“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los humildes no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe comenzar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas” Rodolfo Walsh
El pasado 5 de febrero se cumplieron 49 años desde que se dictó el decreto del Poder Ejecutivo Nacional “S” (Secreto) 261/75, por el cual se puso en marcha el llamado “Operativo Independencia” en la Provincia de Tucumán, con el propósito declarado de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.
De esta manera, la provincia de Tucumán se constituyó en una suerte de “banco de pruebas” donde las fuerzas armadas y de seguridad ensayarían los métodos represivos aberrantes e ilegales que poco tiempo después se implementarían en forma generalizada en contra de la población civil, a lo largo y ancho del país, a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Los hechos que sucedieron durante el “Operativo Independencia” fueron juzgados en las causas conocidas como “Operativo 1” cuya sentencia data del 2 8 de noviembre de 2017 y “Operativo 2” del 1 de diciembre de 2020.
En esas causas quedó acreditado que el Operativo Independencia fue parte de un plan sistemático de aniquilamiento de opositores políticos diseñado desde el estado, el cual tuvo su origen o empezó a gestarse allá por la década del 60, influido por la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria sostenida por la llamada escuela militar francesa y por la doctrina de seguridad nacional.
Se acreditó que el objetivo último del Operativo Independencia, dentro de éste plan sistemático, no fue exclusivamente, como todavía algunos pretenden afirmar, aniquilar la guerrilla rural y/o las organizaciones político militares que actuaban en la provincia, si no destruir los movimientos sociales estudiantiles y obreros contestatarios o disidentes constituyéndolos en enemigos internos o subversivos.
También se acreditó que, para llevar adelante este plan, las fuerzas armadas contaron con el apoyo de los sectores económicos concentrados que se beneficiaron directa o indirectamente con la neutralización de esos sectores populares organizados, los cuales llevaban adelante una serie de reclamos que, desde su óptica, significaban una amenaza a sus privilegios.
También se comprobó que, para conseguir esos fines, se desplegó un sistema de represión ilegal que incluyó la aplicación de prácticas y métodos aberrantes, como el secuestro, asesinato y desaparición de personas, la aplicación generalizada de torturas, privaciones ilegales de la libertad, abusos sexuales y homicidios disfrazados de enfrentamientos. Todo lo cual, además, contó con el decisivo apoyo de un dispositivo de acción psicológica y de propaganda, cuyos efectos perduran hasta el presente.
Se constató además que no existía ninguna razón o argumento legal que justificara el accionar criminal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. No es justificación suficiente que los hechos se hayan perpetrado durante la vigencia de un gobierno democráticamente elegido ni tampoco que se hayan llevado a cabo durante la vigencia del estado de sitio.
Finalmente, se acreditó que los delitos que se perpetraron no fueron cometidos como parte de una guerra, en ninguna de sus acepciones posibles, sino como parte de un plan de ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, constitutivo por lo tanto de delitos de lesa humanidad.
Hoy 49 años más tarde vemos cómo, por distintos medios y bajo otras circunstancias, la historia se repite.
Nuevamente desde el poder central se dispone la aplicación de un plan económico que favorece a los intereses más concentrados de la economía. Y nuevamente vemos cómo ese plan económico viene acompañado de una estrategia represiva tendiente a criminalizar cualquier forma de protesta o resistencia popular.
Nuevamente vemos cómo la aplicación de esa política represiva se monta sobre un supuesto de excepción que busca justificarla.
Nuevamente vemos cómo desde el gobierno se promueve la creación de un nuevo “enemigo” como objetivo de esa política represiva (los “zurdos”, los “orcos”, los sindicatos y trabajadores organizados, los piqueteros, los kirchneristas, los peronchos, el movimiento de mujeres, los movimientos indígenas y campesinos, el movimiento LGBT, etc) a quienes se busca demonizar, nuevamente a través de campañas propagandísticas y de acción psicológica, muchas veces orquestadas y apoyadas por los medios hegemónicos de comunicación y el uso abusivo y organizado de las redes sociales a través de trolls y fake news.
