Los mecanismos de selección de jueces deben ser transparentes y participativos

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)  remarcamos la importancia del ingreso de la Dra. Claudia Sbdar a la Corte Suprema de Tucumán. Este hecho importa un avance en el respeto de la diversidad de género en el Alto Tribunal Local, como un reconocimiento de la igualdad de oportunidades entre sus aspirantes de ambos sexos.
Sin embargo, lamentamos que dichos avances no ocurrieron en el marco de un procedimiento de selección de jueces y juezas supremos/as, transparente y abierto a la participación de la ciudadanía. Por el contrario, la designación de la jueza Sbdar se realizó en el marco de un procedimiento bajo el cual el Poder Ejecutivo posee amplia discrecionalidad al momento de seleccionar los/as candidatos/as a proponer y el Poder Legislativo discute en sesiones cerradas a la ciudadanía sobre la conveniencia de avalar o no la propuesta del Poder Ejecutivo.
Nuevamente, con la designación de la nueva magistrada, los poderes políticos tucumanos perdieron una valiosa oportunidad de emular los mecanismos nacionales y provinciales que tienden a transparentar y democratizar los mecanismos de selección de jueces y juezas. En ese sentido, ANDHES y ADC instan al Poder Ejecutivo local a auto limitar sus poderes al momento de seleccionar candidatos/as estableciendo criterios objetivos de género, especialidad y procedencia regional para la selección de los nuevos candidatos a la Corte Suprema, y fijar estrictos estándares de idoneidad y compromiso con las instituciones democráticas.
Por otro lado, instamos a la Legislatura provincial a implementar un procedimiento de audiencias públicas para analizar los pliegos de los/as candidatos/as a la Corte previendo la participación de la ciudadanía en dicha audiencias.
ANDHES y ADC consideran que una mayor transparencia y la participación de la ciudadanía en los procesos de designación de jueces y juezas de la Corte Suprema de Tucumán, contribuirán a consolidar la imagen y legitimidad del máximo tribunal provincial, fortaleciendo el carácter democrático del sistema de justicia tucumano.

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