Lunes, 28 de diciembre de 2020

Desde el año 1921 nuestro Código Penal legisla sobre el aborto no punible, aplicable en los casos donde corra peligro  la vida de la persona gestante, cuando haya una afectación en su la salud física y mental y por ultimo en caso de que el embarazo sea producto de una violación; sin embargo, siguen observándose obstáculos en el acceso a la interrupción legal del embarazo interpuestos por profesionales del sistema de salud y de la justicia, obligando a las personas gestantes a parir.    

Claros ejemplos del mal accionar del sistema de salud se dieron sobre todo en niñas que fueron abusadas. En Tucumán desde ANDHES acompañamos el caso de Lucia, niña tucumana de 11 años a quien se le practicó una cesárea y posteriormente fue obligada a maternar. En Jujuy, este año, a una niña de 12 años de la localidad de Monterrico le practicaron una cesárea de gemelos con previa maduración fetal.  Esta misma acción fue realizada en una niña de 12 años de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, en enero de 2019, con prácticas similares del sistema de salud, utilizando la estrategia de retrasar la interrupción del embarazo, buscando la viabilidad de los fetos a costa de la vida y salud integral de las niñas que fueron revictimizadas y violentadas nuevamente por aquellos efectores y organismos del Estado que debieron protegerlas y en su lugar, obstaculizaron y demoraron deliberadamente el acceso a la ILE practicándoles cesáreas, dejando marcas en sus cuerpos, decidiendo por sobre las niñas y sus familias, ejerciendo violencia institucional en pos de moralizar la corporalidad femenina. En estos casos y seguramente muchos otros que no se denuncian, las niñas fueron víctimas no solo de violencia sexual, sino que las convirtieron en rehenes de la violencia institucional y obstétrica por parte de  los estados provinciales.

De esta forma, se deja en evidencia  la vulneración de leyes nacionales y protocolos de actuación para casos de ILEs.  Cabe mencionar que la provincia de Tucumán no adhirió al protocolo ILE y obstaculizó la adhesión provincial a otras leyes que hacen a los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Por otro lado  la provincia de Jujuy adhirió al protocolo de interrupción legal del embarazo, pero aun así cumple de manera irregular el mismo. Es necesario destacar que el personal de salud declarado objetor de conciencia, quebrantan el secreto profesional y mediatizan la situación a fin dilatar los procedimientos y decidir por sobre la voluntad de las personas gestantes.

En este contexto existe una clara violación a los Tratados Internacionales que fueron incorporados por nuestra Constitución Nacional en 1994 en protección de los derechos humanos. Tal es así que los órganos de aplicación de dichos tratados internacionales, tales como el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vienen recomendando expresamente a la Argentina que modifique su legislación penal contra el aborto. En esta misma línea en el año 2012 la Corte Suprema tuvo que “aclarar”, siguiendo las recomendaciones de los máximos organismos internacionales,  los alcances de la Interrupción Legal del Embarazo a través del fallo FAL.

La penalidad del aborto se afirma como un  mecanismo  de control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las niñas, mujeres y personas gestantes.  De esta forma,  son juzgadas como si pudieran tomar decisiones de forma libre y autónoma, se las estigmatiza como asesinas y para construir esas figuras se invisibilizan las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran. En muchos casos mujeres y niñas que sufrieron violaciones de las que resultaron embarazos y por desconocimiento o temor, no accedieron a una interrupción legal del embarazo y muchas de las que sí asistieron al sistema de salud público, vieron obstaculizado este derecho.

Hoy contamos con media sanción de un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto el cual establece la posibilidad de realizar la práctica hasta las 14 semanas de gestación inclusive, luego de las 14 semanas la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo cuando se den causales de peligro en la vida, salud integral de la persona gestante o violación. Este proyecto representa una medida de acción positiva por parte del Estado que procura equilibrar la desigualdades de hecho, desigualdades a la que les senadorxs no pueden ser inertes ni cerrar los ojos ante la diversidad de circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse. La manda constitucional no deja lugar a dudas: el derecho a la igualdad real de oportunidades, al acceso a la salud integral deben garantizarse.

Este proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo representa también el fruto de  la lucha histórica de los movimientos feministas y transfeministas, y es sin lugar a dudas el debate que más problematiza la vulneración de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Es el debate que también sacó de la clandestinidad a las malas prácticas llevadas adelante por los efectores del estado en lo que respecta al acceso a la  interrupción legal del embarazo.

Este 29 de diciembre esperamos el debate en la Cámara de Senadorxs para  que se garanticen los derechos reproductivos y no reproductivos de las personas gestantes. No podemos seguir esperando, a merced de la discrecionalidad de efectores de salud, policías, fiscalías, jueces y juezas ya que los costos de la ilegalización corren por cuenta de las miles de mujeres y personas gestantes, de diferentes edades, niñes, adolescentes y adultes que son empujades a la clandestinidad y a la incertidumbre sobre su salud y libertad. Allí  la pobreza opera como una línea de vulneración más dejándolas más expuestas a los abortos inseguros, a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y de violencia institucional, impactando en su salud física y emocional e incluso en sus vidas

Consideramos urgente la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, incluyendo sus derechos reproductivos y aquellos relacionados a su inherente condición de persona. Creemos y confiamos en la lucha histórica donde sigue siendo  fundamental tomar las calles como apuesta política a fin de exigir que la Interrupción Voluntaria del Embarazo  se incluya dentro de las políticas públicas del Estado.

Que la educación sexual sea implementada efectivamente y con presupuesto para poder decidir, que los anticonceptivos sean para todas y todes para no abortar, y que el aborto sea libre, voluntario, gratuito y en condiciones de salud integral, para no morir. 

Porque la maternidad será deseada o no será.

Ni una menos por aborto clandestino.

¡QUE SEA LEY!

Diandra Yeis Guzman
Coordinadora del Área de Género y DDHH de Jujuy

Natalia Soledad Peñaloza
Asistente del Área de Género y DDHH de Jujuy

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