Jujuy: Andhes repudia la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad contra un adolescente de 14 años en Palpalá

Jueves 8 de abril de 2021

La organización exigió una investigación judicial seria y eficaz, y la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional.

El 2 de abril, un adolescente de la localidad de Palpalá, Jujuy, que se trasladaba en moto fue perseguido e interceptado de manera violenta por parte de la policía, provocando intencionalmente que el adolescente cayera de su rodado. Luego de ejercer contra él una brutal violencia física -que incluyó golpes, patadas en la cabeza, ahorcamiento y amenazas de muerte- fue detenido, puesto bajo “custodia policial” e incomunicado. Hasta el día de hoy, el adolescente sigue hospitalizado sin poder movilizarse por cuenta propia y asistido psicológicamente. La denuncia fue realizada por la madre del adolescente, que contó además que su hijo colaboraba esa noche en el emprendimiento familiar de venta de comida.

Desde Andhes, exigimos a las autoridades del Ministerio de Seguridad que identifiquen y apliquen las sanciones correspondientes a los efectivos policiales involucrados.  Denunciamos también  el  total incumplimiento del corpus de normas que protegen a niños,niñas y adolescentes, y la naturalización de conductas criminales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. 

Los procedimientos policiales en donde medie la presencia de algún niño, niña o adolescente deben estar sometidos a estrictas reglas de cuidado y protección integral de derechos, en concordancia con lo establecido en el artículo 37 de la Convención de los Derechos de la Niñez. Dicho artículo establece que “los Estados velarán porque ningún niño/a sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que ningún niño/a sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente; garantizando que todo niño/a privado de la libertad  tenga derecho al acceso a la asistencia jurídica y a impugnar la legalidad de su detención”.

Asimismo se destaca que tanto la demora, arresto o aprehensión de una persona menor de edad como la permanencia en una comisaría policial deben ser medidas de carácter excepcional y como último recurso conforme lo establecen también los principios de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores conocidas como Reglas de Beijing. Allí se enuncia claramente que deben respetarse los derechos y garantías procesales de niñes y adolescentes, siendo además prioritaria la intervención de los organismos administrativos y judiciales para favorecer la libertad como principal derecho a restituir en estos casos.

Por último nos solidarizamos  con la familia de la víctima  y demandamos  al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy una investigación profunda que determine la verdad de los hechos denunciados y la responsabilidad de los agentes policiales  involucrados. En este sentido, ante el incremento de procedimientos policiales arbitrarios en la provincia, reiteramos una vez más, la necesidad de la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional en el ámbito del MPA, que implique un verdadero compromiso de erradicación de tales prácticas violatorias de los derechos humanos 

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