El 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional en nuestro país. Mediante Ley N° 26.811 se declaró este día en recuerdo de la llamada “Masacre de Budge” en donde 3 jóvenes fueron asesinados por la policía bonaerense en el año 1987.

Es un día para recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos, según lo establece la ley.

Este año en particular, la provincia de Tucumán sufrió un alarmante retroceso en la lucha para erradicar la violencia como práctica cotidiana del accionar policial. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en los casos de Facundo Ferreira y Miguel Reyes Perez, representan un claro mensaje político de aval a la brutalidad policial, al pedido de mano dura en contexto electoral, además de que consolidan la impunidad con que algunos miembros de las fuerzas de seguridad desarrollan sus tareas, legitimando así la violencia institucional y la brutalidad policial.

Asimismo, en un contexto de profunda crisis carcelaria, se calcula que casi el 50% del total de las personas privadas de libertad en Tucumán se encuentran alojadas en comisarías o dependencias policiales, en pésimas condiciones edilicias, hacinadas, sin acceso a derechos fundamentales y bajo el cuidado y supervisión de personal policial que no está pensado ni capacitado para esa tarea.

Es por ello que insistimos en la necesidad de repensar la seguridad desde el paradigma de los Derechos Humanos, en contraposición a la tradición arbitraria, ilegal, violenta y vulneratoria de derechos de las fuerzas de seguridad. Exigimos que cesen los hechos de torturas y violencia en dependencias policiales y se investiguen con debida diligencia los hechos denunciados en cada una de las causas.