Sin criaderos no hay mosquitos. Renova el agua, elimina desechos y residuos, gira tachos y baldes y gira los recipientes. Estas recomendaciones forman parte de las campañas de prevención del dengue en la provincia de Tucumán, como de otras provincias del NOA y el resto del país. Delegando responsabilidades estatales sobre la población individualmente considerada. 

Si bien hay una dimensión individual del cuidado, la salud pública y el abordaje de esta es un derecho humano fundamental que está protegido por numerosos instrumentos internacionales. El sistema interamericano (1) plantea el derecho a la salud como un derecho a la protección de la salud, no solo como ausencia de enfermedad, y principalmente la disponibilidad de medios para lograr el mayor nivel de bienestar posible.

En esta línea la REDESCA (2) ha expresado su preocupación por la crisis de salud pública de dengue en las Américas, e instó a los Estados a adoptar políticas públicas basadas en los derechos humanos para proteger a las poblaciones vulnerables y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud. La interdependencia de los derechos humanos, obliga a pensar el derecho a la salud como un eslabón en un encadenado de derechos que permiten una vida digna.

En el último año se registró el mayor número de contagios de dengue en el país y la región desde que el dengue comenzó a ser un problema de salud pública. A nivel regional fue la zona centro la más afectada ya que concentra hasta el momento el 58% de los casos seguida por las regiones NEA y NOA, las que aportan el 21% y 20% de los casos respectivamente mientras que las regiones Cuyo y Sur aportan menos del 1% (3).

Ahora bien, la incidencia acumulada en el último período estival, esto es la cantidad de casos en relación a la población del territorio, revela una marcada desigualdad regional: de donde la mayor incidencia acumulada corresponde a la región del NEA con 1315 casos cada 100.000 habitantes, seguida de la región NOA con 888, Centro con 514, Cuyo con 100 y Sur con 26. Este es un claro signo de abandono estatal, pues aún cuando existen mayores números absolutos de  gente en otras provincias, estos no llegan a afectar a la población de forma intensa como en el NOA. Podemos citar algunas acciones ante ello, como el desfinanciamiento de políticas públicas destinadas a hacer frente a estas epidemias, como denuncia el CELS en el caso de CABA.

1)Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. - 14 - 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y - 15 - f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

2)  El Relator Especial DESCA es el responsable de apoyar a la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales en las Américas.

3) Datos correspondientes al Registro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0 Vigilancia de Dengue y Zika 1 a 35 - 2024

¿Cómo venimos en Tucumán?

Como señala el Plan estratégico de prevención, control y contención del dengue publicado en el año 2021 por el Ministerio de Salud de la provincia “El dengue representa un problema importante para la salud pública, debido a la intensa transmisión con tendencia creciente que se observa, al comportamiento de ciclos epidémicos y al aumento en la frecuencia de brotes de dengue grave”. Al respecto, la intensa transmisión y la presencia de brotes graves en la provincia, en el período 2023-2024 produjo la muerte de 25 personas, el ingreso de hasta 3.000 consultas por día por dengue en los meses de mayor contagio y la hospitalización de 1733 personas (4), y la cantidad de 87150 contagios en el mismo período.

El gobierno de la provincia también señala la incidencia del cambio climático como un factor en la proliferación del mosquito. La pregunta sería ¿por qué el cambio climático contribuye a esta proliferación? 

Esto se vincula a los cambios en el clima que pueden alterar la estacionalidad y la intensidad de la transmisión, como señala un estudio “La aparición de casos de DENV está relacionada con el clima, la población y las proyecciones socioeconómicas; se predice que el riesgo de dengue se extenderá no solo latitudinalmente pero también a mayores altitudes en el norte de Argentina”. Esto sumado a problemas locales también producto del cambio climático como las  inundaciones en períodos estivales, generan un contexto apropiado para el cultivo de mosquito.

Ante estos escenarios la política pública debería renovarse y repensarse, ya que la planificación y prevención exigen nuevos desafíos, escenarios que antes eran impensados. Si a esto se suma los impactos diferenciales que las enfermedades asociadas al cambio climático traen aparejadas, las consecuencias son mucho más complejas de abordar, sin embargo los grupos de riesgo casi siempre son los mismos. Es decir, se puede reconocer que ciertas subpoblaciones siempre van a tener consecuencias negativas en estos escenarios, sea por razones de predisposición a estas enfermedades o por factores sociales.

Aun con todas estas claridades, las medidas tomadas por el gobierno provincial siguieron apuntando a la prevención poniendo el foco sobre la responsabilidad individual ante la presencia del mosquito. Sin embargo, no es una mera responsabilidad individual, pues, resolver estos problemas, por el contrario, necesita de iniciativas colectivas.

