La protesta social es mucho más que un derecho: es una herramienta histórica de lucha, memoria y dignidad. En tiempos de ajuste, represión y protocolos que criminalizan la movilización social, estar en las calles es una forma de resistencia colectiva. Defender el derecho a protestar es defender la democracia.
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El asesinato de Miguel Reyes Pérez a manos de la policía tucumana, el juicio que revictimizó a su familia y testigos, y la posterior absolución del acusado por parte de la Corte provincial, ponen en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial frente a la violencia institucional. Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de revertir una injusticia que nunca debió ocurrir.
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La causa Fronterita entra en una etapa clave: la Cámara Federal de Casación Penal definirá si avanza el juicio oral contra los empresarios Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, acusados de complicidad en delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Tucumán. A casi 50 años, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia frente a un entramado de impunidad que aún protege a los actores económicos del horror.
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Durante los días 10 al 21 de marzo en la ciudad de Nueva York (EEUU) se desarrolló la Conferencia Anual sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer No. 69 de Naciones Unidas. Desde ANDHES, estuvimos representadas por nuestra directora ejecutiva, Florencia Vallino, en este evento clave, donde se debatió el estado actual de la desigualdad de género y los desafíos que enfrenta el movimiento feminista en un contexto global de avanzada de ideas neofacistas.
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En tiempos de “desmemoria”, quienes todavía resistimos (y existimos) a los embates del negacionismo y del fascismo, nos preguntamos: ¿cómo mantenemos viva la memoria? Sabemos que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Ahora bien, ¿cómo hacemos para no olvidar?
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La tipificación del femicidio en el Código Penal Argentino es una conquista clave desde el movimiento feminista en la lucha contra la violencia de género, un logro histórico que ha permitido visibilizar la violencia extrema contra las mujeres y un compromiso internacional en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el presidente Javier Milei ha desestimado su importancia con argumentos que ignoran su fundamento jurídico y social. En un contexto de desfinanciamiento de políticas públic
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La causa Ingenio La Fronterita abarca delitos de lesa humanidad cometidos contra 68 personas durante el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Tucumán. En el marco del accionar represivo montado por el ejército por medio de la base militar instalada en esa fábrica azucarera, ubicada en el departamento de Famaillá. Es el primer juicio que se desarrollará en la provincia que juzga la responsabilidad empresarial en este tipo de delitos.
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Las noticias dolorosas sobre los fallecimientos de testigos clave en la causa sobre responsabilidad empresarial de integrantes del Ingenio La Fronterita en delitos de lesa humanidad llegan con asiduidad, mientras la justicia a cuenta gotas sigue garantizando el dolor y la impunidad biológica.
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A contramano de las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño a la Argentina en este 2024, la reforma en cuestión afecta directamente los derechos a la educación, participación, asociación y libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes.
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Acerca de cómo debería ser un complejo penitenciario respetuoso de derechos.
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El Gobierno decretó la derogación de la última prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), que vencía en noviembre de 2025 y mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Analizamos en esta nota los puntos jurídicamente débiles del decreto que deroga la emergencia territorial.
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Presentamos una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner en conocimiento la situación de incitación a la violencia y la promoción de accionar ilegal de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios públicos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares y el empeoramiento de la crisis carcelaria.
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Este desalojo, ocurrido el 15 de octubre, ordenado por la jueza Liz Valdecantos con la movilización de un centenar de policías y la utilización de la fuerza represiva ante mujeres, niñeces, adolescencias y personas adultas mayores, fue ejecutado en beneficio de los intereses privados de la familia terrateniente Jenefes-Quevedo, representando un ataque directo contra los derechos ancestrales de la comunidad.
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En la memoria colectiva de los jujeños y las jujeñas vive el recuerdo de lo que pasó en el mes de junio de 2023 como uno de los capítulos más oscuros y violentos de nuestra historia democrática reciente.
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