Ismael Lucena, asesinado el 10 de noviembre de 2011, María José Gordillo, joven de 16 años asesinada en la puerta de su casa de un disparo en el año 2012; Adrián Astorga, joven de 16 años asesinado de un disparo en la nuca en el año 2014; Miguel Reyes Pérez, asesinado de un disparo en la cabeza en la víspera de la navidad del año 2016. Facundo Ferreira, niño de 12 años asesinado en la madrugada del 8 de enero de 2018 de un disparo en la nuca; Alexis Noguera tenía 23 años cuando fue asesinado en medio de un allanamiento en su casa, ubicada en el barrio El Gráfico, el día 3 de febrero de 2018. Luis Armando Espinoza desaparecido y asesinado el 15 de mayo de 2020. Walter Ceferino Nadal, asesinado por asfixia el 24 de junio de 2020, acusado de haber robado una gorra. José Alberto Gallardo, Cristian Legname y Lucas Delgado, asesinados por disparos de arma de fuego el 13 de septiembre de 2023. Franco Ezequiel Almirón, quien actualmente agoniza luego de recibir un disparo con posta de goma en el rostro a corta distancia el 29 de agosto pasado.

¿Qué tienen en común todas esas personas? Todas fueron víctimas del accionar violento e ilegal de la policía de Tucumán. Todas fueron asesinadas, o heridas gravemente, como es el caso de Almirón, por miembros de la policía provincial.

No son los únicos casos, solo algunos de los últimos años, pero alcanzan para darle un contexto a las palabras del actual jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau, quien en un programa periodístico provincial afirmó: "Tienen que entender que el delincuente que ataque a un policía debe terminar muerto y va a terminar muerto".

El jefe policial realizó esta afirmación mientras visitaba al cabo Lucas Copertino, quien habría sido víctima de un intento de robo en el que recibió un disparo de gravedad, y en el que a su vez, ultimó a un joven de 15 años que habría formado parte del grupo que intentó robarle la motocicleta. No es un caso aislado.

El 4 de julio de 2023 el efectivo policial Ramón Sánchez fue asesinado a balazos cuando fue interceptado en la zona conocida como Las Piedritas para robar la moto en la que se trasladaba. 

Una semana más tarde, también en un intento de robo, asesinaron a Víctor Emanuel Lazarte, de 22 años, en la zona de Silvano Bores al 1.000, donde fue interceptado por asaltantes, quienes lo hirieron mortalmente con un arma de fuego.

Tiempo atrás, el 18 de marzo de 2018, Marcelo Adrián Ruesja de 34 años, quien se desplazaba en una moto junto a su esposa, fue asesinado y su esposa herida de bala, por asaltantes que le sustrajeron su vehículo y su arma reglamentaria. 

De acuerdo a las declaraciones de Girvau los delincuentes son "personas que no saben vivir en sociedad". "Hoy fue un policía, mañana puede ser cualquier otra persona que vuelve de trabajar."

Las palabras del jefe policial se suman a las cada vez más frecuentes expresiones que, desde el poder político, proponen acabar con los muertos matando cada vez más.

“Hay que meter bala a los delincuentes” decía Carlos Ruckauf en plena campaña electoral por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en agosto de 1999. Recuerdan los memoriosos que Ruckauf venía muy atrás en las encuestas que daban como segura ganadora a la representante de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, quien finalmente terminó perdiendo la elección frente al candidato del PJ, por escaso margen.

“Para el delincuente es cárcel o bala, no es puerta giratoria. Al narco en Rosario hay que matarlo y urgente, si no van a tomar el conurbano también.”, “Para el narco no tiene que haber derechos humanos. El derecho humano tiene que ser para el inocente”.

Las recientes declaraciones del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, introducen un elemento que suele ir de la mano de la “política de seguridad 9 mm” que el diputado fomenta: el cuestionamiento a los derechos humanos.

