"Faltan mecanismos de control social sobre los jueces"

ENTREVISTA DE LA GACETA A UNO DE LOS FUNDADORES DE ANDHES, GABRIEL PEREIRA

“El doctorando en Ciencias Políticas en Oxford critica el corporativismo de los abogados y pide apertura en los Consejos de la Magistratura. ‘El mundo de la Justicia aún es una cuestión corporativista. Hay un excesivo recelo de sus integrantes a asumir que la cuestión jurídica y judicial debe estar abierta a toda la sociedad, sino que lo resuelven todo entre ellos. Al letrado le interesan sus clientes, pero la mayoría de las veces, a la hora de actuar y aunque sea a favor de ellos, hace lo que quiere sin consultarlos’, advirtió Gabriel Pereira”.

El fundador de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) advirtió sobre la resistencia institucional de las agrupaciones de letrados, a abrir intervenciones de otros actores de la sociedad en temas altamente sensibles, como los distintos Consejos de la Magistratura que funcionan en el país.

«La designación de jueces no puede seguir solamente en manos de los letrados, con el nivel de judicialización de la política y de politización de la Justicia que existe. No puede quedar en manos de unos pocos referentes corporizados, y aclaro que no uso este término en forma peyorativa», sostuvo en un diálogo con LA GACETA que se desarrolló como sigue a continuación.

– ¿Qué cosas aleja a los ciudadanos de la Justicia?

– Insisto en que todavía hoy, los jueces son nombrados de forma casi secreta, tras procesos que están monopolizados por un único grupo social: los abogados y las abogadas. Faltan mecanismos de control social sobre los magistrados, donde todos puedan decirle que hagan las cosas bien. Además, tradicionalmente, los poderes ejecutivos nacional y provinciales tienen un gran peso a la hora de designar puestos clave.

– ¿Cuáles cambios son urgentes?

– Los Consejos de la Magistratura deben abrirse en su integración, porque su esquema parece responder más a la protección de intereses propios que a una vocación de construcción de institucionalidad. No hay que tener miedo de que intervengan representantes de la sociedad, del Poder Ejecutivo o de la Legislatura, pero con fuertes mecanismos de resguardo para asegurar la transparencia y el control.

– ¿Por dónde se debe comenzar?

– Las modificaciones deben nacer desde el momento de la enseñanza de la abogacía, para que los futuros letrados no piensen que son los únicos que saben de derecho. Cuando la gente se dé cuenta del poder que tienen los abogados, los piquetes se van a hacer en las Facultades. Los jueces siguen sin pagar el impuesto a las Ganancias; no hay informes periódicos de gestión, estadísticas, audiencias públicas ni datos sobre qué estudios jurídicos ganan casos y cuáles no en las Cortes Supremas; y a los sitios en Internet de los poderes judiciales les falta crecimiento.

– ¿Cómo evalúa el funcionamiento que está demostrando la Corte Suprema nacional?

– Está funcionando bien y logró confianza social porque se mostró muy activa, con capacidad de decisión y con autonomía, pero no ocurre así con todos los jueces inferiores. Lo que hoy se le pide es una consecuencia de ello, porque se la vio como una arena para resolver conflictos políticos. Pero no estamos preparados en la Argentina para tener un Poder Judicial con tanta relevancia, cuando todavía subsisten magistrados designados por la dictadura militar.

– La tesis que está elaborando para su doctorado en Oxford aborda la intervención de la Justicia en los conflictos políticos…

– El tema de la judicialización de la política abarca más que los conflictos políticos en sí, ya que alcanza a la actividad destinada a distribuir los bienes y servicios, otorgar derechos y proteger a las personas. El discurso político-judicial está en manos de pocos, lo que es negativo para la democracia.

– ¿Cuál es el campo de su investigación?

– Me focalizo en la Corte de la Nación a partir de su integración actual, que comenzó en 2004 con las propuestas que se formalizaron desde las organizaciones de derechos humanos y que fueron atendidas por el kirchnerismo. Analizo la experiencia local en el contexto internacional, porque este fenómeno no es estrictamente argentino. Está presente en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Europa del Este. En América latina hay fuerte actividad en Colombia y en Brasil.

– ¿Es negativa la intervención judicial en este campo?

– La realidad marca que es un hecho que está sucediendo y que no va a dejar de suceder. Atento a la división formal de los poderes, es una situación negativa que nos indica, precisamente, que hay que reformar las instituciones porque el concepto clásico está en crisis; a futuro, puede ser positiva. Antes, al Poder Judicial se lo veía fuera del Estado, pero ahora la gente lo ve dentro. Las demandas ciudadanas están cambiando: van desde pedir más transparencia y accesibilidad en los procesos hasta el modo en que se desarrolla la relación entre los poderes. Hoy cada uno hace cosas que estaban reservadas al otro.

– ¿A dónde apunta su trabajo?

– Busco entender cuáles son los factores institucionales, sociales y culturales que llevan a una mayor intervención judicial en temáticas y con formas que tradicionalmente estaban en manos de los poderes Legislativo y Ejecutivo. La idea es poder determinar cómo esta intervención judicial impacta en la práctica política, en la posibilidad de que grupos sociales desventajados accedan a esa experiencia y en el diseño democrático, para determinar si se debe cambiar algo.

 

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