Reclamaron ante la CIDH garantizar el acceso a la salud integral y a una vida libre de violencias para las niñas y adolescentes de Argentina

Organizaciones de derechos humanos, de la mujer, de la niñez y la infancia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos sufridos por Lucía, niña de 11 años de Tucumán embarazada producto de una violación, para acceder a la ILE. Además, reclamaron que la Argentina reconozca el embarazo infantil forzado como tortura y mayores compromisos del Estado a la hora de prevenir, sancionar y erradicar estas violencias que afectan gravemente los derechos de las niñas.

Andhes, Cladem y organizaciones de derecho de la niñez y la infancia denunciaron en la Audiencia Temática en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina.

En su relato, plantearon las torturas y obstáculos que sufrió Lucía para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo. “Lucía tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación y fue sometida al disciplinamiento estatal que quiso obligarla a continuar con un embarazo que ella misma pidió que se interrumpa. A Lucía la torturaron efectores de salud, funcionarios, el capellán del hospital del Este y la justicia provincial”, expresaron.

Para las organizaciones, el caso Lucía no es aislado: en 2017, hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años, y 91.586 de adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 años.

“Contamos el caso de Lucía por la gravedad que tuvo pero también como símbolo que certifica que la violencia institucional hacia las niñas está perpetrada, de manera sistemática y planificada, desde las estructuras y prácticas del Estado”, indicaron Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes, Celia Debono, coordinadora de Cladem Argentina,  Nora Pulido, referente del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina y Barbara Jimenez de Equality Now. Las cuatro fueron las encargadas de realizar la presentación de 15 minutos ante la CIDH y responder los planteos del Estado argentino.

En sus disertaciones, denunciaron que en Tucumán y en Argentina no existe una educación sexual integral respetuosa de los derechos de las niñas, niños  y adolescentes con perspectiva de género.

También reclamaron que es necesario que en los protocolos de Abuso Sexual Infantil se indique que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un derecho, y que no todas las provincias adhieren a los protocolos nacionales. “Además, el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo debe fortalecer la perspectiva de niñez”, agregaron.

Plantearon que el derecho a ser oída se vulnera, se manipula y se corrompe. A la violencia sexual, consideraron, se le agrega una violencia institucional que desconoce los principios de la convención de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Las niñas que quieren realizarse una ILE deben enfrentarse y padecer una (in)Justicia que obstaculiza la práctica, las víctimas de violación deben sentir la presión y el hostigamiento de grupos eclesiásticos que se oponen a las Interrupciones Legales de Embarazos”, reflexionaron y exigieron que se reconozca al embarazo infantil forzado como tortura. 

Por eso recordaron que Lucía fue sometida durante un mes a llevar adelante un embarazo, producto de una violación intrafamiliar Requirieron mayores compromisos del Estado a la hora de prevenir, sancionar y erradicar esta práctica nociva que afecta gravemente los derechos de las niñas.

Concluyeron solicitando “una visita de la CIDH a la Argentina, en particular a las provincias del norte  y a todas aquellas que no adhieran a los protocolos ILE, Ley de Salud Sexual y procreación responsable y Ley de educación sexual Integral, para continuar con el seguimiento de los casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. También solicitaron que exhorte al Estado para que reconozca en la legislación penal al embarazo forzado en niñas menores de 14 como tortura y que le recomiende incluir en los protocolos de salud una  perspectiva de niñez y a enfatizar la ILE en los protocolos como un derecho”.

Respuesta

A su turno, el Estado argentino reconoció que “se pudieron evidenciar vulnerabilidades a los derechos de Lucía”, informaron que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) ofreció presentar un amicus curiae para acompañar a los médicos intervinieron en el caso y que fueron imputados por homicidio. También admitieron que no todas las provincias de la Argentina adhirieron al protocolo de ILE pero que trabajan para que se garantice en todo el país el cumplimiento de ese derecho.

Luego intervinieron los representantes de la CIDH. El comisionado Luis Vargas Silva consideró como ‘dramático’ el caso Lucía, plantearon que a los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones de las Iglesias y que la situación de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual debe resolverse desde un enfoque de derecho ya que es un problema de salud pública. También manifestó que es un derecho fundamental a practicarse la ILE o IVE en cualquier caso determinado y que el Misoprostol debe ser parte del a canasta familiar

 La comisionada Margarette May Macaulay planteó que “las niñas son niñas y se les debería permitir ser niñas durante su infancia y no forzarlas a asumir cargas y responsabilidades de adultos. Cuando se las abusa y quedan  embarazadas, es muy sencillo: deben regresar a la niñez como consagra la ley”.

A su turno, la comisionada Flavia Piovesan planteó el desafío federal. “Desde la perspectiva internacional la responsabilidad estatal es indivisible”, consideró y preguntó cuáles son las medidas del Estado para la aplicación del protoloco ILE en todas las provincias . 

Finalmente, la presidenta de la Comisión Esmeralda Arosemena indicó que el Estado debe reconocer a las niñas y niños como sujetas/os titulares de derecho con autonomía progresiva y que no se debe invisibilizar a las niñas dentro del concepto de mujeres.Y concluyó que el sistema de protección integral para garantizar los derechos de NNyA requiere de una articulación interinstitucional, que se cumpla en todo el territorio del país para que se cumplan esos derechos sin discriminación.


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