Nos abocamos al análisis y al estudio de propuestas de políticas públicas en materias de seguridad, con una perspectiva que incorpora las necesidades locales en un marco de respeto de los estándares internacionales de derechos humanos.

Asumimos que las políticas efectivas de prevención del delito son políticas integrales, y no acciones aisladas que protegen a algunos, a costa de la violación de derechos de otros, generalmente colectivos en situación de vulnerabilidad.

Abogamos por un Estado cuya función de coerción se desarrolle dentro de los parámetros legales y racionales, que permita a todos los miembros de la comunidad gozar y ejercer los mismos derechos, sin exclusión de ningún sector.

En nuestros inicios, la aplicación arbitraria de la ilegal Ley de Contravenciones Policiales, motivó el despliegue de una estrategia que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de la misma, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en octubre de 2010. Sin embargo, en la actualidad, el Estado provincial continúa avalando que la policía utilice esa ley como una herramienta de amedrentamiento y control social sobre grupos socialmente estigmatizados, residentes en su mayoría en las áreas suburbanas. Por esa razón trabajamos con estos grupos y con la sociedad en general en el conocimiento de sus derechos, y en el diseño de herramientas colectivas para combatir los abusos policiales.

Hemos llevado adelante capacitaciones dirigidas a personal policial desde una perspectiva de derechos humanos y hemos participado de espacios de debate de nuevas metodologías de educación policial.

En los últimos años, concentramos nuestros esfuerzos en trabajar articuladamente con organizaciones nacionales (Red Nacional de Organizaciones contra la Tortura en Argentina) para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en la implementación de Comisiones Provinciales en Tucumán y Jujuy, desarrollando para ello debates y trabajos de investigación.