Prima la oscuridad en los sistemas de selección de jueces provinciales

De acuerdo con un informe realizado por un grupo de asociaciones argentinas, los mecanismos de selección de jueces de los Superiores Tribunales de Justicia y de los jueces inferiores tienden a ser pocos transparentes en la mayoría de los distritos del país.
Las organizaciones que realizaron la investigación lo hicieron en el marco del proyecto Transparencia y Democracia de los Poderes Judiciales de la Argentina. Ellas son: Participación Ciudadana (Tierra del Fuego);  Asociación Civil Práctica Alternativa del Derecho (PRADE) de Santiago del Estero; ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) de Tucumán y Jujuy; Reforma de la Justicia y Convocatoria Neuquina (Neuquén) y Fundación Alternativa Popular (Río Negro).
 
Relevamiento en los 24 distritos argentinos
De acuerdo con un informe realizado por un grupo de asociaciones argentinas, los mecanismos de selección de jueces de los Superiores Tribunales de Justicia y de los jueces inferiores tienden a ser pocos transparentes en la mayoría de los distritos del país.
El objetivo del relevamiento, realizado en los 24 distritos, era detectar el funcionamiento de los sistemas de selección de Jueces de Corte e inferiores; su grado de transparencia, su publicidad y difusión; la participación que se le otorga a la población y en qué circunstancias se exige la fundamentación en la toma de decisiones de quienes seleccionan a los nuevos integrantes de la justicia.
El informe sostiene, además, que no existen instrumentos que garanticen la participación de la ciudadanía y, en general, no están debidamente fundamentadas y documentadas las razones por las cuales se selecciona a los nuevos funcionaros judiciales.
Las circunstancias mencionadas convierten a los sistemas de selección provinciales en instancias cerradas y oscuras que generan profundas sospechas en la comunidad tanto acerca de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, como sobre la capacidad e idoneidad de los jueces y magistrados designados.
Estos mecanismos de selección se desarrollan en profunda discordancia con los previstos por el gobierno nacional a través de los decretos presidenciales 222 (que establece la publicidad y la necesaria fundamentación de la elección de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), y 588 (idem para los funcionarios del Poder Judicial de la Nación).
El resultado de este trabajo es poco alentador: sólo en el 54% de los distritos la Constitución o las leyes establecen la obligación de fundamentar los votos de selección de magistrados. Apenas cuatro distritos arbitran mecanismos que permiten la participación -más o menos directa- de los ciudadanos para opinar, impugnar o cuestionar a los candidatos.
Además, en la gran mayoría de los distritos no se establecen registros de postulantes que permitan a la población conocer quiénes son los candidatos a ocupar determinados cargos. Y el acceso a los antecedentes de cada uno de ellos es, aún, más lejano.
Si bien se estipulan mecanismos amplios de publicidad de las vacantes en la mayoría de las Constituciones, en las leyes específicas, o de los reglamentos de los Consejos de la Magistratura, la contrapartida es la carencia de instrumentos que transparenten las formas y criterios de selección.
Es importante destacar, además, que existe una enorme brecha entre lo que determinan las legislaciones provinciales y los mecanismos que efectivamente se implementan en cada distrito.

