Armas Taser. Repudio de andhes

Armas Taser. Repudio y pedido de información oficial de andhes junto a organismos de derechos humanos de Tucumán.

Andhes manifestó su enérgico repudio a la eventual adquisición de armas eléctricas en la provincia. Tras a la reciente “vuelta atrás sobre sus palabras” de funcionarios, andhes, junto a organismos de derechos humanos de la provincia, presentaron un pedido de información al Ministerio de Seguridad Ciudadana de la Provincia, requiriendo una respuesta oficial al respecto. Con base en compromisos internacionales asumidos por el estado, y en jurisprudencia específica al respecto, no  se descarta la posibilidad de judicializar la iniciativa del estado provincial.
Ante trascendidos periodísticos y declaraciones de funcionarios públicos respecto de la posible adquisición por parte de la provincia de armas eléctricas, andhes manifiesta su más enérgico rechazo a la presunta iniciativa del Ministerio de Seguridad Ciudadana de dotar a la fuerza policial de un instrumento de tortura, como parte de una pretendida política “preventiva” de seguridad.
Desde andhes señalaron que Argentina ha ratificado la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, cuyo Comité se pronunció reiteradamente acerca del impacto que producen las armas “Taser x 26”, sosteniendo que: “el uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte, como se ha manifestado en casos recientes”, concluyendo, en el caso de Portugal, que “el Estado parte debería renunciar al uso de armas eléctricas «TaserX26», cuyas consecuencias para el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizan podrían infringir los artículos 1 y 16 de la Convención.” A las mismas conclusiones arribó respecto de otros países como España y Nueva Zelanda. Además, agregaron, la República Argentina ha asumido compromisos internacionales, no sólo por la firma y ratificación de la Convención antes mencionada sino también por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambos con jerarquía constitucional.
Desde andhes indicaron que estos anuncios, como otros en la materia, crean la falsa expectativa de dar alguna solución al problema de inseguridad, no siendo más que una errada medida en la lógica de dotar de recursos y tecnología a una policía que está siendo investigada judicialmente por gravísimos hechos de corrupción y abuso policial, sin detenerse a diseñar una política de seguridad integral, democrática y eficiente. Las reprochables declaraciones del Secretario de Seguridad, Paul Hofer, quien señaló que estas pistolas “Tienen muy buenos resultados para casos de concentraciones masivas”, revelan el abordaje antidemocrático de la seguridad en la provincia en tanto, criminalizando a priori formas de reclamo social democráticas, y el derecho de todas las personas a manifestarse públicamente, paralelamente anuncian el principal destino de las armas, echando por tierra la política preventiva que supuestamente se expresa querer desplegar.
En este sentido, una de las aristas fundamentales de una política de seguridad democrática, indicaron desde andhes, consiste en la profesionalización de las fuerzas de seguridad en técnicas modernas de uso racional de la fuerza, dirigidas a prevenir o impedir hechos de inseguridad, desde la convicción firme e irrenunciable de que el Estado no está ni habilitado ni legitimado para someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal como lo ha descripto el Comité contra la Tortura. Definitivamente, políticas de estas características no pueden platearse desde empleo de instrumentos, ya prohibidos judicialmente en nuestro país, cuyo uso remonta a uno de los más horrorosos métodos de tortura física utilizados por las fuerzas de seguridad, en prácticamente todos los Centros Clandestinos de Detención de nuestra provincia, durante el terrorismo de estado, concluyeron desde la ONG.

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