Petitorio al Poder Legislativo y Ejecutivo para la derogación de la actual ley de Contravenciones

Los firmantes del presente petitorio consideramos necesaria la derogación de la actual ley N° 5.140, llamada “Ley de Contravenciones Policiales” consolidada por la Ley 8.240 y de toda la normativa relacionada para la sanción de una nueva legislación sobre la temática con la debida adecuación a los estándares que establece la Constitución Nacional, Provincial y el Derecho Internacional de Derechos Humanos.
La Ley de Contravenciones Policiales Nº 5140 de la provincia de Tucumán y sus modificatorias implica, la violación por parte del gobierno provincial de derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Provincial, como en la Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esta ley, creada durante la última dictadura militar representa el pensamiento anti – democrático y reaccionario que caracterizó esta dolorosa etapa de nuestra historia y que en los sucesivos gobiernos democráticos no ha sido materia de modificación.
En la actualidad es una herramienta de control social y cultural que se encuentra en pugna con los principios constitucionales y de derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico. Así lo manifestó el 5 de Octubre del 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Núñez”, cuando analizando la adecuación constitucional de la ley tucumana expresó que “el procedimiento contravencional…, no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo, y ha lesionado en el caso la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad”.
La matriz ideológica de la actual ley contradice los presupuestos de la democracia.
Esto es lo que nos impulsa a motorizar la discusión y proposición de una nueva ley de contravenciones que sea el reflejo de un Estado democrático y de derecho.
Cabe tener presente que la aplicación de la normativa contravencional vigente, por parte de la policía de Tucumán, tiene una clara finalidad criminalizante y discriminatoria de determinados grupos sociales: sectores de menores recursos, jóvenes y colectivos de personas que son perseguidos por sus elecciones y/o formas de vida.
Los sujetos víctimas de detenciones por contravenciones más frecuentes son los varones de entre 18 y 26 años. Las características de estos, generalmente, no tienen que ver con su actuar o su actividad, catalogada de “peligrosa”, sino con su apariencia física o condición social. Así su forma de vestirse (ropa deportiva por ejemplo), el color de su piel (ser morocho), el dejarse la barba, etc. influyen en la construcción del imaginario policial del sujeto contraventor.
Asimismo, como premisa, consideramos necesario determinar los alcances de la garantía constitucional del Debido Proceso, es decir los límites a la actuación policial, los cuales no pueden ser transgredidos.
El actual sistema permite la actuación policial aparentando un “marco legal” para que la institución se desenvuelva cómodamente en lo que en su imaginario simbólico considera que es lo conveniente para la propia institución más allá de lo que al poder político le interese circunstancialmente.
No escapa a nuestro conocimiento la arbitrariedad que en la práctica sucede en las detenciones justificadas con una contravención.
Entre los derechos que se vulneran en el actual proceso contravencional podemos citar:- la violación a la libertad personal por no mediar orden escrita de autoridad competente, ni probadas causas de flagrancia y por no ser llevada la persona detenida en forma inmediata ante presencia judicial; -la violación al debido proceso, particularmente el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial;- el derecho a una legítima defensa;- el derecho a ser oído- el derecho a no ser incomunicado;- el derecho a tener asistencia letrada y el derecho a un recurso idóneo y eficaz.
Por otro lado, creemos que las medidas de privación de libertad deben emplearse como último recurso a los fines de conservar el orden en la comunidad en un caso de grave inconducta social. De ahí la importancia de que antes de llegar a la privación de libertad se contemple legalmente la aplicación de otras herramientas que también, y principalmente, hacen a la prevención, todo a efectos de garantizar la regla que se pretende.
Es por ello que solicitamos la inmediata derogación del actual Código de Contravenciones Policiales (Dcto-Ley 5.140 y cctes.) y la creación de un nuevo Código acorde a los estándares de derechos humanos que impone nuestra Constitución Provincial, la Constitución Nacional, los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como así también lo impone la jurisprudencia de las Cortes Internacionales a las que nuestro País reconoce competencia.
 

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