Viernes, 3 de diciembre de 2021

El acceso a la información pública (AIP) en la provincia de Tucumán fue y sigue siendo un tema en mora. Sin ley provincial que regule este derecho humano, desde que comenzó la pandemia ANDHES solicitó alrededor de 50 pedidos de AIP de los cuales solo 5 fueron respondidos.

Acceder a una información pública permite a cualquier persona conocer información básica para el disfrute de otros derechos fundamentales. Es por esto que lo incluimos dentro del amplio abanico de los derechos humanos; se trata de un mecanismo facilitador de otros derechos: desde requerir información para saber cuántas vacantes hay en la escuela más cercana, hasta saber cuántas camas disponibles hay en un hospital público. Todo esto implica que los habitantes lleven una vida más informada y, por ende, que sus decisiones repercutan directamente en su bienestar.

La ley nacional 27.275, sancionada con amplia mayoría en septiembre de 2016, regula todo lo referido al derecho de AIP. Indica los principios que rigen en la interpretación y aplicación de la ley, sanciona el mecanismo con el cual una persona puede requerir información pública no sólo al Estado, sino también a las empresas que brinden servicios públicos. Tiene un título innovador de Transparencia Activa, en la cual el Estado nacional se obliga de manera proactiva a publicar información de dominio público en sus plataformas, sin necesidad de requerimiento. 

Sin embargo, Tucuman es una de las 5 provincias que en la actualidad no cuenta con normativa referida a este derecho. Al momento de sancionarse la ley nacional, el ejecutivo provincial hizo público su deseo de adherirse a esa ley. Aunque luego, en diciembre del 2018 el vicegobernador expresó que la Provincia no iba a adherir a la ley nacional, sino que se iba a sancionar una ley propia. Hasta la fecha, se presentaron numerosos proyectos de AIP en la Legislatura, de los cuales ninguno fue aprobado. 

ANDHES requiere constantemente información al Estado provincial para fundamentar con datos objetivos las políticas públicas que proponemos para el bienestar de los tucumanos y tucumanas. De los más de 50 pedidos de informes, solo fueron respondidos 5. Algunos de ellos de manera escrita (como lo hizo la Corte Suprema de la Provincia y la Oficina de Violencia Doméstica del Centro Judicial Capital) y otros de manera verbal en instancia de audiencia con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio Publico Fiscal. Sin dudas, la información facilitada, nos ayudó a tener una mirada más completa sobre los temas que trabajamos, y a su vez nos permite articular de manera directa con el Estado provincial. Todas estas acciones conllevan a mejorar el entorno de trabajo y la adecuación de nuestras propuestas. Aun así, tener sólo un 10% de respuesta a los pedidos realizados en el marco del trabajo cotidiano de una organización de derechos humanos, debe despertar una alerta sobre el grado de transparencia que maneja la provincia, no solo al Gobierno de turno, sino a toda la clase política tucumana. 

Tener una normativa que regule este derecho instrumentador implica el reconocimiento por parte del Estado de que la información es pública, es de todos y todas. Y en ese sentido, creemos que adherir a la ley nacional que ya tiene una amplia aceptación, es urgente y necesario. Es un derecho útil al debate democratico que la ciudadanía debe tener sobre la calidad de sus instituciones. Esto ayuda no solo a reducir un poco más la asimetría que existe entre los representantes y representados, sino también a propiciar un voto informado.

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