Desde el 4 de enero el profesor universitario Marcelo Nahuel Morandini está detenido en la Unidad Penal 1 de Jujuy por escribir en redes sociales un mensaje sobre la vida privada del ex gobernador Gerardo Morales. En defensa de su derecho a la libertad de expresión nos presentamos con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas.

La fiscalía y el poder judicial de Jujuy acusaron a Morandini y a Roque Villegas, otro trabajador independiente que también tuiteó sobre el mismo tema, por delitos gravísimos como lesiones psíquicas contra la esposa de Morales, Tulia Snopek, y por la supresión de identidad de la hija que tiene con Morales. Hasta hoy no hay ninguna prueba seria que permita sostener la existencia de tales delitos, menos aún de riesgos que permitan sostener la necesidad de una privación de la libertad por 60 días.

Además, la justicia de Jujuy le prohibió hablar del caso a familiares y allegados de Nahuel Morandini. También obligó a Nahuel a la realización de un tratamiento psiquiátrico por supuestamente ejercer violencia de género a través del tweet mencionado. Todos estos métodos representan la utilización del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión. 

La situación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy viene siendo observada por la CIDH desde hace varios años, en particular desde el ensañamiento, hostigamiento y criminalización contra Milagro Sala. Hace pocos meses, en el marco de las protestas contra la reforma constitucional de la provincia, la CIDH llamó a respetar estándares sobre el uso de la fuerza y el derecho a la protesta social. Aun así, abogados y abogadas integrantes de organismos de derechos humanos, referentes indígenas y activistas fueron sancionados con aplicación de contravenciones o incluso, la justicia provincial los criminalizó y condenó por manifestarse. 

Frente a esta nueva situación, es fundamental que la CIDH comprenda que la actuación del poder judicial jujeño se aparta de estándares internacionales que Argentina se comprometió a cumplir en materia de libertad de expresión y que le requiera al Estado información al respecto. 

La utilización de las figuras penales para imputar a Marcelo Morandini y a Roque Villegas por un posteo carece de proporcionalidad o de un fin legítimo, ya que se trata de la restricción de derechos más severa posible que existe en la justicia: la privación de libertad. Los primeros días de detención, además, Nahuel y Roque fueron alojados en celdas de castigo de la Unidad 2 de Máxima Seguridad del Penal Gorriti.

Este proceso de criminalización y encarcelamiento tiene efectos disuasorios, disciplinantes y amedrentadores sobre toda la sociedad, que verá limitado su ejercicio a la libertad de expresión, dentro o fuera de las redes sociales.

Foto: La Garganta Poderosa