En junio del año 2015, en contexto de protesta de 19 personas privadas de libertad alojadas en la Brigada de Yerba Buena, de las cuales 9 se encontraban en el baño de la regional de 1 metro y medio, en condiciones indignas; se produjo el incendio de un colchón y luego de dos horas de inhalar humo tóxico fallecieron Ariano Biza y Emanuel Gallardo. La causa está elevada a juicio desde el año 2018, en la que siete oficiales de policía se encuentran imputados. El hecho lleva 9 años sin una resolución judicial y los familiares de los dos jóvenes fallecidos denunciaron en reiteradas oportunidades haber recibido amenazas por parte de los imputados.

El fallecimiento de Ariano y Emanuel develó la, ya entonces, grave situación de crisis carcelaria en Tucumán y motivó la presentación de un Habeas corpus correctivo colectivo de dos fiscales de instrucción penal, en el que solicitaron la declaración de la situación de emergencia y que las autoridades del poder ejecutivo provincial dispongan en forma inmediata el traslado de todas las personas condenadas alojadas en dependencias policiales por disposición judicial a un lugar de alojamiento con las condiciones mínimas de preservación de la dignidad humana y el respeto de las garantías establecidas en la ley 24660, de ejecución de la condena. La cifra informada por el Poder Ejecutivo en 2015 de personas alojadas en dependencias policiales, detenidas por prisión preventiva y procesadas era de 676, sin contabilizar los detenidos en virtud de la Ley 5140 de contravenciones policiales, por lo tanto el número habrá sido, seguramente, mayor, superando la capacidad de alojamiento. 

En virtud de esta acción la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió 8 sentencias desde el año 2015 al año 2019, en las que en reiteradas oportunidades exhortó al Poder ejecutivo a trasladar a las PPL alojadas en comisarias al Complejo Penitenciario de Villa Urquiza, poner en funcionamiento la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley Provincial N°8523), mejorar las condiciones de habitabilidad y el acceso a derechos fundamentales de las personas alojadas en las unidades del Servicio Penitenciario de Tucumán (debiendo garantizar las 4 comidas diarias, la atención de salud, la mejora de la infraestructura y la incorporación de recursos humanos suficientes para el cuidado). Respecto a la inconstitucional ley provincial de contravenciones policiales n° 5140, la CSJT exhortó al poder legislativo a sancionar una nueva ley de contravenciones que se adecúe a los estándares constitucionales y convencionales vigentes, una falta en la que Tucumán se encuentra desde el año 2010 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 5140, también exhortó al poder ejecutivo a regularizar la situación de los contraventores, mediante la intervención de defensores y la no conversión de las multas en días de detención. Por último, la Corte le encomendó al poder ejecutivo a conformar una mesa de diálogo, en la que debían convocar a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las presentadas en la causa (ANDHES, CELS, APP).

Sobre las condiciones de alojamiento 

El 2 de septiembre de 2021, durante una protesta en la Brigada Femenina de Concepción en la que las mujeres alojadas reclamaban las malas condiciones de detención, se produjo un incendio que causó el fallecimiento de 4 jóvenes, Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas, quienes murieron por asfixia, calcinadas y abrazadas, encerradas con candado dentro de la celda. Las jóvenes habían denunciado en reiteradas oportunidades la negación de alimentos y de recibir visitas, entre otros malos tratos por los que solicitaban el traslado a unidades penitenciarias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes, instó al Estado Argentino a investigar con debida diligencia los hechos y recordó que debe cesar la utilización de las comisarías como lugares de alojamiento permanente. Por el hecho se encuentran imputadas las 3 oficiales y la jefa que prestaban servicios en la Brigada el día del incendio, por los delitos de apremios ilegales, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juicio se llevará a cabo en los días 18, 19, 20 y 21 de marzo.

A casi 9 años de las muertes de Ariano y Emanuel y dos años y 6 meses de las muertes de Micaela, Yanet, María José y Macarena, la crisis en los lugares de encierro se agravó, alcanzando un nivel crítico de hacinamiento, hechos graves de tortura y malos tratos y falta de acceso a derechos fundamentales, a pesar de las reiteradas exhortaciones de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Actualmente el número de personas alojadas en dependencias policiales asciende a más de 2700, 400% más del número de alojados que había en el año 2015 cuando se promovió el Habeas Corpus colectivo.

Por otro lado, la inconstitucional ley de contravenciones policiales sigue vigente y es utilizada en operativos policiales masivos (razzias) en barrios populares de la provincia, a pesar de los pronunciamientos de organismos internacionales de DDHH. En lo que va del 2024, más de 1000 personas fueron detenidas en virtud de la ley n°5140 (Fuente: Comisión Provincial de Prevención para la Tortura), que no prevé la utilización de medios probatorios suficientes y eficaces para acreditar la contravención cometida y la autoría de la persona detenida por causa de ella, como así tampoco el acceso a un abogado y al control judicial de la detención.

En el año 2021 se anunció la construcción de un nuevo complejo penitenciario, ubicado en la localidad de Benjamín Paz, con la capacidad de alojar a 1200 personas en cuatro unidades de alojamiento y un módulo de régimen abierto para hombres y mujeres. Sin embargo, en el marco de las medidas nacionales de freno de la obra pública no hay certezas acerca de su inauguración y la habilitación de nuevas plazas de alojamiento. Por lo tanto, en virtud de la grave situación de emergencia, resultan imprescindibles medidas que mejoren las condiciones de alojamiento de la población privada de libertad, el acceso a garantías y derechos procesales de los presuntos contraventores, una política criminal que no sobreprisionalice y abuse del instituto de la prisión preventiva, y la pronta sanción de una nueva ley provincial de contravenciones que respete los estándares y derechos constitucionales. Resulta urgente que el Estado provincial tome medidas para garantizar la no repetición de muertes evitables. 

Además la situación de Macarena Salinas y María José Saravia, quienes al momento del incendio en la Brigada de Concepción eran madres de una niña de 5 años y dos niñas de 3 y 7 años respectivamente, pone de manifiesto una problemática recurrente en el sistema de justicia penal, donde las mujeres que son madres se ven impedidas de ejercer su maternidad de manera adecuada debido a su detención. Este escenario refleja un incumplimiento por parte del Estado en la aplicación de una perspectiva de género, que exige considerar las circunstancias particulares de las mujeres en este contexto.

Resulta fundamental reconocer la importancia de implementar modalidades alternativas a la privación de libertad, como la prisión domiciliaria, especialmente en casos donde las mujeres tienen la responsabilidad del cuidado de niños, niñas y adolescentes. Este enfoque no solo busca salvaguardar los derechos de las mujeres, sino también garantizar el bienestar y la protección de sus hijos e hijas, como han destacado repetidamente los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Las consecuencias de la violencia institucional sufrida por estas mujeres no solo las afectan a ellas, sino que también se trasladan a sus hijas e hijos, generando un impacto negativo en la vida de toda la familia.

Esta situación evidencia claramente la urgente necesidad de seguir repensando las dinámicas del sistema de justicia penal, las cuales deben estar en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales, asegurando que se respeten los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de todas las personas involucradas en el sistema de justicia penal.