Grandes avances en Latinoamérica en el camino de la memoria, la verdad y la justicia

Desde andhes, celebramos la histórica sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 5 que condenó a 16 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en lo que fue el centro clandestino de detención y tortura más grande de nuestro país, la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). También festejamos que nuestro hermano país, Uruguay, haya confirmado por ley la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de estado en ese país.

La ESMA es uno de los centros más emblemáticos y representativos del plan genocida de la dictadura cívico – militar. Por allí pasaron miles de personas que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas y asesinadas. Los responsables de los delitos allí cometidos fueron cubiertos por el manto de impunidad que significaron las leyes de obediencia debida y punto final. La sentencia pone fin a esa situación y la Argentina puede contar con una vergüenza menos.
Esta condena, histórica, es un avance más en la larga lucha del pueblo argentino, en general, y de los organismos de derechos humanos, en particular, por lograr que en nuestra sociedad primen la memoria, la verdad y la justicia. La incansable lucha de organismos de derechos humanos de Uruguay, por su parte, logra un avance fundamental en la recientemente aprobada Ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en Uruguay, abriendo el paso al vecino país para iniciar el camino en la misma dirección de reparación histórica de los Estados latinoamericanos.
En el  debate parlamentario uruguayo se escucharon declaraciones tales como “se intenta ignorar la existencia de dos bandos bélicos y el estado de guerra que se vivió”, imaginarios que aún resuenan en la argentina y que nos obligan a recordar, una vez más, que durante las dictaduras latinoamericanas no hubo ninguna guerra. Tal como lo confirmaron los mismos genocidas que pasaron por los juicios hubo un plan sistemático de exterminio en manos de quienes detentaban el poder del estado. Quienes están siendo sometidos a juicio en Argentina, y podrán empezar a serlo en Uruguay, son juzgados por delitos aberrantes cometidos en su rol de “funcionarios públicos”, esto es, actuando en nombre de un Estado (que debe velar por la seguridad de sus ciudadanos) lo cual jamás puede ser puesto en comparación con el accionar de individuos o grupos de la sociedad civil.
Este marco de históricos avances nos obliga a reiterar la necesidad de acelerar los procesos judiciales pendientes contra los responsables de la represión y el terrorismo de Estado en Tucumán. Por ello, exhortamos a la Justicia Federal que imprima la celeridad necesaria para la celebración de los juicios pendientes. Principalmente en las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, “la ESMA tucumana”.
 

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