Este cuestionamiento no resulta ajeno a la prédica del actual jefe de policía. El 28 de agosto en declaraciones brindadas al programa de radio “La Tucumana”, Girvau apuntó contra los organismos de derechos humanos de la provincia, a los que cuestionó por su “asesoramiento y escucha” a los detenidos. Luego, refiriéndose al horrible crimen de Luján Nieva, la niña de 11 años desaparecida en Río Seco agregó: “La policía va a seguir trabajando en la zona hasta que la Justicia lo determine y pedirle que si se confirma lo peor, sea implacable con la condena. Estos homicidas no pueden estar libres, estos son los sujetos que se quejan de los arrestos porque no están cómodos”. “Voy a ir a Río Seco para esperar a estos organismos y que ellos contengan con sus equipos interdisciplinarios, así como lo llevan a cada uno de sus arrestos a que asesoren delincuentes, porque a estos asesoran ellos. Hay que decir las cosas como son, nacieron delincuentes, morirán delincuentes. Esto es así”. Y cerró: “Hay tantas reuniones que organizan por los derechos de los delincuentes, hagan una reunión a favor de la víctima. Estamos cansados de tantos cuestionamientos por estos delincuentes que solo saben hacer daño a la sociedad”.

¿Qué conclusiones, acaso preliminares, podemos ir extrayendo de lo hasta aquí expuesto? Veamos algunas:

La primera, que por obvia que parezca merece ser recordada, es que el discurso de “mano dura” en el que se enmarca la “política de seguridad 9 mm” no nació con Girvau. El poder político de turno, quien más quién menos, recurre con frecuencia creciente a sus postulados, siempre impulsados con un afán electoralista, prometiendo soluciones rápidas y simples para problemas profundos y difíciles. Soluciones tan rápidas y simples como apretar un gatillo las veces que haga falta. Es un discurso simple y por eso probadamente eficaz.

La segunda conclusión es que este discurso habilitante de poder punitivo directo, de verdaderas penas de muerte encubiertas, necesita como contrapartida deslegitimar a los derechos humanos como forma de control y contención de ese mismo poder punitivo. Para eso se asocia a los derechos humanos con los “derechos de los delincuentes” de modo de impregnarlos de ese mismo estigma social. Porque para Girvau (y los que piensan como él) se es delincuente porque se nace delincuente y quienes defendemos los derechos humanos somos cómplices de esa delincuencia innata y sin remedio, que hunde sus raíces en lo más profundo del pensamiento Lombrosiano, en el delincuente natural, tan caro a la criminología positivista.

Porque si delincuente se nace y delincuente se muere entonces matar/eliminar/ neutralizar parece ser la única opción posible en esa trayectoria de vida predestinada, tarea que resulta desgraciadamente obstaculizada por quienes defendemos los derechos humanos impidiendo la labor policial que emula la de un jardinero que poda las malas hierbas de un jardín para que las flores (“de bien”) puedan crecer en paz.

Resulta insoportable, en consecuencia que a alguien, como sucedió con Fernando Kornstanje, el delegado local del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se le ocurra preocuparse por esa malas hierbas y no dejar que simplemente se agoten calladamente en calabozos atestados, sin sanitarios, sin agua, ni luz ni aire, Tan insoportable resulta que esa actitud le valió ser agredido y amenazado por personal policial de la comisaría primera.

Porque para la “política de seguridad 9 mm” la cárcel se piensa y se usa como una bala más, sólo que es más cara. Las balas de verdad son mucho más baratas y sobre todo, definitivas. Pero hay que disparar. Disparar cárcel o disparar bala.

Y así llegamos a esta crisis carcelaria terminal, en la que, según un estudio del INECIP, Tucumán es la segunda provincia del país con más porcentaje de personas detenidas en comisarías. 

La crisis se agrava cada día más, incesantemente, mientras desde el gobierno esperan los incumplidos fondos nacionales prometidos para terminar la cárcel de Benjamín Paz y la emergencia en materia carcelaria se continúa prorrogando desde que fuera declarada por primera vez en el año 2017.

