El lunes 10 organizaciones de defensa de derechos y referentes de comunidades originarias tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado argentino en la que planteamos la grave situación que viven los pueblos indígenas en la Argentina, en relación con la negación del acceso al territorio, la falta de consulta previa para la toma de decisiones que los afectan, y el marco de creciente racismo y violencia que caracteriza al accionar del Estado. 

La Argentina tiene leyes vigentes y tratados institucionales de rango constitucional que garantizan derechos a los pueblos indígenas, pero estas normas no se cumplen: son ignoradas por los gobiernos provinciales, y los poderes judiciales hacen todo lo posible para no aplicarlas. Ante esta situación en la que el Estado no se ajusta a la ley, el activismo de los pueblos indígenas se viene intensificando, a lo que se responde a su vez con represión,  criminalización y campañas de estigmatización. 

En la audiencia detallamos cómo en los últimos años hubo episodios de violencia policial extrema contra pueblos indígenas, en contextos de protestas o no, en provincias como Chaco, Formosa, Chubut, Río Negro, Neuquén, incluso con personas muertas y heridas de gravedad. La situación actual en Jujuy es una muestra clara de este racismo: los pueblos indígenas no fueron consultados para una reforma constitucional que los afecta seriamente, y cuando se manifestaron fueron reprimidos y criminalizados. 

El Estado argentino estuvo representado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los funcionarios detallaron algunos avances puntuales que son valorables, pero no pudieron dar cuenta de la ausencia de una política de fondo para resolver estos problemas, ni tampoco explicaron por qué otros sectores del Estado nacional (como el Ministerio de Defensa o la Administración de Parques Nacionales) y especialmente los gobiernos provinciales buscan y en la mayor parte de los casos consiguen obstaculizar los escasos avances que se logran. 

En las respuestas al Estado planteamos la urgente necesidad de modificar las prácticas estatales violentas y racistas y de coordinar una política de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. En el caso del Estado nacional, se debe empezar por la disolución del Comando Unificado de Fuerzas Federales, creado por el gobierno nacional el año pasado en Río Negro, cuya sola existencia es ya un mensaje estigmatizante hacia las comunidades indígenas de la zona. 

Le solicitamos a la CIDH que en el corto plazo realice una visita in loco a la Argentina para observar de primera mano y poder conversar con representantes de los diferentes pueblos sobre las situaciones de violencia y falta de diálogo, especialmente en el contexto del avance de las industrias extractivas sobre los territorios indígenas.