La importancia de los sistemas de selección
Para las organizaciones que participaron de este relevamiento, el mecanismo de selección de los jueces es un punto clave y esencial a la hora de hablar de la integración y funcionamiento del poder judicial.
Desde los años 90 en adelante, en la mayoría de las provincias se introdujeron Consejos de la Magistraturas, unos con carácter vinculante y otros como meros asesores de los Poderes Ejecutivos locales.
Al examinar los mecanismos tendientes a la selección de magistrados y jueces, observamos que existen dos aristas que revisten una importancia central: por un lado, la publicidad que se da a los procesos en sus distintas instancias y, por otro, la fundamentación de las decisiones que toma el órgano seleccionador. La trascendencia de estos elementos viene dada por el hecho de que acotan la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones y permiten, a la comunidad en su conjunto, acceder a información sobre el modo de formación de la voluntad de estos órganos responsables de la selección de los magistrados, además de habilitar instancias de participación de los ciudadanos en esos procesos.
En la utilización de los términos publicidad y fundamentación, se tomaron, a modo de referencia, los decretos nacionales 222  y 588  del año 2003 por los cuales se establecieron a nivel nacional nuevos parámetros y mecanismos para la elección de los jueces tanto de la Corte como de los tribunales inferiores. Estos decretos receptan observaciones arrimadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil que elaboraron los documentos de «Una Corte para la Democracia».
A efectos de lograr un mejor entendimiento de la temática planteada, se aclararán ciertos conceptos empleados. Así, por publicidad se entiende la difusión de los distintos pasos o etapas del proceso de selección del candidato a cubrir el cargo de juez. Ahondando en esta idea, se considera que esta publicidad tiene que ser activa, es decir, una divulgación amplia por parte del Estado a través de los medios masivos de comunicación social y del uso de las nuevas tecnologías (páginas de Internet, web blog, portales oficiales, etc.).
En cuanto a la fundamentación se entiende, siguiendo los principios democráticos, que todo acto emanado del Estado debe estar debidamente fundado y ser una relación razonada de sus antecedentes. Dada la trascendencia que tiene la elección de un juez, este proceso no puede quedar ajeno a este principio. Del mismo modo, es importante observar si existen registros de esas decisiones y el grado de acceso a los mismos.
Desde el 2003 se verificaron, a nivel nacional, avances en diversos aspectos del proceso de selección, sobre todo en lo que hace a publicidad y fundamentación de las decisiones.
No podemos dejar de tener presente los compromisos internacionales a los cuales nuestro país suscribió y a cuyo cumplimiento se encuentra comprometido. Así, el Convenio Interamericano contra la Corrupción establece en su artículo III inciso 5º  parámetros de transparencia, en la contratación de funcionarios públicos, como la publicidad, equidad y eficiencia en los mecanismos.
Casos extremos
Al analizar las distintas realidades provinciales, se observa un abanico muy amplio de posibilidades y grados de institucionalización de la publicidad y fundamentación de los procesos de selección de jueces.
En lo que respecta a la elección de los miembros de Cortes Supremas o Tribunales Superiores en ninguna provincia se establecen pautas de publicidad del listado de candidatos o de sus antecedentes, ni mucho menos se exige la fundamentación de la decisión.
Por un lado encontramos distritos cuyos procedimientos de selección son de alta transparencia. Entre ellos, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis y Chubut.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se establece un mecanismo en el que se publican las nóminas de inscriptos para permitir impugnaciones, con participación de la ciudadanía.
Uno de los casos más transparentes es el de Chubut, que habilita una instancia de participación directa de la comunidad en las impugnaciones, y prevé audiencias entre el impugnado y el impugnador para que el Consejo de la Magistratura en pleno defina si el candidato puede ser admitido en el concurso. Y además, obliga al CM a fundamentar debidamente su voto.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el CM invita a dar testimonio a aquellos ciudadanos que hubiesen presentado impugnaciones no desestimadas. Y además dispone que el examen de  pruebas y antecedentes de los concursantes, el orden de mérito confeccionado, la evaluación de la prueba de oposición de cada uno de los postulantes, deben ser publicados.
En San Luis, la comunidad puede participar impugnando a los candidatos los cuales deberán defenderse en una audiencia pública.
Por su parte, Tierra del Fuego ha modificado su procedimiento de tal manera que permite realizar impugnaciones, aunque no son merituados los antecedentes de los candidatos, como así  tampoco se evalúa su idoneidad jurídica.
Baja transparencia
En el otro extremo, se ubican las provincias que cuentan con mecanismos sumamente cerrados y de baja transparencia. Entre los paradigmáticos, se pueden citar La Pampa, San Juan, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero.
En La Pampa, el sistema de selección de jueces inferiores se realiza a través de un Consejo de la Magistratura que lo define en sesiones reservadas. El voto, si bien es fundado, tiene carácter reservado. No existe ni siquiera un registro de postulantes para que la comunidad los conozca.
La provincia de Río Negro tiene dos Consejos de la Magistratura, uno para jueces de Corte y otro para jueces inferiores. Ambos funcionan en sesión reservada, sin registro de postulantes ni publicidad de los antecedentes de los candidatos. Tampoco prevé instancias de oposición en los concursos.
Del mismo modo, en San Juan no existen registros de postulantes y tampoco se prevé la publicidad de las vacantes en el Boletín Oficial u otros medios de comunicación, como lo establecen la gran mayoría de los 23 distritos del país. Las decisiones aquí, se a doptan en el Consejo de la Magistratura por simple mayoría de sus miembros, sin obligación de fundar el voto.
En el caso de Neuquén, pasaron más de ocho meses desde que una reforma de la Constitución instaló el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces inferiores, pero aun no se ha reglamentado su funcionamiento. De todos modos, la Constitución no prevé ningún mecanismo de publicidad de vacantes, listado de postulantes ni fundamentación e los votos.
En Santiago del Estero, no se prevé publicidad de los listados de postulantes, ni instancias de participación ciudadana, aunque las pruebas de oposición y el examen personal son de acceso público pero no se habilita una instancia de impugnación.
Con respecto a la provincia de Tucumán, el mecanismo de selección se encuentra suspendido por una orden judicial hasta que no se tome una decisión sobre la acción iniciada por el Colegio de Abogados en contra de la reforma de la constitución de 2006.
Finalmente, Jujuy verificó un avance en cuanto a estos principios debido a una acordada que dictó el Superior Tribunal de Justicia, por la cual se ordena publicar en la pagina oficial del Poder Judicial todos los actos de gobierno, entre ellos, los que proponen postulantes para cubrir cargos vacantes en ese poder.
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