Criminalización de la lucha indígena en Tucumán.

El caso de Riarte se suma a las numerosas denuncias penales que pretenden disuadir a los indígenas de la lucha por sus territorios ancestrales.

El pasado 25 de Julio, el fiscal de instrucción penal de la X nominación solicitó una orden de detención para 25 personas, fundado en “bastantes sospechas de haber participado el hecho que se investiga”.La justicia tucumana, ordenó la detención de 25 personas, de la Comunidad Indígena Indio Colalao, mediante un escrito que no se detuvo, por ejemplo, en señalar cuáles son “los hechos que se investigan”, ni cuáles de esas veinticinco personas estarían siendo imputadas por la participación en los hechos, ni qué tipo de participación se les estaría imputando a cada uno.
La bochornosa actuación de la justicia tucumana sigue dando muestras de cuán vulnerables pueden ser los principios del debido proceso, cuando se trata de garantizárselos a miembros de los grupos más vulnerables de la sociedad, en este caso indígenas. En este caso, sólo ocho, de las veinticinco personas con orden de detención, habían sido citados para declarar oportunamente, las diecisiete restantes amanecieron un día con una orden de detención, injustificada.
Resulta conveniente recordar que no se trata de la única causa de estas características en la provincia de Tucumán, ni en el país. La justicia ha sido históricamente la herramienta por excelencia de empresarios y sectores acomodados de la sociedad para pretender legalizar la opresión, el despojo y la explotación de miembros y grupos de los sectores más vulnerables. Los Pueblos Originarios conocen muy bien esta historia y este proceder, y saben también que la historia tarda en revertirse. Por eso en Tucumán muchas Comunidades Indígenas día a día soportan el hostigamiento, la persecución y los intentos de amedrentarlos mediante este tipo de causas. Como dijera el Relator Especial para Pueblos Originarios de la ONU “Detrás de esta historia, en todo el hemisferio y otras partes del mundo, se encuentra el afán de lucro de las empresas en los territorios indígenas junto con la falta de otorgarle valor a los patrones culturales de los pueblos indígenas” (James Anaya, Audiencia caso Sarayaku CIDH, Julio 2011).
Podemos decir que hay irregularidades procesales, que se pueden resaltar vicios en la actuación judicial y flagrantes violaciones al debido proceso. Sin embargo es necesario señalar que todo ello, en el marco des estas causas promovidas a decenas por quienes pretenden apropiarse de territorios ancestrales de los pueblos indígenas, y viabilizadas con una celeridad que llama la atención por el Poder Judicial tucumano, se llama persecución penal y criminalización de la lucha indígena, señaló la Directora Ejecutiva de andhes, Josefina Doz Costa.
 

Ingrese su búsqueda y presione enter.
EnglishFrançaisDeutschEspañol