Para esto contamos con diferentes estrategias de defensa, cuyo fin es facilitar el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad con los cuales trabajamos.

Apostamos por la resolución de conflictos por fuera de la judicialización siempre que sea posible.

Entendemos el litigio estratégico como una vía que permite la redefinición y adecuación de políticas públicas que tengan como fin garantizar el pleno goce de los derechos humanos. Para esto, seleccionamos casos que representan intereses colectivos -aunque sean individuales-, y que muchas veces son el resultado de una desigualdad estructural en el acceso a derechos. La estrategia consiste en articular diferentes acciones legales, políticas y comunicacionales con los propios actores, que apuntan a visibilizar y transformar la realidad en la que suceden estos casos, y así sentar precedentes y jurisprudencia que contribuya a facilitar el acceso a la justicia para las comunidades junto a las cuales trabajamos.