Aportes de cara a la inminente reglamentación de la ley que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura

Entendiendo que la tortura a manos de agentes estatales es una lamentable realidad en nuestra provincia; que Argentina, como estado signatario de la  de Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se ha comprometido a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción; y en el marco de la #Reforma Policial que venimos impulsando desde andhes es que consideramos pertinente y legítimo, como miembros de la sociedad civil organizada interesados especialmente en la temática, hacer aportes en torno a la inminente reglamentación de la ley 8.523 que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

El mecanismo provincial de prevención de la tortura fue creado mediante ley sancionada el 24 de marzo de 2012, promulgada 6 meses más tarde con el número 8523 y que se encuentra a la fecha sin reglamentar y sin operatividad. La Ley 8523 crea esta Comisión Provincial como una institución especializada, descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquica. Esta comisión será el órgano de aplicación en la provincia de Tucumán del Protocolo facultativo de la Convención antes mencionada y, según la ley, tendrá plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.

Entre sus funciones, hay algunas puntos importantes resaltar como altamente positivos: visitará lugares de privación de la libertad y controlará el trato que reciben las personas privadas de libertad (en adelante PPL); tendrá rol de querellante con beneficio de litigar sin gastos; las acciones que los particulares hagan ante la comisión serán gratuitas y no requerirán de asistencia letrada, lo que garantizaría el acceso a la justicia de personas de escasos recursos, al tiempo que se motivaría a los familiares o a las mismas víctimas a denunciar torturas; podrá solicitar a autoridades administrativas y judiciales la adopción de medidas urgentes para la protección de PPL; podrá acceder sin restricción alguna a toda información referida a PPL, expedientes administrativos y judiciales, bajo pena de desobediencia; tendrá funciones consultivas y de asesoramiento ya que la ley prevé que preste colaboración con el Subcomité de Prevención de la tortura de las Naciones Unidas, otras organizaciones de las UN, los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Los informes que se produzcan, deberán publicarse anualmente.

Sin embargo, resulta clave en un momento como este, destacar también algunos puntos sobre los que es importante prestar especial atención, fundamentalmente en vistas a dotar de una efectiva capacidad operativa a la comisión; los cuales será preciso no perder de vista al momento de la reglamentación de la misma, ellos son:

  • Composición e independencia: el principal y más alto riesgo es que la composición no garantice independencia. Es preciso pensarla como un órgano completamente independiente de cualquier poder político o gubernamental concreto. Estaría integrada por el Ministro Fiscal, 3 legisladores; el Secretario de Derechos Humano y 5 miembros de la sociedad civil. Dada esta composición, y dado que está establecido que el Secretario de DDHH sea quien presida la Comisión con voto doble en caso de empate, la independencia ya se ve comprometida. Resulta, por tanto, adecuado y necesario equilibrar la independencia, por ejemplo, estableciendo que los representantes de las comisiones legislativas sean dos por la minoría y uno por la mayoría.

  • Proceso de selección de la sociedad civil: Respecto de la composición por parte de miembros de la sociedad civil, la ley dice que los “requisitos e incompatibilidades de sus miembros serán definidos por la propia Comisión en su estatuto interno” sin definir quién o cómo se elige a las personas de la sociedad civil en una instancia pre estatutaria. Consideramos debería hacerse una convocatoria pública y abierta a la sociedad civil interesada, para trabajar en perfiles, especificidades sobre la sociedad civil en la Comisión y en las pautas para el proceso de selección de las mismas. Todo lo cual debería quedar establecido en la reglamentación de la ley.

  • Participación de la sociedad civil: Otro aspecto importante que se debiera dejar establecido, es que las personas de la sociedad civil que conforman la comisión, lo hacen en representación de una organización, fundación y/o asociación (representatividad); es decir que se trata de sociedad civil organizada y no en representación personal. En la misma línea, sería interesante que cada organización deba designar un titular y un remplazante; o dejar sentado que en caso de interrupción de la representación por algún motivo, antes de la finalización del plazo, ese lugar será ocupado por un representante de la misma organización. El plazo de participación en la comisión no debería ser más extenso que el plazo de cualquier mandato electivo, incluso quizás sea conveniente establecer una periodicidad corta, con posibilidad de renovación.

  • Presupuesto: La ley prevé que la Comisión contará con una partida presupuestaria individual, asignada mediante el Presupuesto General de la Provincia. Se establece un presupuesto para el funcionamiento de la Comisión pero los vocales que la conformen serán ad-honorem. Es este otro de los grandes riesgos que podría traducirse en que la comisión devenga en un espacio simbólico, sin capacidad real de acción, producción y operatividad. Debería tenerse especialmente en cuenta esta situación en la reglamentación de la ley en el propósito de que formar parte de la Comisión no signifique un cargo honorifico o simbólico y se traduzca en un desempeño responsable, oportuno y concreto de acciones en pos de lograr la real protección de las PPL. En este punto, resulta importante pensar en un esquema institucional que le imprima operatividad y margen de acción real a la comisión, sin necesidad de una mega-estructura institucional.

Entendemos que es necesario también librar una batalla cultural, integral, hacia adentro y hacia afuera de los lugares de detención, las instituciones y agentes del estado involucrados, que se dirija a “bajar los umbrales de tolerancia a la tortura”. Es para ello necesario que el mecanismo local, documente, difunda y sensibilice; es necesario que la Comisión efectúe denuncias enmarcadas en el derecho convencional, que logre generar jurisprudencia que atienda a los estándares de derechos humanos en la materia; que trabaje en articulación con defensorías y fiscalías; que genere propuestas de políticas públicas, políticas judiciales, políticas penitenciarias y políticas de seguridad integrales; y es necesario que trabaje en el empoderamiento de los sectores vulnerables, promoviendo el acceso a la justicia, de sectores que viven y han vivido siempre el derecho como opresión.

Finalmente, si bien somos conscientes que hacer pesar sobre la Comisión todo el peso y la responsabilidad de la tortura en la provincia sería a la vez que irresponsable, ilógico; entendemos como una necesidad que este sea un órgano de control pragmático, integrado y fuerte, a partir del cual las decisiones que tome, las visitas que realice, los informes que desarrolle, las denuncias que efectúe, tengan un peso tal que puedan coadyuvar a modificar la realidad presente en materia de tortura en la provincia, bregamos para que así funcione.

 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOSmmm
 

Ingrese su búsqueda y presione enter.
EnglishFrançaisDeutschEspañol