La justicia vuelve a correr los plazos para que el gobierno provincial repare a Lucía


Lucía tenía 11 años cuando fue abusada por su abuelastro y producto de esa violación quedó embarazada. Durante casi un mes y medio, el estado obstaculizó el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) tal cual lo había manifestado la niña.

En un fallo de diciembre pasado, la jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación, Valeria Judith Brand, ordenó medidas de reparación de los derechos vulnerados a Lucía: que en un plazo de 30 días hábiles el gobierno provincial le entregue a Sol, la mamá de Lucía, una casa para que pueda vivir con sus hijes. También dictaminó que el Poder Ejecutivo provincial debe garantizar la inserción laboral de Sol y asegurar el acceso a la educación de las tres hijas dentro de la jurisdicción de su nuevo centro de vida.

Sin embargo, el estado sigue en mora. Así lo sintetizó Sol: “Lo que me dijeron que iban a hacer no lo están cumpliendo. No le pusieron maestra a Lucía, su violador está en una comisaría común y no en la cárcel, y lo más importante aún no me dieron la casa y el trabajo para poder estar con mis hijas. Necesito trabajar para mantenerlas y vivir juntas una nueva vida”.

En febrero de este año, el gobierno solicitó 30 días hábiles más a pedido del Instituto Provincial de la Vivienda para poder gestionar la casa. En virtud de la emergencia sanitaria declarada por decreto presidencial y el asueto extraordinario definido por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se suspendieron los plazos administrativos de dicha resolución.

Sin embargo, la jueza definió  el 12 de mayo habilitar el período excepcional para cumplimiento de la sentencia y libró oficio al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para que informe en qué instancia están los trámites para garantizar la reparación ordenada.

Desde Andhes y Cladem, organizaciones que acompañamos a la niña y su familia, reclamamos al gobierno provincial el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación necesarias para que Lucía vuelva a estar con su madre y sus hermanas en condiciones dignas. Hasta el momento, Sol no pudo acceder a la vivienda ni a un empleo.  Como consecuencia, en todo el período de la cuarentena, Lucía no pudo estar junto a su mamá ni sus hermanas. Sí pudo comenzar las clases.

“Es inadmisible que el mismo estado que torturó a Lucía siga sin reparar derechos mínimos para que pueda desarrollar su vida y crecer en mejores condiciones socioeconómicas. La mora del gobierno provincial en estos momentos perpetúa los tormentos contra la niña al no cumplir con la sentencia judicial”, expresaron desde las organizaciones.

A más de un año del hecho, el Estado provincial no avanzó para deslindar responsabilidades médicas, políticas ni judiciales respecto de quienes obstaculizaron la ILE y torturaron a la niña. Tampoco se tomaron medidas para impedir que se repita una situación similar ni hubo una reparación coherente y sustancial ni una respuesta institucional, integrada y sólida para restituir los derechos de Lucía y reparar los daños. Los obstáculos para acceder a la ILE son el último eslabón de sistemáticas violencias y vulneraciones de derechos de la niña que el Estado sigue reproduciendo por acción y omisión.

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