Andhes realizó aportes para la reglamentación de la Ley que crea la Comisión Provincial Contra la Tortura en Tucumán

A los fines de que se implementen políticas publicas acordes con los principios de derechos humanos en cuestiones de violencia institucional, andhes presentó ante la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Erica Brunotto, un escrito con aportes en torno a la reglamentación de la Ley que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esta Comisión fue creada hace casi dos años, aunque aún no se encuentra en funcionamiento debido a la falta de reglamentación de la Ley 8523. Para la ONG andhes, “la situación de retardo injustificado implica un obstáculo en la puesta en funcionamiento de un mecanismo de gran importancia para la implementación de políticas tendientes a erradicar la tortura como práctica institucional en la provincia”.
La Comisión Provincial, de acuerdo con la Ley que le dio vida, será una institución especializada, descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquico. Asimismo, será el órgano de aplicación en la provincia de Tucumán del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, y según la Ley, tendrá plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.
En este sentido la Directora Ejecutiva de andhes, Ana Laura Lobo Stegmayer, expresó que “uno de los puntos propuestos por la organización es que la Comisión deberá estar compuesta por cinco personas representativas de la sociedad civil y que el método de selección, designación y remoción de esas personas deberá estar garantizado por mecanismos de audiencias públicas”.
Asimismo, desde la organización manifestaron que la composición de la Comisión “deberá garantizar independencia y autonomía de actuación, por lo que los miembros propuestos por el Poder Legislativo, deberán prever un asiento para legisladores oficialistas y dos para la oposición”.
Por otro lado, desde la organización de DDHH expresaron la necesidad de incorporar el criterio de cuota de género, acorde al espíritu de la Ley Nacional 24.012, y establecer la categoría de ad honorem de los cargos que ocupen los miembros de la sociedad civil.
Finalmente, desde el área de Seguridad y Derechos Humanos de andhes, señalaron la importancia de considerar que el Ministro Fiscal, en caso de decidir no integrar la Comisión, “designe en su lugar a un Fiscal o un Defensor Oficial y que debería preverse la obligatoriedad de la Comisión de elaborar informes y dar publicidad a los mismos al momento de reglamentar la ley 8523”.

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