Desde la asunción del Jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, la violencia en sus dichos públicos ha ido escalando sostenidamente y se ha ido conjugando con una serie de episodios preocupantes porque son contrarios al marco normativo vigente. En los últimos dos años, hemos registrado un aumento de megaoperativos de detenciones masivas, que se caracterizan según los testimonios que hemos conocido por irregularidades: cobro ilegal de dinero por liberaciones, incomunicación de los detenidos y obstaculización del acceso a la defensa.

En los últimos meses se han recurrido a nuevas estrategias legales para justificar las detenciones masivas, como la imputación del delito de resistencia a la autoridad, lo que dificulta la presentación de recursos de Habeas Corpus. Este contexto ha aumentado la vulnerabilidad de los habitantes de barrios populares, quienes sufren un control social desproporcionado. 

En fecha 09/08/2024, los vecinos de Villa Alem, Barrio ubicado en San Miguel de Tucumán, denunciaron que las fuerzas policiales vienen llevando a cabo detenciones arbitrarias, en operativos que llaman “el trencito”. Uno de los vecinos mencionó: “Todos los días andan por acá los del 911, con muchas camionetas y policías. Al que ven en la calle, lo levantan sin motivo. Hasta uno tiene miedo de salir, yo tengo 62 años y también temo que me detengan cuando voy a trabajar. Esto está violando nuestros derechos, es como en la época de la dictadura militar, cuando hacían razias y se llevaban a cualquiera".

En fecha en fecha 16/11/2024, tomamos conocimiento a través de referentes comunitarios que en horas de la tarde, se habría llevado adelante otro operativo del “trencito” en el Barrio Galicia de Villa Mariano Moreno, en el que la policía habría privado de libertad a una cantidad considerable de personas, adultas y adolescentes, que habrían sido llevadas a la comisaría de Los Nogales. Los referentes comunitarios manifestaron que a los detenidos les habrían pintado los dedos, luego de exigirles dinero y que una vez recaudado el dinero exigido, habrían roto las fichas de las huellas digitales. También manifestaron que las personas detenidas fueron golpeadas e insultadas por los efectivos policiales. Cabe señalar que no contamos con registros de este operativo.

En fecha 21/11/2024 tomamos conocimiento de un megaoperativo desplegado en diversas zonas de la provincia, bajo la orden de servicio N° 12/2024 Apéndice NRO. 54. Según trascendió, se dispuso de recursos pertenecientes a 4 zonas operativas y 36 comisarías de la Policía de Tucumán, es decir, estamos hablando de una cantidad importante de recursos del estado para la realización de un operativo de características similares al “trencito”. Asimismo, trascendieron videos registrados por vecinos de las zonas afectadas en el operativo, en los que se puede observar claros hechos delictivos por parte de los efectivos, como malos tratos y detenciones arbitrarias.

Por su parte, la postura del Jefe de Policía nos genera gran preocupación porque desde la función pública con sus declaraciones fomenta el enfrentamiento entre distintos sectores de la sociedad; incitando y legitimando la violencia institucional, el uso desproporcionado de la fuerza estatal y las ejecuciones de ciudadanos por parte de efectivos policiales.

Las fuerzas de seguridad deben trabajar en la prevención de conflictos y en fomentar una convivencia pacífica, utilizando la fuerza de manera proporcional. Las consecuencias de estas declaraciones se reflejan en un aumento de enfrentamientos mortales y muertes evitables. Al incitar a sus oficiales a actuar ilegalmente, el funcionario ignora el marco normativo que protege los derechos de todos los ciudadanos. 

En fecha 03/09/2024, el Jefe de Policía dió una nota a la prensa, en frente del Hospital Padilla, en el marco de la visita al policía implicado en la muerte del adolescente de 15 años ejecutado extrajudicialmente. En esa entrevista manifestó: “No les vamos a permitir que nos ganen la calle, que nos ganen en un operativo, el delincuente que se enfrenta a un policía debe terminar muerto, debe terminar muerto, porque así debe ser. Porque ellos no piensan si el policía tiene o no familia, y nosotros tampoco tenemos que pensar en eso”.

El 29 de agosto de 2024, un policía disparó sin aviso a Franco Ezequiel Almirón en Av. Martín Berho, causándole heridas graves que lo dejaron en estado crítico. Se demostraron  serias irregularidades en el operativo, ya que los agentes implicados abandonaron el lugar sin asistir a la víctima ni informar a sus superiores. Ese mismo día, un joven fue asesinado por un agente de policía durante un supuesto intento de robo en su domicilio, lo que marcó el sexto homicidio en una semana. Seguidamente, el 2 de septiembre, un adolescente de 15 años fue asesinado por otro agente policial en circunstancias similares.

