“El juez tiene que tener siempre una mirada de derecho con perspectiva de derechos humanos”

En las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNT, el director y editor del libro «¿Usted También, Doctor?” debatió junto al Fiscal Federal Pablo Camuña y el Director Adjunto de andhes Gabriel Pereira sobre el rol de jueces, fiscales y abogados durante el terrorismo de Estado.

Organizado por Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos (andhes), el Centro de Graduados de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y con la invitación especial de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNT, se presentó el libro «¿Usted También, Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura».

El evento presentado por la decana de esa Casa de Altos Estudios, Adela Seguí; contó con la presencia del editor y director del mismo, Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en Deuda y Derechos Humanos de la ONU; el Fiscal Federal a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, Pablo Camuña; y el Director Adjunto de andhes y Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, Gabriel Pereira.

Durante el debate, los tres especialistas coincidieron en la importancia que tuvieron los integrantes de la Corte Suprema, jueces, fiscales y los Colegios de Abogados al legitimar el poder de la Junta Militar.

Para Gabriel Pereira “hay que entender la dictadura militar desde una perspectiva más amplia que un proyecto político, económico y cultural”, por lo que instó a una discusión mucho más profunda y una realidad más complejizada. “Lo que hace el libro es complejizar la dictadura representada en valores e intereses de algunos sectores sociales de la que no es ajena el Poder Judicial, ya que sus operadores fueron útiles al accionar de la dictadura militar”, señaló el Director Adjunto de la organización de DDHH. Asimismo, para Pereira “la dictadura intentó tergiversar lo que consideramos como derecho, poniendo una visión conservadora frente al paradigma reformador y social del mismo. Hoy podemos afirmar que la dictadura no fue exitosa en implementar su proyecto e implementar esa mirada del derecho”.

Por su parte, Pablo Camuña destacó que “la agencia del Poder Judicial empieza a encontrar su rol en el terrorismo de Estado, tanto en los procesos judiciales como en los habeas corpus”. En ese orden de ideas, señaló que “entre 1974 y 1975 empiezan a crecer las causas fundadas en la Ley Antiterrorista donde se persiguen a personas por formar parte de algún movimiento político y al mismo tiempo se rechazaban en la justicia centenares de habeas corpus”. “El Poder Judicial por un lado perseguía a quienes no eran afín a la dictadura y, por otro lado, ocultaba denegando habeas corpus”, sentenció el Fiscal Federal. Posteriormente, Camuña destacó que Tucumán “va a ser la primera provincia en condenar a un Juez por su actuación durante la dictadura militar”, al hacer referencia al proceso que se lleva adelante en contra del ex juez federal Manlio Martínez.

Por último, Juan Pablo Bohoslavsky señaló que la respuesta al título de su libro “es efectivamente afirmativa, ya que el Poder Judicial lejos de proteger a los más débiles, vulnerables y víctimas, garantizó la impunidad de crímenes de lesa humanidad y prestó una gran legitimidad al régimen de la dictadura militar”. En ese sentido, explicó que el aparato judicial “cumplió dos roles de gran envergadura. Por un lado, coadyuvar al control social con la convalidación de leyes represivas, y por otro, legitimar a la Junta Militar con jueces y fiscales adictos a la dictadura lo que se encuentra probado con el rechazo de miles de habeas corpus”.

Para Bohoslavsky, los jueces y fiscales tendrían que haber renunciado, y que si esto hubiera pasado, “seguramente la fortaleza política de la Junta Militar hubiera sido mucho menor”. Además, destacó que el libro trae dos propuestas: “la creación de la Comisión Nacional de la Verdad para investigar qué pasó efectivamente con los operadores jurídicos durante la dictadura; y que la Corte Suprema haga un ejercicio de reflexión pública del rol del Poder Judicial en aquellos años pidiendo disculpas como valor simbólico en términos de reparación para las víctimas que en busca de amparo lejos de ser protegidas fueron rechazadas”.

Por último, rescató que “el juez tiene que tener siempre una mirada de derecho con perspectiva de derechos humanos independientemente del contexto en el que se encuentre sea este autoritario o democrático”.

Sobre el libro

Publicado por la Editorial Siglo XXI y prologado por Baltazar Garzón busca determinar cuál fue el papel que desempeñaron algunos funcionarios judiciales, abogados y asociaciones durante la dictadura o ¿qué podrían haber hecho los jueces dadas las circunstancias de entonces?  De esta manera, sus autores, 28 especialistas reconocidos del campo de las Ciencias Sociales de la talla del doctor en leyes Marcelo Alegre; la socióloga Claudia Bacci; la antropóloga Valeria Barbuto; el constitucionalista Roberto Gargarella; la doctora en antropología social Virginia Vecchioli; la socióloga y doctora en Ciencias Sociales Alejandra Oberti, entre otros profesionales explican sobre el rol del aparato judicial durante el terrorismo de Estado en nuestro país.

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