Importantes avances en el juzgamiento de la responsabilidad de civiles en la dictadura en Tucumán

Andhes celebra el avance en los procesos donde se busca el juzgamiento de aquellos cómplices civiles del terrorismo de Estado ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en Tucumán. En ese marco se produjo la reciente detención de Manlio Torcuato Martínez, quien fuera Juez Federal impuesto por los perpetradores del Operativo Independencia desde el año 1.975, a los fines de resguardar su comparencia y garantizar el inicio del juicio oral y público que lo tiene como imputado en los autos “ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ROMERO NIKLISON María Alejandra s/Su Denuncia por Priv. Ileg. de la Libertad y Otros Delitos en perjuicio de María Alejandra NIKLISON” Expte. Nº 1.118/00 Acumulado 358/76 y 1.119/00. La detención del ex juez federal se produjo en la madrugada del jueves, por orden del Juez Federal Daniel Bejas.

La acusación del ex Juez Federal se desdobla en dos partes. Primero, en relación a un allanamiento ilegal realizado por militares y policías en un domicilio en el que fueron asesinados María Alejandra Niklison, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen, Fernando Saavedra y Eduardo González Paz, está acusado como autor material por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, por la omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y por asociación ilícita gravada.  Luego, en relación a este mismo hecho, está acusado como partícipe en la violación de domicilio y en los homicidios agravados de las victimas anteriores. Cabe destacar que Martínez reconoció que estuvo en el lugar de la masacre y que no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la versión del “enfrentamiento”, pese a las evidencias que mostraban lo contrario.

Por otra parte, está acusado en relación a los hechos de los que fuera víctima Miguel Armando Romano, el dueño del domicilio allanado ilegalmente, contra quien el ex juez inició una investigación penal por haber alquilado el inmueble de calle Azcuénaga a las personas asesinadas allí, acusando a Romano de asociación ilícita y ordenando su traslado al CCD Jefatura de policía, privándolo ilegítimamente de su libertad durante más de un año en el que fue sometido a torturas por parte de la Policía de la Provincia. En relación a este segundo hecho, Martínez está acusado también como autor material por delitos que implican infracciones de deber (abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y omisión de investigación) y además, como partícipe necesario, en el delito de privación ilegitima de la libertad con tormentos en perjuicio de Romano.

Desde la Fiscalía sostuvieron que «las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa patentizaron la función del ex juez dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha; y que sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas y aseguraron impunidad para sus autores«. Las investigaciones contra el ex Juez Federal, también incluyen su participación en el cajoneo de al menos 350 Hábeas Corpus desde 1975 mientras se desarrollaba el «Operativo Independencia» en la provincia. «Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas ‘legalizadas’ eran pasadas por alto por el ex juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la gran cantidad de denuncias que tenía en su despacho, nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables«, informaron desde la fiscalía.

Desde andhes manifestaron que “es importante el pronto inicio del juicio oral, en tanto el mismo reviste un avance significativo en el juzgamiento de la participación civil en el plan macabro del terrorismo de estado. En este caso, es el poder judicial -que durante años mantuvo garantizada su impunidad-, quien deberá rendir cuenta por su complicidad durante el genocidio”. Finalmente desde la ONG plantearon que “como señalamos desde siempre, el golpe de estado y el sostén del terrorismo estatal fueron posibles por el apoyo y la participación concreta de grupos económicos, sectores de poder como la Iglesia católica, y el poder judicial. El hecho de que se pueda avanzar en el juzgamiento del ex juez federal Manlio Martínez implica ventilar la participación de sectores civiles en la maquinaria genocida”.

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