Situaciones trágicas como las sucedidas en el año 2015 en la comisaría de Yerba Buena en la que Emanuel Gallardo y Boris Biza perdieron la vida luego de que se produjera un incendio en la celda donde se encontraban hacinados. O en septiembre de 2021 cuando María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán murieron quemadas y asfixiadas en la brigada femenina de Concepción, lejos de solucionarse amenazan con repetirse, como sucedió hace días nada más en la comisaría 10° donde por fortuna no hubo que lamentar nuevos muertos.

La tercera conclusión es que la inseguridad es realmente un problema y no es una mera “sensación”. Es una realidad de la que cualquiera puede ser víctima, incluso los propios policías, tantas veces reclutados de los mismos sectores sociales marginales de donde provienen los delincuentes “naturales” de Girvau.

Entonces, ¿qué relevancia, qué impacto tienen las declaraciones de Girvau en este contexto que analizamos? ¿Cómo repercuten sus dichos en los casos de violencia policial en que no se respetan los parámetros legales básicos que regulan el uso de la fuerza? 

¿Cómo influyen en el creciente conflicto de personas privadas de libertad en comisarías en las que, como la propia policía admite, se encuentran hacinados y no cuentan con la infraestructura mínima e indispensable?

¿Y sobre la relación de las fuerzas de seguridad (que él dirige) con quienes impulsamos la vigencia de los derechos humanos y aspiramos a que la policía actúe respetándolos? ¿Qué influencia tienen sus palabras?

Y por último, sobre la inseguridad que sufrimos todos y todas, civiles y policías que vivimos en esta provincia, ¿qué consecuencias tiene?

A poco de avanzar en una respuesta surge la irresponsabilidad (rayana con lo ilícito) de sus dichos, que promueven la idea de que para apagar un incendio (o varios) lo que se necesita es echar más nafta al fuego.

Porque ciertamente avalar el uso de la fuerza letal cuando no se está ante alguno de los casos que excepcionalmente la justifican, como la legítima defensa propia o de un tercero, implica respaldar la violencia policial, en la cual esta policía que él conduce ha incurrido en numerosas ocasiones con un lamentable saldo de muertes absolutamente injustas y evitables.

Sus declaraciones lejos de promover la racionalidad, la sensatez y el apego a la ley que se comprometió a proteger, alientan el exceso y amplifican los riesgos y los daños.

Sobre las personas privadas de libertad en condiciones infrahumanas sus declaraciones lejos de llevar alguna tranquilidad que contribuya a disminuir la intensidad del conflicto, se agudiza, profundizando el enfrentamiento entre las personas detenidas y quienes se encargan de custodiarlas, aumentando en consecuencia los riesgos de motines y otras circunstancias violentas.

Sobre la relación con quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos sus declaraciones hacen que nuestro trabajo sea más inseguro y riesgoso, porque contribuyen a generar una idea tanto en el personal policial como en la ciudadanía en general de que quienes defendemos los derechos humanos somos aliados de los delincuentes, que somos sus cómplices y que por lo tanto merecemos un trato similar. Sus declaraciones autorizan y alientan la violencia en nuestra contra, y aumenta el riesgo al que nos exponemos.

Finalmente, la inseguridad actúa negativamente, porque estimula la violencia. La idea de que cualquier enfrentamiento con la policía será un duelo a muerte terminará por convertirlo en eso, con el riesgo que implica también para el propio personal policial involucrado.

Quienes defendemos la vigencia irrestricta de los derechos humanos aspiramos a que los desafíos que plantea el problema de la inseguridad sean abordados con responsabilidad y compromiso democrático y no recurriendo a frases violentas propias de esta política 9 mm, que sin duda solo contribuye a agravar los conflictos existentes, a incitar o respaldar conductas prohibidas por la ley y a profundizar las diferencias sociales.