“Reclaman cambios en la política social para niños y adolescentes”

“La sanción de la ley provincial de protección integral a los menores fue considerada un avance crucial en ese campo desde Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). La norma fue avalada en la sesión legislativa del viernes, luego de años de debates e incluso después de que otro proyecto aprobado fuera vetado por el Poder Ejecutivo en 2005”. NOTA PUBLICADA EN LA GACETA DEL DOMINGO 23 DE MAYO.


«Tucumán se pone a tono con las demás provincias en esta materia, y proporciona herramientas jurídicas y sociales tendientes a efectivizar el interés superior del niño ante todo conflicto. No basta la proclamación de derechos si no existen herramientas que hagan posible su concreción», advirtió el director de esa institución, Darío Abdala.

El referente recordó que el régimen institucional anterior estaba inspirado en la doctrina de la situación irregular que rigió por casi 100 años. Como consecuencia de este criterio, los niños y adolescentes no eran sujetos de derecho ni ciudadanos plenos, lo que habilitó instituciones como el Patronato de Menores y prácticas administrativas y judiciales que ignoraron sus potestades individuales.

Para poder lograr que la ley sea efectiva, Abdala advirtió la necesidad de un cambio cultural institucional y social, que puede ser facilitado por la misma norma.

«Debe haber un conjunto de políticas públicas para la protección y el auxilio de los menores en cualquier circunstancia. El Estado tiene que garantizar su amparo con absoluta prioridad jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas; y debe dársele preferencia en la atención, formulación y ejecución de sus acciones, con asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos, y con preferencia de atención en los servicios esenciales», propuso.

En ese contexto, reclamó la erradicación de prácticas y acciones violatorias de los derechos de los niños y adolescentes, que se ejecutan desde el propio Estado.

Fortalecer la familia

El dirigente social reclamó que las políticas públicas promuevan el fortalecimiento del rol de la familia en hacer efectivos los derechos de los menores, junto con la descentralización de los organismos de aplicación y de los planes específicos de las distintas políticas de protección. Todo ello permitirá mayor autonomía, agilidad y eficacia en una gestión asociada de los organismos de Gobierno con instituciones de la sociedad civil. Asimismo, consideró imprescindible impulsar la capacitación de los agentes sociales y la fiscalización permanente de los programas.

«En una ley provincial se pueden plasmar particularidades propias de nuestra sociedad y de la realidad que les toca vivir a los niños y a los adolescentes tucumanos. No nos referimos, lógicamente, a una norma que replique innecesariamente los contenidos de la nacional sino a otra elaborada teniendo en cuenta la realidad del medio», aseveró Abdala.

En ese sentido, consideró necesaria la adecuación de los organismos, de los procedimientos y de las estructuras existentes a nivel local: «sólo así se podrá dar cabal cumplimiento a la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061».

La norma fue sancionada por unanimidad, aunque con la disidencia parcial del laborista Osvaldo Cirnigliaro.

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