4) Datos brindados por el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia, en respuesta a un pedido de información realizado por ANDHES. 

¿Responsabilidades individuales o colectivas?

Dentro de las narrativas propias de una perspectiva neoliberal, la privatización de las responsabilidades individuales siempre es un discurso asociado a los recortes presupuestarios y las políticas de austeridad. Tanto los cuidados preventivos contra el mosquito (que van más allá de “no acumular agua”), tienen costos y exigen el abastecimiento de productos específicos. Y aquí los responsables son los mercados. ¿Qué pasa si el mercado no abastece a precios accesibles bienes que son básicos para la prevención?. Y esto sin contar los costos asociados al acceso a la salud en caso de contagio, los remedios y los tiempos de alguna cuidadora para poder subsistir esta enfermedad.

Lo que queremos discutir es la lógica de la responsabilidad individual. Poder conseguir repelentes hoy en día es más un lujo que un derecho. Y sin hablar de la responsabilidad que deberían tener los gobiernos provinciales y locales en ello. La situación es mucho más grave si se tiene en cuenta que su costo se encuentra en continuo crecimiento, en un escenario recesivo donde la gente decide si comer o tomar el transporte público, y esto se agrava especialmente en provincias como la nuestra que registra el nivel de pobreza más alto en dos décadas (5).

5) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Informes técnicos. Vol. 8, Nº 220. Condiciones de vida. Vol. 8, nº 21. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2024 ISSN 2545-6660

En la actualidad, dado los picos de contagios, los precios de estos artículos preventivos se dispararon el año pasado, pero el mayor problema fue el abastecimiento: muchos sectores poblaciones no conseguían repelentes en sus comercios cercanos, o los conseguían a precios irrisorios. Ante estas grandes fallas del mercado, el Estado no puede responder solamente con responsabilidad individual, con más privatización de la salud. El acceso a la salud como derecho humano debe ser política de estado, y debe acompañar tanto las campañas de prevención, como el acceso adecuado a dichos artículos. Y en los casos de contagios, tener los insumos necesarios en los hospitales para atender adecuadamente esas vidas, y evitar que se contagien aún más la población. En este último caso las campañas de vacunación del personal cumplen un rol fundamental.

Pero hay algunas aristas más que desenredar en está problemática que tanto afecta a las provincias del NOA, de clima subtropical. La división sexual del trabajo es clave para entender quienes son las principales afectadas ante epidemias como estas. Las mujeres ponen el cuerpo para sostener los grandes sectores públicos de salud y educación, así como los ámbitos de reproducción de la vida hogareños. Por eso mismo, se encuentran en general más expuestas al contagio, no están encerradas en una oficina o fábrica. A su vez, o no tienen ingresos o sus ingresos son insuficientes para sostener los costos asociados a la prevención, y peor aún en el caso de contagio. 

Nuevamente, la solución del dengue no depende solamente de la toma de conciencia individual, pues, existen marcadas diferencias de acceso de la población a estas medidas preventivas. Si a esto se suma que las más expuestas tienen menos herramientas para ello, el contagio masivo es inminente.

Aún cuando en la provincia se anunció la vacunación de personal de salud y educativo, para poder hacer frente al dengue no sólo se necesitan campañas vacunatorias colectivas, se necesitan repelentes, espirales y cualquier otro tipo de elementos que ahuyenten los mismos. El Estado debería ser capaz de proveer estos elementos a la par de las campañas de concientización, a precios accesibles para quienes puedan pagarlos y totalmente gratuitos a quienes no cuentan con ingresos. A su vez, su disponibilidad debería ser total: deberían encontrarse en las escuelas, en los centros de salud así como en las comunidades vecinales para su búsqueda.

Los afiches sobran, las camas faltan, resolver el dengue es un problema colectivo y responsabilidad del Estado, no sólo una campaña publicitaria.

Como hemos ensayado en estas reflexiones, hablar de dengue es hablar de derechos humanos porque trasciende la responsabilidad individual y expone la vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante la falta de políticas públicas efectivas. El Estado tiene la obligación de garantizar un entorno saludable, que no solo implique la prevención, sino también el acceso equitativo a insumos y servicios de salud. El dengue, que afecta desproporcionadamente a las regiones más vulnerables del país, refleja la necesidad de un enfoque integral e interseccional que considere la salud como un derecho, no un privilegio. Sin políticas adecuadas, las campañas de concientización no son suficientes para combatir esta crisis.