González Montes de Oca, agente imputado por el homicidio agravado de Facundo Ferreira que no fue puesto en prisión preventiva por matar a un niño de 12 años, hoy ha sido privado de su libertad por un delito contra la propiedad.
Los jueces Facundo Maggio y Víctor Manuel Rougés lo dejaron en libertad junto con su compañero igualmente implicado, Díaz Cáceres, luego de que la justicia tucumana se tomara cuatro meses en imputarlos penalmente por su accionar. Esto a pesar de las amenazas sistemáticas a la familia y de la denuncia de otro agente del 911, en la que alertaba sobre el plan de sus compañeros para utilizar su posición de poder como parte de la fuerzas de seguridad, para amenazar e intimidar a la familia Ferreira.
Por su parte, el Ministro de Seguridad de Tucumán Claudio Maley replicó la versión policial, buscó responsabilizar a la familia y cuestionar su rol, y mantuvo a ambos agentes en funciones. No fueron suficientes para el paso a pasiva la imputación por homicidio, los antecedentes de los agentes, ni el hecho de que González Montes de Oca se encontraba cumpliendo funciones bajo los efectos de sustancias psicoactivas cuando ocurrió el asesinato de Facundo.
Trascendió que – ahora sí – sería puesto de manera inmediata en situación pasiva. ¿Qué cambió? Ahora el delito afectó la propiedad privada y el sistema reacciona. Cuando se trató de la vida de un niño pobre, los funcionarios no vieron motivos. La selectividad del sistema penal se hace evidente de manera burda y cruda cuando nos muestra que algunas vidas no valen tanto como los intentos por atentar contra algunas cosas.

 

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