo, el pasado 27 de agosto de 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán hizo lugar a un recurso de casación planteado por el Estado provincial en contra de esta sentencia y ordenó que el juez de turno de primera instancia dicte una nueva.
A raíz de la resolución de la Corte Suprema de Tucumán, ANDHES presentó un Recurso Extraordinario Federal para que ésta eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el controvertido caso, a fin de que la CSJN decida finalmente sobre la inconstitucionalidad o no, de la ley 5140. El Recurso Extraordinario Federal (REF) da la posibilidad de que por última vez  una sentencia sea revisada en el orden interno.
La Corte Suprema de la Provincia decidirá sobre la procedencia o no de este Recurso y,  en caso de que lo deniegue, se podría presentar un Recurso de Queja directo ante la CSJN. Este último tiene como objetivo que sea la Corte de Nación quien decida sobre la procedencia o no del REF.

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