No son hechos aislados: en todo el país se marchará contra los casos de gatillo fácil

Jueves, 27 de agosto de 2020

Las convocatorias, que respetarán los protocolos sanitarios, apuntarán a la responsabilidad del Estado y  reclamarán  “no a la criminalización de la juventud y la pobreza”.

Cada 27 de agosto, familiares de víctimas de la violencia policial, organizaciones sociales y barriales se concentran a lo largo y ancho del país para participar de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. La movida nacional surgió en Córdoba en 2015 por iniciativa de la familia de Ismael Sosa, un joven asesinado por la policía de Córdoba durante un recital de La Renga.

Este año, la pandemia obligó a limitar las manifestaciones pero no por eso dejarán de activar en plazas y calles. Madres y familiares de víctimas del gatillo fácil y de violencia institucional concentrarán en Plaza Urquiza y luego marcharán a Plaza Independencia. La convocatoria será acotada para respetar los protocolos sanitarios y cuidarse y cuidar a vecinas y vecinos. Entre otras consignas, gritarán “no a la criminalización de la juventud y la pobreza” y exigirán una “una justicia que nos escuche y nos reconozca como víctimas de la violencia estatal”.

Pero, sobre todo, se marcha con la consigna “¡El Estado es responsable!. El dolor exige gritarlo: más de 7000 muertes a manos de las fuerzas de seguridad acumula nuestra democracia desde 1983. El Estado es responsable por los delitos de sus agentes pero también por la indiferencia con la que responde ante cada caso.

En este contexto de pandemia las muertes del Estado se han agudizado, reforzando esa consigna. Luis Espinoza y Ceferino Nadal en Tucumán, el caso de Ariel Valerian o la represión en el Penal N° 1 de Gorriti en Jujuy son la muestras de que la policía incluso funciona peor bajo el rigor de las medidas de aislamiento. Y en todos se repiten dinámicas: discursos oficiales que justifican las actuaciones bajo el pretexto de ‘exceso policial’. 

Luego la estrategia de ensuciar a las víctimas y presentarlas como malvivientes, como si eso justificara la violencia y la muerte. Las víctimas siempre son jóvenes pobres, vulnerados y aplastados por el estigma mediático que los intenta reflejar como merecedores de ese destino.  

Y continúa con el no avance y prescripción de las causas en la justicia. A lo largo de ese recorrido, cada familia enfrenta de manera dispar una maquinaria tendiente a garantizar la impunidad de los responsables.

Cada muerte por gatillo fácil forma parte de un entramado que recuerda la urgencia con que el Estado y los distintos gobiernos deben desarmar las tradiciones represivas y autoritarias presentes en las fuerzas de seguridad. 

El otro eje de la jornada será entender que ‘no es un policía, es toda la institución’, una consigna que apunta a develar cómo funciona la estructura de la institución policial: además de la formación de policías violentos, dotados de herramientas selectivas y arbitrarias para su accionar, en cada caso de gatillo fácil la primera respuesta estatal es la defensa y no la sanción y separación a los policías involucrados, lanzando así un mensaje de respaldo a ese tipo de actuaciones.

Casos

En Tucumán, Andhes lleva las querellas en los casos de Facundo Ferreira y Miguel  Reyes. Dos casos estratégicos que nos permiten decirle al estado y a la sociedad las deudas y fallas desde una perspectiva de derechos humanos. 

Facundo Ferreira tenía 12 años cuando dos policías iniciaron una persecución contra la moto en que él iba de acompañante. Aunque en principio la versión oficial intentó instalar el relato de un enfrentamiento, las pruebas muestran que a Facundo le dispararon a escasos metros sin que se haya resistido o respondido los ataques policiales. Su historia nos habla de la necesidad de no escatimar esfuerzos en proteger a la niñez.

Miguel ‘Reyes’ Pérez, por su parte, tenía 24 años, una adicción que arrastraba desde los 17 y sufría permanentes hostigamientos por parte de policías de la zona. En vísperas de Navidad, dos oficiales de la Comisaría 4ta, Mauro Navarro y Gerardo Figueroa, lo persiguieron, le dispararon una  bala de goma que le dio en la cabeza y cuando cayó al piso le pegaron un culetazo. Estuvo casi 20 días en coma y luego murió. Su historia nos habla también de la falta de una política contra el consumo problemático y como este problema es dejado a la letal mano dura de la policía cuando debería ser atendido desde el costado más social del estado. 

En la provincia de Jujuy, nuestra organización acompañó con un habeas Corpus que continúa su curso legal en los casos de Marcelo Montenegro y Jesús Antonio Yapura y a su vez participamos  en la Mesa Provincial de Justicia por Ariel Valeria,

Ariel Valerian, un trabajador de 39 años oriundo de la localidad de Monterrico que fue detenido arbitrariamente el día 8 de junio mientras se encontraba trabajando y brutalmente torturado por la Policía de la Provincia, quien lo golpeó de manera tan violenta que fue posteriormente internado permaneciendo un mes en terapia intensiva hasta su fallecimiento el día 7 de julio. 

Otro caso paradigmático de violencia institucional en la provincia de Jujuy son los asesinatos de Marcelo Montenegro y Jesús Antonio Yapura personas privadas de la libertad que se encontraban alojadas en en Penal N° 1 de Gorriti, y que tras la protesta de internos que se produjo el día 16 de julio en dicho penal ante la inminente situación de casos de Covid-19 en ese contexto, fueron brutalmente reprimidos, resultando con graves heridas de armas de fuego que les ocasionaron la muerte. Estos casos dan la voz de alerta sobre el uso arbitrario, irracional e ilegítimo de la fuerza y de como la alternativa punitiva y la penalización de la cuarentena delegada en las fuerzas policiales puede representar peligros para la vigencia de los derechos humanos especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, pobres, minorías, disidencias sexuales y personas privadas de libertad.

En Andhes bregamos por una reforma policial con profunda perspectiva de derechos humanos y cambios en la justicia que garanticen la efectiva investigación de los delitos de gatillo fácil, que permitan la prevención de estos casos y el funcionamiento de las fuerzas seguridad bajo un paradigma acorde a un estado democratico de derecho. 

#GatilloFacil
#NoSonHechosAislados
#NoSonExcesosSonDelitos
#ReformaPolicialYa

Ingrese su búsqueda y presione enter.
Share
EnglishFrançaisDeutschEspañol