El acceso a la información pública es una herramienta clave para el ejercicio de los derechos y la vigencia del sistema democrático. Cuando se asegura que las personas accedan libremente a la información que está en manos del Estado, se generan las condiciones para potenciar la participación ciudadana y su influencia en los procesos de toma de decisiones. Ello hace posible promover mejoras en la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de los servicios públicos, estimular el control cívico sobre los actos de gobierno, la rendición de cuentas por parte de funcionarios y funcionarias, y contribuir a reducir la corrupción. Al mismo tiempo, es también una potente herramienta para que quienes ven vulnerados sus derechos más básicos -incluyendo educación, salud, vivienda- puedan conocer el modo en que se implementan las políticas que deberían asegurarlos, en pos de su efectivo ejercicio. Resulta evidente, entonces, que existe una estrecha relación entre el buen funcionamiento del sistema democrático, la transparencia estatal y los derechos humanos.

La sanción de la Ley Nacional N° 27.275 de Acceso a la Información Pública constituyó un hito de gran trascendencia para la disponibilización de información pública a nivel federal. Si bien varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya contaban con leyes propias, desde la sanción de la ley nacional varias provincias adhirieron a ella o modificaron sus normativas internas para hacerlas más robustas.

La discusión de una ley que garantice el derecho de acceso a la información pública en la provincia de Tucumán debe tener en cuenta los estándares internacionales y nacionales vigentes en la materia. En este sentido, resulta necesario que la norma sea aplicable a todos los órganos del Estado, que imponga obligaciones claras sobre la información que el Estado debe publicar proactivamente, que prevea las excepciones respetando el principio de máxima divulgación, y que establezca una autoridad de aplicación independiente e idónea. En el documento “Hacia una agenda para la calidad democrática en la Provincia de Tucumán”, publicado en 2023, se incluye un análisis detallado respecto del modo en que debe asegurarse la máxima protección de este derecho en la provincia.

El anuncio del gobernador proporciona una valiosa oportunidad para dar comienzo a una discusión amplia y robusta, que escuche las voces de la ciudadanía, particularmente de las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente vulnerabilizados, y que culmine en una Ley de de Acceso a la Información Pública modelo.