Sobre estos lamentables hechos, las declaraciones del Jefe de Policía reafirmaron que la violencia será una respuesta habitual ante la presunción de un crimen, lo que agrava la preocupación por la escalada de violencia institucional. Manifestó “El efectivo actuó correctamente, que sepan los delincuentes que terminarán muertos cuando se enfrenten a nuestros hombres”.

Hace 14 años, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Contravenciones Policiales de Tucumán (N° 5140), sin embargo, sigue siendo utilizada por las fuerzas de seguridad para realizar detenciones arbitrarias, a pesar de la recomendación de la Corte de crear una nueva normativa acorde con los estándares internacionales.

Represión de la protesta pacífica 

El 8 de julio, en ocasión de la visita del presidente Javier Milei a la provincia para participar de la vigilia del día de la independencia argentina, movimientos populares, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos organizaron actividades pacíficas para pronunciarse en disidencia durante la visita del presidente. Las fuerzas de seguridad provinciales desplegaron un operativo de fuerte represión y cuatro referentes pertenecientes a sindicatos y movimientos populares fueron detenidos en condiciones irregulares y trasladados a distintas dependencias policiales, bajo la figura del delito de “resistencia a la autoridad”. Desde ANDHES interpusimos recurso de Habeas Corpus frente a la justicia provincial y las personas detenidas fueron liberadas entre 6 y 8 horas más tarde. Esta es la primera represión de la protesta social que se registra en nuestra provincia en al menos 20 años, este hecho es un grave retroceso en la garantía y protección del derecho a la libre expresión y la protesta pacífica. 

Crisis en los lugares de encierro: hacinamiento, violencia y muertes en custodia 

La provincia enfrenta una grave crisis en los lugares de detención, que alcanzó niveles críticos en los últimos años. En 2015, la cifra oficial de personas privadas de libertad (PPL) en dependencias policiales informadas por el Poder Ejecutivo era de 676 personas, esto en el marco del Habeas Corpus Correctivo Colectivo presentado por dos fiscales de instrucción penal. En diciembre de 2022, la cifra de PPL en comisarías ascendía a 1,479, casi igual a las 1,452 en establecimientos penitenciarios.

Actualmente, según datos oficiales, hay 2,381 personas detenidas en comisarías, reflejando el crecimiento exponencial de la prisionalización en la provincia de Tucumán, contando con un 350% más de PPL en comisarías, en relación al año 2015, con comisarías que cuadruplican su capacidad sin condiciones dignas de alojamiento, en violación de recomendaciones de organismos especializados.

El 18/09/2024 el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura presentó un informe sobre las condiciones de la comisaría seccional N° 11, solicitando la intervención urgente del SIPROSA para atender a A.D., una persona con HIV en grave estado de salud sin acceso a cuidados adecuados. A.D., condenado a 8 meses por violencia de género, falleció al día siguiente tras ser trasladado al Hospital Avellaneda. De haber contado con una defensa eficaz, A.D. podría haber solicitado una medida alternativa y acceso a un tratamiento adecuado para su diagnóstico.

A un año de asumida la nueva gestión provincial del poder ejecutivo, observamos con profunda preocupación el aumento exponencial y la multiplicación de situaciones preocupantes que marcan claros retrocesos en materia de Derechos Humanos en el marco de la política de seguridad de la provincia, en un contexto de marcada y creciente crisis social y económica, con el 52,9 % de la población por debajo de la línea de pobreza (Fuente INDEC), alineándose a la política planteada por el Gobierno Nacional.

En este contexto es que el día 1/11/2024 le solicitamos a la CIDH que manifieste su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales, solicite al estado provincial información sobre los operativos y el régimen de alojamiento previsto para la nueva cárcel en Benjamín Paz.

En la presentación ponemos en conocimiento de la CIDH la situación de incitación a la violencia y la promoción de accionar ilegal de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios públicos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares y el empeoramiento de la crisis carcelaria. Solicitamos  urgentemente que la Comisión requiera al Estado tucumano información sobre estas prácticas y demande su cese, exigiendo el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos.

Ante el megaoperativo desplegado el día de ayer, 21 de noviembre, hemos presentado un pedido de información al Ministerio de Seguridad para que informe quién ordenó estos operativos y cuál es el marco de legalidad de los mismos. También solicitamos información sobre las detenciones y/o aprehensiones realizadas por la Policía de la provincia durante el operativo policial realizado, los motivos de la detenciones y la situación actual de las personas detenidas. Ante este nuevo hecho de violencia policial es que le hemos dado seguimiento a la mencionada carta presentada a la CIDH, poniendo en conocimiento estos hechos nuevos y reiterando el pedido de informes en virtud del artículo 41 de la CADH.