La comunidad migrante representa un pilar fundamental en nuestra sociedad, sin embargo, en el actual contexto, se encuentra cada vez más vulnerable debido a las políticas anti-migratorias implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Datos y contexto histórico

Argentina ha sido históricamente un país de migrantes, recibiendo a millones de personas de diversas partes del mundo. Para principios del siglo pasado, les extranjeres representaban el 30% de la población. Las políticas migratorias actuales contrastan con esta tradición de apertura y protección. Hoy en día apenas un 4,2% de la población del país es extranjera aportando un papel crucial en sectores como la agricultura, industria de la construcción, industria textil, centros médicos de salud y tareas de cuidado, entre tantos otros rubros laborales que podríamos mencionar ¿Sí no estuviesen les trabajadoras migrantes realizando esas tareas, muchas precarizadas y no registradas, quienes las harían? Somos parte de este pueblo y demandamos a las autoridades que respeten nuestros derechos.

Impacto de las nuevas políticas

El gobierno nacional castiga a la migración. El aumento brutal de las tarifas migratorias en un 1500% ha elevado el costo del trámite a $50.000 para personas provenientes del Mercosur y $100.000 para Extramercosur, obstaculizando drásticamente el acceso a una residencia migratoria y DNI. Las consecuencias de estas medidas las conocemos: miles de migrantes van a estar irregulares (sin DNI) debido a que no podrán pagar el alto costo del trámite. Además, esto implica un incremento de la precarización laboral ya que se verán obligados a trabajar en la informalidad sin poder exigir derechos básicos a consecuencia de estas medidas antimigratorias. Similares dificultades se tendrán en el acceso a la salud, educación cultura y vivienda. Esto último margina, aún más, a vivir en condiciones de miseria y explotación, profundizando la desigualdad entre nativos y migrantes.

Las provincias de Misiones, Salta, Mendoza, Santa Cruz han arancelado el acceso a la salud de les migrantes no residentes, otras como Jujuy y Córdoba lo han intentado, violando sistemáticamente la Ley de Migraciones 25.871 y la Constitución Nacional. Asimismo se ha puesto como requisito para acceder al programa ACOMPAÑAR tener residencia permanente, dejando afuera a cientos de mujeres migrantes en situación de violencia. De igual manera, recientes proyectos de ley se han presentado en el congreso de la nación para arancelar el acceso a la educación universitaria de personas migrantes.

Estas medidas privatizadoras son la punta de lanza para privatizar el conjunto de los servicios de salud y educación de todo el pueblo argentino. El ataque a les migrantes inevitablemente se ampliará al conjunto de los ciudadanos del país.

Todas estas medidas intentan responsabilizar a la población migrante de la actual crisis económica a la que nos ha sometido el actual gobierno, desconociendo el inmenso aporte económico y social que realizan los y las trabajadoras migrantes al país.

Llamado a la acción

No podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos de millones de personas que han hecho de Argentina su hogar. Es hora de unir nuestras fuerzas y exigir el respeto a los derechos consagrados en la Ley de Migraciones 25.871, el acceso igualitario al trabajo, a la salud, educación y vivienda. Somos parte de este pueblo y aportamos a su desarrollo.

#MigrarEsUnDerechoHumano

#MigrarNoEsDelito