A 40 años de la vuelta a la democracia el “Nunca Más” pareciera no existir cuando se trata de violencia institucional, represión y ejecuciones por parte de efectivos policiales hacia niñes, adolescentes y jóvenes de zonas vulneradas del país. 

El viernes 18 de agosto se dictará sentencia en el segundo juicio por el asesinato de Facundo Ferreira, quien fué ejecutado por efectivos de las fuerzas de seguridad en 2018. Los agentes imputados, Mauro Diaz Caceres y Nicolás Gonzalez Montes de Oca, fueron condenados en el año 2021 por la Cámara Conclusional, pero en febrero de 2023 la Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló la condena y ordenó la realización del nuevo juicio.

Facundo vivía con su abuela en el Barrio Juan XXIII y tenía 12 años cuando dos agentes de las fuerzas de seguridad de Tucumán lo identificaron como sospechoso, lo persiguieron y lo ejecutaron por la espalda con balas de goma y plomo, mientras volvía a su casa con un amigo.

El caso de Facundo ha sido el centro de las más duras críticas dirigidas a la criminalización y estigmatización de la pobreza. La criminalización de la pobreza muestra su cara más cruenta en casos de gatillo fácil como el de Facundo, en los que generalmente la respuesta de los organismos y autoridades judiciales es de impunidad y aval hacia el uso excesivo de la fuerza, legitimando prácticas ilegales, que lesionan garantías constitucionales y ponen en riesgo la integridad física y la vida de quienes son considerados “sospechosos”. A la violencia institucional se le suma la violencia estructural de un Estado que no solo criminaliza la juventud y adolescencia, sino que propicia la impunidad de los agresores.

Periódicamente, en épocas de elecciones estas violencias también se traducen en propuestas de soluciones mágicas y demagógicas en materia de seguridad vinculadas a castigar cada vez más y cada vez peor a niñas, niños y adolescentes.

Analicemos brevemente las posturas: 

En 2018, cuando ocurrió el asesinato de Facundo Ferreira, la actual candidata a presidente de la nación, Patricia Bullrich, ejercía el cargo de Ministra de Seguridad de la Nación, función desde la cual instituyó e impulsó la llamada “Doctrina Chocobar”, que implica un debilitamiento de los controles políticos y judiciales del uso de la fuerza por parte de efectivos policiales, legitimando la brutalidad y letalidad policial en un marco de profunda impunidad. La candidata sostiene esta postura en el marco de su campaña para presidente.

Por otro lado, Horacio Rodriguez Larreta, quien compitió como precandidato a presidente en las PASO que se realizaron el domingo 13 de agosto, expresó en su propuesta de seguridad en estos términos: "Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos".

Por otro lado, desde su función como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de las fuerzas policiales de la ciudad, mantiene una postura de aval hacía la represión de la protesta por parte de efectivos policiales. Luego de la muerte de Facundo Morales, en el marco de una violenta represión de la policía porteña, declaró: “ la policía actuó con total profesionalismo, como siempre”. 

Quien aparecía como su mano derecha en las elecciones PASO era Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia de Jujuy y de la reforma expres de la constitución provincial realizada sin información, sin participación, sin publicidad.  Él es responsable de las brutales represiones sufridas a las comunidades y pueblos indígenas, a las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que continúan en lucha para ser escuchades.   

El candidato Javie Milei, precandidato presidencial más votado en las PASO, también se encamina por la misma línea de Juntos por el Cambio en ese sentido, presentando ante la justicia una plataforma electoral que contiene la baja de la edad de punibilidad para niños, niñas y adolescentes.  Por otro lado, una de sus principales propuestas es la desregulación de la venta de armas, para su adquisición libre y “devolverle el apoyo político a las fuerzas de seguridad” respecto al uso abusivo de la fuerza para reprimir el delito.

Sergio Massa por su parte, desde el año 2013 sienta postura sobre esta situación. Recientemente, en el marco de la campaña, declaró: "Yo tengo una postura pública y es que entre los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil"

Estas propuestas y discursos amplificados por los medios de comunicación hegemónicos, ubican a las niñeces y adolescencias como los principales generadores de violencia o el grupo etario más provocador para la sociedad.  Hay un incremento de los discursos enmarcados en una política criminal que apunta a las niñeces y adolescencias como culpables de la inseguridad.

Indudablemente ninguna de estas perspectivas logran hablar de las niñeces y adolescencias. Sobre todo, cuando hoy estamos esperando una sentencia por el caso de un niño asesinado por las fuerzas policiales.

Entonces nos cuestionamos: ¿A quiénes están dirigidos estos discursos y propuestas? ¿Por qué un sector de la sociedad puede sentir tranquilidad al escuchar estas propuestas?  

La poca o casi nula capacidad de asombro ante la violencia que ejerce la policía nos lleva a pensar en la necesidad imperante de problematizar las propuestas, los discursos y el accionar de la política y la policía para repensar qué elegimos cuando elegimos.

De cara al dictado de sentencia, desde Andhes reiteramos el pedido de justicia por Facundo y reparación a sus familiares. Asimismo solicitamos al gobierno provincial, en sus tres poderes, una abordaje integral con perspectiva en derechos humanos, que no refuerce ni promueva la criminalización de los niños, niñas y adolescentes.