La Cámara Federal de de Apelaciones de Tucumán ordenó el procesamiento de los empresarios Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos por considerarlos presuntos cómplices de delitos de lesa humanidad contra al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, y que fueron ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en las instalaciones de la fábrica. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas.

Por estos casos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) encabezado por el Fiscal Pablo Camuña, y la organización Andhes, acusaron a accionistas de la firma, al propietario del ingenio y a miembros del directorio de la empresa por su complicidad en numerosos delitos, como privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, aplicación agravada de torturas, violación de domicilio, desaparición forzada de personas, entre otras gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.

Pese a la evidencia contraria, en el año 2019 el entonces juez federal, Daniel Bejas, declaró la falta de mérito a favor de los imputados, por considerar que los empresarios no tuvieron ninguna responsabilidad en los delitos sucedidos. Un año más tarde, la resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Sin embargo, Andhes y el MPF recurrieron esta resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal y el 29 de diciembre de 2020, la Sala IV resolvió hacer lugar a los recursos interpuestos y anular la resolución recurrida, dejando sin efecto la falta de mérito dictada.

La causa contó con el apoyo nacional e internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos quienes se presentaron como Amicus Curiae frente a la Cámara de Casación, ofreciendo importantes elementos jurídicos que contribuyeron a demostrar la irrazonabilidad de las decisiones tomadas previamente por el juzgado de primera instancia y posteriormente ratificadas por la Cámara.de Apelaciones. 

Hoy, con otra integración, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar a los planteos de la acusación y resolvió el procesamiento de los cuatro empresarios acusados..

La querella de Andhes se presentó en el año 2018, en representación de la familia de Fidel Jacobo Ortíz, trabajador del Ingenio Fronterita y Secretario General del Sindicato, quien fue secuestrado de una Colonia perteneciente al Ingenio y se encuentra actualmente desaparecido.

El caso de Fidel Jacobo Ortíz y del Ingenio Fronterita, demuestran la complicidad existente entre parte del empresariado argentino y quienes comandaban el aparato represivo ilegal durante el terrorismo de estado, y constituye un valioso avance en la consolidación del proceso de Verdad, Memoria y Justicia en nuestro país. 

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