Por Camila Alonso Avellaneda, Co-Coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia de Andhes

Gerardo Huesen levantó su mano para jurar por la constitución provincial. Por la memoria del general (Antonio Domingo) Bussi, sí juro”, lanzó al asumir su banca en la Legislatura provincial. Se sintieron algunos aplausos, ningún repudio. Horas después, cuando se conoció la noticia, llovieron las críticas. Organismos de Derechos Humanos apuntaron que “es un contrasentido que en ese espacio se reivindique el accionar de un militar golpista y genocida sin que esto genere una adecuada reacción institucional”. Además, presentarán un pedido de destitución para que lo trate la Cámara. Lo acusan de negacionista de la historia reciente.  

Ante los silencios de ciertos sectores, hace falta levantar la voz en un Tucumán conservador y sin memoria. Un Tucumán que fue prueba piloto de una dictadura militar sangrienta que sembró terror y cuyas secuelas aún siguen vigentes en el tejido social. Una provincia que ya en democracia eligió como gobernador a Antonio Domingo Bussi, un genocida acusado en más de 600 expedientes judiciales como torturador y asesino, y condenado en 2008 por el caso Vargas Aignasse, dejando con su fallecimiento una herencia de muerte e impunidad. Una provincia que tuvo en los organismos de Derechos Humanos resistencias solitarias exigiendo justicia allá en 1995. Un Tucumán que tiene elección tras elección un candidato impune, hijo de Bussi, que se presenta para todos los cargos, que tiene un partido con fuerza que se permite decir sin  pelos en la lengua que “hay que meterle bala a la delincuencia”, un Tucumán representado por un un legislador que realiza juramento por un dictador. Un Tucumán que ante el dolor parece empeñado en insistir en el negacionismo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de negacionismo? El negacionismo es un posicionamiento que oculta o distorsiona la historia, manipula los hechos para defender una postura política. En este caso, refiere al negacionismo del Terrorismo de Estado, del genocidio perpetrado contra un sector de la población que podía resistir al proyecto político, económico y cultural que la Dictadura cívico-militar de 1976 tuvo como objetivo imponer en la Argentina.

Niegan las torturas, desapariciones y asesinatos e intentan plantear la versión de una guerra donde dos ejércitos se enfrentaron y una parte de la población fue víctima de estos dos demonios. Esta narrativa fue tirada por la borda a partir de la reactivación de los juicios por delitos de lesa humanidad con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en 2005.

En su punto máximo, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la principal guerrilla armada que operó en Tucumán, llegó a tener 350 integrantes en todo el país. Mientras que el ejército envió, solo a Tucumán, más de 5 mil. Entre el Operativo Independencia (febrero de 1975) y la Dictadura, hubo en la provincia más de 2 mil víctimas. Entre ellos estudiantes, obreros, profesionales, militantes sociales y guerrilleros. Solo en el Pozo de Vargas, un sitio de inhumación clandestino que funcionó entre 1975 y 1979, se encontraron restos óseos pertenecientes a 140 personas.

Hablar de guerra es una manera de ocultar la masacre social que produjeron los militares, en alianza con cómplices empresariales civiles. 

Las Fuerzas Armadas fueron la mano de obra necesaria para implementar un modelo que solo favoreció a una minoría: las políticas económicas tendieron a la destrucción de la industria nacional y a promover la importación de productos hechos en el exterior. Esto implicó que miles de trabajadores perdieran su trabajo y que bajaran los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser pobres. También, la dictadura pidió préstamos al exterior y como consecuencia aumentó la deuda externa del país, que en esos años creció enormemente. 

Ante el negacionismo, decimos más memoria.


Tucumán, Argentina. Diciembre 23/2014. Se lleva a cabo la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos dentro de la unidad penitenciaria de Villa Urquiza.

Contexto nacional y provincial

Para un sector de la población, Fuerza Republicana logró constituirse históricamente en Tucumán como una opción viable para romper el bipartidismo. Para quienes no confían en ninguna de las coaliciones mayoritarias nacionales, el bussismo se transforma en una opción atractiva, que se potencia cuando logra borrar sus huellas del pasado y aparece como una fuerza nueva y renovadora. Pero, en realidad, es un partido rancio, podrido desde las raíces y totalmente funcional al sistema.

