El pasado 10 de junio, se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia. De esta forma, quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota, lo que desmantela un sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio.

Desde hace 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad. El foco está, justamente, en barrios populares y/o parajes rurales, lugares que históricamente han tenido mayores barreras para acceder a sus derechos. Los CAJ son dispositivos que brindan atención legal primaria: se trata de brindar servicios que se ocupen específicamente de las necesidades jurídicas cotidianas de las comunidades vulnerabilizadas: acceder a documentación personal, asesoramiento en temas de familia o trabajo, asistencia a víctimas de delitos, entre otras cuestiones. Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren.

Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental.

Según datos de la página web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.

¿Cuál es la situación actual de los CAJs?

Según información oficial del Ministerio de Justicia brindada como respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en lo que va del año se habían cerrado seis Centros (pasando de 109 a 103). Sin embargo, en el día de hoy, se publicó en el Boletín oficial una resolución del Ministerio de Justicia que resuelve que quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota, lo que vulnera un primer principio de la atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas enfrentan. Al mismo tiempo, no da cuenta de la necesidad de acompañamiento que las personas más vulnerabilizadas enfrentan ni de las barreras tecnológicas.

El costo del Acceso a la Justicia

En simultáneo al anuncio del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado que desconoce, por un lado, las premisas más básicas del acceso a la justicia y, por otro, algunos hechos evidentes como que en la Argentina no hay Defensor del Pueblo desde hace 15 años o que los Centros de Asistencia a Victimas de Delitos (CENAVID) funcionan justamente en los CAJ o de forma remota a través de atención telefónica.

En el mismo comunicado, se hace referencia al costo que esta política tiene para el país. Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento.

Al mismo tiempo, es importante destacar que el uso del derecho por parte de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la atención y resolución temprana de consultas y conflictos jurídicos resultan en mejores resultados económicos en general, evitando la pérdida de recursos y el agravamiento y escalamiento de los problemas que enfrentan. La inversión en Acceso a la Justicia termina reduciendo los gastos del Estado. En la actualidad, organismos internacionales como la OCDE alientan la implementación de este tipo de dispositivos, en parte, con argumentos de este tipo.

La preocupación por la situación actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio. En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia.

Organizaciones firmantes:

• ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
• ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
• INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
• CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
• FUNDEPS
• Capibara
• Xumek
• RAAC – Red Argentina de Abogacía Comunitaria
• Curas Villeros
• Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales.
• Observatorio de justicia sanitaria y climática

Sobre el acceso a la justicia:

El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado además como instrumental, es decir, que permite el acceso a otros derechos. Comprende garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, lo que incluye no sólo poder acceder a acciones judiciales si no encontrar respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.