Desde ANDHES repudiamos el desalojo de la Comunidad Indígena de Guerrero - Jujuy

Este desalojo, ocurrido el 15 de octubre, ordenado por la jueza Liz Valdecantos con la movilización de un centenar de policías y la utilización de la fuerza represiva ante mujeres, niñeces, adolescencias y personas adultas mayores, fue ejecutado en beneficio de los intereses privados de la familia terrateniente Jenefes-Quevedo, representando un ataque directo contra los derechos ancestrales de la comunidad.

La Comunidad de Guerrero, con resolución N° 485/08 de relevamiento territorial por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ha sido despojada de sus tierras de manera violenta, irregular e ilegal. Este desalojo vulnera su derecho al territorio, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se les ha prohibido alimentar a sus animales, y se ha iniciado la demolición de sus viviendas y del cementerio ancestral, profundizando el despojo y la agresión a esta comunidad que ha habitado el territorio desde tiempos inmemoriales.

El desalojo de Guerrero es el resultado de la falta de aplicación de los tratados internacionales y el uso normativo discrecional por parte del gobierno provincial, ya que en 2021 mediante un decreto se dejó sin efecto la personería jurídica habilitada en 2016 para la comunidad Aborigen de Guerrero por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas ante las presiones políticas de Jenefes.

También es resultado de las actuales políticas regresivas impulsadas por el gobierno nacional a inicios de octubre, que derogaron normativas que protegían los territorios indígenas, abriendo así el camino para que terratenientes avancen sobre tierras pertenecientes a las comunidades originarias. Este caso sienta un peligroso precedente en nuestra provincia, donde los derechos colectivos de los pueblos indígenas son desconocidos, aun cuando cuentan con relevamientos y reconocimientos oficiales.

Desde ANDHES, exigimos la garantía de estos derechos, tanto a nivel nacional como internacional. Observamos con preocupación la regresión normativa que vienen ejecutando el gobierno nacional y provincial. Nos solidarizamos con la Comunidad de Guerrero en su legítima lucha y hacemos un llamado urgente a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos a sumarse a este reclamo, exigiendo el cese de la persecución y la criminalización de los pueblos indígenas.


Fotografía: Alerta Campesina



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