Desalojaron a 40 familias de la Comunidad India Quilmes

La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los Pueblos Originarios de su territorio por el termino de cuatro años hasta tanto se efectúe el relevamiento territorial -el cual se esta realizando actualmente en la provincia-. A pesar de esto, en la mañana de hoy se realizo en Colalao del Valle el desalojo de cuarenta familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ), destruyéndose todas las construcciones que allí se encontraban.


Hace una semana, la Comunidad India Quilmes (CIQ) denunciaba que se reactivaba el peligro de desalojo contra las 40 familias integrantes de esa comunidad en la localidad de Colalao del Valle. Tal como lo previeron, en la mañana de hoy se efectivizó la medida.
“La medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden publico, infringe los derechos de las comunidades indígenas reconocidos en pactos internacionales, constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que cincuenta efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres. Producto del desalojo y sin fundamentos, la policía detuvo a dos personas de la CIQ.
Esta medida fue articulada arteramente por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, quien a pesar de estar denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sigue actuando y cometiendo distintos tipos de atropellos contra la comunidad.
Asimismo, es necesario destacar que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quien en todo momento desconoció la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.
La medida de desalojo se encuentra  apelada mediante un  recurso de queja ante la Corte por inconstitucionalidad pendiente de resolución fundado, entre otras razones, en las arbitrariedades e imparcialidad que mostró el Juez de Paz en la tramitación del proceso.
“La medida de desalojo llevada adelante convella la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.
   

 

 

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