A pesar de las imágenes y el testimonio de Díaz, la justicia tucumana quiere cerrar la causa con un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual los imputados reconocen su responsabilidad y junto a sus defensas particulares y al ministerio público acuerdan el tipo penal y la pena, sin ninguna participación de la víctima. La calificación legal que acordaron no fue por torturas sino por vejaciones, una figura legal contemplada para casos donde un funcionario en “aplica apremios ilegales a una persona o a los presos que guarda”. A ello se suma que no se contempla la inhabilitación del personal policial para ejercer funciones.

Sin embargo, desde Andhes -querellante en representación de Díaz- consideraron que el hecho debe encuadrarse como tortura, según lo establecido por el Código Penal argentino pero además por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

“Es un caso de torturas porque un funcionario público genera sufrimientos graves físicos y psicológicos a una persona con la intención deliberada de castigarlo más allá de lo legal. Por esto, rechazamos el principio de acuerdo entre la Fiscalía y la defensa oficial y esperamos que el juez permita que los policías sean juzgados por hechos que a las claras constituyen tortura”, indicó Emilio Guagnini, abogado querellante en representación de Andhes.

La causa se está tramitando en la Sala condicional 3 por lo que el juez a cargo, Luis Fernando Morales Lezica, será quien en definitiva decidirá si acepta la propuesta de acuerdo en juicio abreviado o dispondrá que se lleve adelante un debate oral y público y bajo qué figura legal.