Migrantes y derechos humanos


Trabajamos con el colectivo de migrantes residentes en Argentina, con el convencimiento de que a partir de su fortalecimiento y del trabajo articulado junto a otras organizaciones será posible garantizar el acceso a derechos para quienes se encuentran en situación de vivir en un país diferente al de su origen.
Desde 2009 llevamos adelante la Clínica Jurídica de Niñez Migrante (link a la página de la clínica) en conjunto con la Universidad Católica de Santiago del Estero. A partir de las problemáticas identificadas por el grupo constituido, decidimos incrementar nuestra dedicación a este colectivo y creamos un área específica de trabajo en 2016.
Entendemos que la situación de vulneración de derechos que atraviesan las personas migrantes en Argentina debe tratarse desde la discusión crítica de sus problemas jurídicos y sociopolíticos, con un enfoque interdisciplinario. Abordamos particularmente la provincia de Jujuy, donde el alto flujo migratorio y la desigualdad conducen a situaciones críticas. Así, entre nuestras acciones buscamos incidir en la agenda pública a través de propuestas para la adecuación de las políticas públicas a los estándares internacionales y llevamos el asesoramiento legal de casos.
Convencidos de la necesidad de crecimiento en nuestro quehacer, apostamos por las acciones de incidencia en mecanismos internacionales de protección y en 2017 conformamos la Red de Líderes Migrantes de Argentina.
Actualmente, articulamos con el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, y llevamos adelante un monitoreo del accionar de la Dirección Nacional de Migraciones (delegación Jujuy), y de los organismos públicos que deben garantizar el goce pleno de sus derechos a las personas migrantes.
A partir de 2002 nos propusimos consolidar el incipiente proceso de justicia que se reinició en Argentina luego de tres décadas de impunidad. Cuando las leyes de amnistías y los indultos fueron invalidados por el Congreso y la Corte Suprema Argentina, nos constituimos en querellantes en las causas más emblemáticas del terrorismo de Estado en las provincias (Jefatura I, Jefatura-Arsenales II y Villa Urquiza). De esa forma, contribuimos a un proceso histórico que demostró la culpabilidad de más de 50 genocidas que participaron en delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
Nos propusimos también consolidar el movimiento de derechos humanos. Desde 2002 nos sumamos a las redes locales, nacionales e internacionales de organizaciones y organismos de derechos humanos que articulan para amplificar el alcance y la incidencia a través de acciones y campañas conjuntas.
A partir de 2013, observamos que la construcción de Verdad que propiciaba los juicios no traspasaba las salas de audiencias. Desde entonces, creamos un equipo de trabajo especial dedicado exclusivamente a la tarea de producir contenido de comunicación para su difusión masiva e incidencia en la opinión pública y para aportar a la construcción de un archivo histórico de amplio alcance.

Programa de complicidad económica y derechos humanos
Convencidos de que nuestro rol debía también apuntar a ampliar los anillos de responsabilidad por delitos de lesa humanidad a los fines de desentrañar la complicidad de diferentes sectores de la sociedad entre 1975 y 1983, nos focalizamos en promover la justicia y la verdad respecto de la participación de actores económicos durante este período.

El programa tiene cuatro estrategias: Investigación, Litigio, Comunicación e Internacionalización. Lo que se traduce en la producción sistemática de nuevo material probatorio sobre la participación de los actores económicos en vistas a promover su juzgamiento en futuras causas; la visibilización del problema a través de las herramientas comunicativas; la consolidación y el fortalecimiento de alianzas internacionales y el uso del sistema internacional de derechos humanos.

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