Nuevamente también, vemos cómo ese plan represivo tiene como “banco de pruebas” a una provincia del norte argentino, en este caso la Provincia de Jujuy, donde tempranamente comenzaron a implementarse los métodos represivos que, actualmente, el gobierno central busca implementar en todo el territorio nacional.
Efectivamente, en la provincia de Jujuy el dispositivo represivo empezó a delinearse a través de una serie de reformas, impulsadas mediante la sanción de distintas leyes, que reestructuraron el poder judicial provincial generando una grave afectación a su independencia, de modo de facilitar su utilización como un poder disciplinador no sólo de la protesta social sino de cualquier expresión disidente con el poder gobernante y cuya práctica puede verificarse a través de las diferentes causas con las que se buscó el encarcelamiento de Milagros Sala, pasando por la feroz represión en contra del pueblo jujeño durante el mes de junio del año pasado, hasta la criminalización de los ciudadanos Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas encarcelados desde hace más de un mes porque ofendieron al poder dominante con una publicación en twiter.
El dispositivo represivo jujeño, se basó fuertemente en la cooptación del poder judicial y especialmente en el ministerio público de la acusación, en el dictado de normas que avalaran la actividad represiva, como la ley No. 5.900 que declaró la emergencia en materia de Seguridad Pública en la provincia y dio cobertura legal al contexto represivo vigente en Jujuy desde diciembre de 2015, o que incrementaron el poder punitivo estatal en contra de sus enemigos de turno, como el decreto No. 8464/23, que modificó el artículo 113 del Código Contravencional, incrementando las multas para toda persona física o jurídica u organización sin personería que impida la “libre circulación”.
Incluso, a fin de allanar aun más el camino represivo, el oficialismo jujeño dispuso incorporar a la reforma constitucional una serie de disposiciones con el objetivo de criminalizar la protesta social, a los que camufló bajo la Orwelliana denominación de “Derecho a la Paz social y la convivencia democrática pacífica”
Ninguna de estas reformas debe ser interpretada en forma aislada ni considerarse meros acontecimientos casuales. Su origen debe rastrearse en el interés que las grandes corporaciones mineras tienen en los vastos yacimientos de litio existentes en la provincia de Jujuy, cuya explotación se pretende llevar a cabo sin ningún tipo de oposición, asegurando mediante la aplicación del dispositivo represivo estatal que nadie cuestione las ganancias de las empresas, que nadie cuestione el territorio donde estas explotaciones se desarrollan, que nadie cuestione ni controle los daños ambientales que esta explotación traiga aparejados, que nadie cuestione en definitiva, absolutamente nada que pueda afectar, perjudicar o siquiera perturbar los intereses económicos concentrados, de la misma manera que hace 49 años atrás sucedió con la industria azucarera en la provincia de Tucumán.
Ambos dispositivos legales, severamente cuestionados en cuanto a su constitucionalidad, pretenden imponer una serie de reformas de corte marcadamente ultraliberal, que amenazan la existencia misma de los estándares mínimos de protección y solidaridad comunitaria que nuestro país ha construido trabajosamente durante generaciones.
Esas reformas, que en definitiva lo que buscan es asegurar la entrega de los recursos naturales y someter la capacidad de decisión soberana del estado nacional a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, vienen acompañadas de una serie de medidas represivas que buscan criminalizar el derecho de protesta a través de la implementación a gran escala de lo que se conoce como derecho penal del enemigo.
Jujuy fue el banco de pruebas de esas medidas represivas, que ahora quieren aplicarse en todo el país y que consisten básicamente en reprimir, perseguir y encarcelar manifestantes, lideres y lideresas de organizaciones sociales, indígenas y campesinas, así como ahogar e intimidar con multas exorbitantes el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse por parte del pueblo organizado.
Hoy, 9 de febrero de 2024 se cumplen 49 años de aquel despliegue militar sin precedentes, llevado a cabo en la provincia de Tucumán.
Hoy 49 años más tarde, y con la excusa de un nuevo estado de excepción, se pretende aplicar a gran escala una política represiva en contra del pueblo y a favor de los intereses económicos hegemónicos.
Hoy 49 años más tarde el “Operativo independencia” parece estar más vivo que nunca.
