En Andalgalá nuevamente se persigue a Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales

Jueves, 2 de junio de 2022

Expresamos nuestro apoyo a la Asamblea El Algarrobo y a las personas que fueron detenidas de manera arbitraria. Hacemos responsable al Estado de garantizar la integridad de los miembros de la Asamblea y el cumplimiento del debido proceso.

Desde hace años el pueblo de Andalgalá y localidades aledañas, se ven obligados a salir a las calles para defender su legítimo derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano, expresando su rechazo a la instalación de proyectos de megaminería a cielo abierto en sus territorios. Frente a este escenario, tanto el Estado catamarqueño como las instituciones judiciales, tienen la obligación de garantizar la protección de las personas y el libre ejercicio del trabajo de la sociedad civil en el desarrollo de sus iniciativas y reclamos; y procurar implementar mecanismos mediante los cuales se dediquen esfuerzos sostenidos a la realización efectiva de todos los derechos humanos y la práctica de consensos sociales, políticos y culturales, basados en la confianza, la construcción de la paz y un diálogo permanente que acepta las críticas y el disenso; toda gestión de conflictos sociales debe darse en este marco y en el del respeto al derecho internacional de los derechos humanos. 

En el recuento histórico, y especialmente en los últimos meses, se puso en evidencia la violencia institucional en la respuesta del Estado catamarqueño hacia los defensores y las defensoras ambientales, con métodos que van desde la represión, hasta la  persecución, las amenazas, allanamientos y detenciones irregulares y arbitrarias. Prácticas que no se corresponden con un estado democrático y de derechos.El pasado 30 de mayo, el fiscal Martín Camps llamó a declaración indagatoria a seis integrantes de la Asamblea el Algarrobo, y en este marco dejó en calidad de detenidos a Aldo Flores y Enzo Brizuela, por desobediencia judicial y supuestas amenazas. Su persecución, hostigamiento y la detención por parte del Estado Provincial de Catamarca son violatorios de derechos humanos fundamentales, y entre ellos del Acuerdo de Escazú ratificado mediante ley 27.566 por la República Argentina

El acuerdo de Escazú establece que el Estado Argentino debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además obliga a tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos sus derechos, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y a circular libremente.

Como Organización comprometida con los DDHH en el NOA, instamos a la justicia de Catamarca a respetar el derecho internacional de los derechos humanos y a liberar de forma inmediata a las dos personas detenidas libre de todo cargo; y tanto al Estado Catamarqueño como al Estado Nacional a cumplir con los compromisos internacionales asumidos y garantizar las medidas necesarias para proteger la integridad física de los defensores y las defensoras ambientales, en particular a los compañeros de la Asamblea El Algarrobo.

Link al comunicado de la asamblea:

https://www.facebook.com/asamblea.elalgarrobo/posts/pfbid0rtFxdyuQGchrAyGcG9BZs6d9CxZHzkFbZPT1MGeu7rrXfQavRdLLekwfoyZWX8Ywl

 

Ph.: Facebook, Asamblea El Algarrobo

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