El día jueves 3 de abril de 2025 se llevara a cabo una audiencia en la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a los fines de discutir la procedencia de los procesamientos de los empresarios Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori quienes se encuentran acusados por su complicidad en la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados en el predio del Ingenio la Fronterita, propiedad de la familia Minetti, durante el terrorismo de estado en la provincia de Tucumán.
Cabe recordar que en el Ingenio se instaló una base militar que funcionó como Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT) desde el comienzo del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán, hasta avanzada la dictadura cívico militar.
Entre las víctimas se encuentra Fidel Jacobo Ortiz, quien era trabajador del surco y fue secretario general del Sindicato del Ingenio La Fronterita. Ortiz continúa desaparecido y sus 8 hijos continúan reclamando justicia hasta el presente.
Si bien la fijación de fecha de debate estaba próxima a definirse, un fallo de la CSJN ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal que revisara el auto de procesamiento dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en contra de los acusados, a fin de garantizar el llamado “doble conforme”.
La lentitud en el avance del caso es un patrón que se repite en las causas contra empresarios acusados de complicidad con el terrorismo de Estado, quienes resultan muchas veces beneficiados por el paso del tiempo, garantizando su impunidad. Las víctimas, en cambio, ven frustradas sus expectativas de obtener justicia en un plazo razonable.
Interés Internacional
Es tan preocupante lo que acontece con las causas contra actores económicos que organizaciones a nivel internacional se encuentran monitoreando estos casos.
Por ejemplo, Amnistía Internacional se presentó como “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) en el expediente que actualmente se encuentra en la Cámara Federal de Casación sala IV, donde deberá resolverse la situación judicial de Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori determinando si la causa avanza o no hacia el debate oral y público.
En su presentación (puede verse al final de la nota), Amnistía Internacional enfatizó en los estándares vigentes en materia del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligación de Argentina de proveer a las víctimas de la complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad recursos accesibles, adecuados y efectivos, que en un plazo razonable y de manera integral garanticen el acceso a la justicia de quienes esperan desde hace 50 años el desenlace de esta causa judicial.
Asimismo, Amnistía destacó el riesgo de que el prolongado trámite judicial por el que atraviesa la causa pueda resultar en la impunidad de los acusados dada su avanzada edad.
La situación de las víctimas
En cuanto a las víctimas, la Fiscalía Federal en un reciente relevamiento ha informado al Tribunal Oral Federal de Tucumán sobre las condiciones actuales en las que se realizará el posible juicio oral, en relación a los testigos y víctimas:
Del total de las 68 víctimas de la causa, descontando a las 7 personas que se encuentran detenidas desaparecidas, 19 han fallecido. Respecto del resto de las víctimas, la fiscalía tiene datos certeros sobre 28 personas, de las cuales 11 tienen más de 70 años.
Finalmente, sobre el resto de testigos ofrecidos, los datos verificados con RENAPER dan cuenta que de 64 personas, respecto 31 de ellos es decir casi el 50% son mayores de 70 años.
Día a día vemos como las víctimas de la causa, ex habitantes de las colonias del ingenio y zonas aledañas, agravan sus problemas de salud, muchas veces directamente relacionados con las torturas físicas y psicológicas sufridas durante su cautiverio en el CCDT Fronterita.
Es por esto que desde ANDHES bregamos para que la causa logre llegar a juicio oral lo antes posible. Para esto es necesario que la Cámara Federal de Casación Penal, confirme los procesamientos de los imputados e intime al TOF de Tucumán a fijar inmediatamente fecha para el juicio oral contra los empresarios.