Así, en las últimas elecciones provinciales, Fuerza Republicana logró más de 130 mil votos para gobernador. Con eso logró cosechar ocho legisladores provinciales, cuatro concejales en capital y ediles en otras localidades como Tafí Viejo, Concepción y Yerba Buena, entre otras.

Tanto para la legislatura provincial como el Concejo deliberante capitalino, acordaron con el oficialismo para la conducción de las cámaras. Eso valida a Huessen: al legitimar a Fuerza Republicana como un partido democrático prácticamente sin historia, su fundador puede ser reivindicado como un producto de la propia institucionalidad.

La gran cantidad de legisladores puede traducirse en un retroceso en políticas de memoria, verdad y justicia. Recordamos la designación de Facundo Maggio como juez provincial. Maggio fue defensor de genocidas en delitos de lesa humanidad, realizando una defensa más política que técnica. 

En ese sentido, tampoco el contexto nacional ayuda. Las políticas durante el gobierno de Mauricio Macri fueron preparadas y orquestadas como un retroceso activo en el área de memoria: 2×1, beneficiar a los genocidas por el tiempo de cárcel que ya sirvieron, el aumento de sus domiciliarias, el descenso en el número de juicios, de imputados, de condenas firmes que se han emitido. También son parte la represión a diferentes sectores de la sociedad que aumentaron exponencialmente llegando las fuerzas represivas hasta diferentes asesinatos (Facundo Ferreyra, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel) en un intento manifiesto de retrotraer la memoria a momentos discursivos de los 80’s y 90’s: el “algo habrán hecho” volvió  fuerte en la era de Macri.

Cuatro años atrás la Nación publicaba su editorial “No más venganza” sentando las bases del comienzo de una clara línea política de memoria que nos preparamos para enfrentar. 

El domingo pasado, en un gran contraste, el triunfo del Frente de Todos se presentó con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ocupando un lugar en el escenario invitándonos a pensar un nuevo horizonte posible en el área de memoria, verdad y justicia. ¿Podría ser esto un gesto simbólico de que nos esperan aires mejores? 

No lo sabemos, esperamos que sí, pero existe una seguridad y es que como organizaciones de DDHH no permitiremos que las conquistas ya logradas sean letra muerta. Ni dejaremos avanzar a la derecha  ni a una legislatura bussista peligrosa que avance con comodidad. 

Educación

Estamos convencidos de que hay diferentes caminos que ayudan a construir una memoria colectiva enfrentándose a una teoría de los demonios aún persistente en nuestra provincia. 

Fue durante estas semanas que Andhes tuvo la oportunidad de realizar trayectos formativos capacitando a 200 docentes a través de una articulación con el Ministerio de Educación fortaleciendo de esta forma, la política pública en materia de memoria en Tucumán. 

Esto fue parte de los resultados de un proyecto colectivo que el equipo viene encarando hace años atrás. El mismo tuvo como objetivo dar a conocer herramientas y recursos comunicacionales que habíamos realizado desde la organización como así también promover que los y las docentes aborden transversal e interdisciplinariamente la temática.

La educación es una herramienta transformadora para dar debates sobre lo ocurrido en nuestro país, donde las marcas de la dictadura están presentes en la actualidad. La construcción de la identidad de la Escuela no puede hacerse por fuera de su propia Memoria, como institución que vivió en carne propia el terrorismo de Estado. 

Es desde este espacio de intercambio y reconocimiento de realidades distintas donde creemos que la memoria colectiva se construye. En este sentido el rol de las y los docentes tienen un papel fundamental a la hora de construir conocimientos con los y las estudiantes.

Por eso tuvimos la decisión política de trabajar conjuntamente con la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán (UEST). Los y las jóvenes son sujetos políticos que levantan las banderas de una lucha por la memoria la verdad y la justicia, sujetos críticos que no han vivido el terror de nuestra historia, sujetos que transforman miedos heredados de una dictadura militar para la conquista de más derechos, gritan más fuerte, son creativos a la hora de actuar y son el presente (y el futuro) que no permitirán un Estado ausente.

En Tucumán no hubo una guerra, sino terrorismo de Estado que aún continúa lastimando a nuestro pueblo. No hay que renunciar nunca a seguir recordando, discutiendo y construyendo la memoria histórica. 

¿Nos cabe preguntarnos si después de conocer nuestra historia alguien se animaría a jurar y a prometer su futura representación de la provincia por un genocida?


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